El Gobierno registrará el próximo lunes la reforma de la Ley de Extranjería, con la que se pretende establecer un reparto obligatorio de menores migrantes entre las comunidades autónomas, según confirman fuentes del Ministerio de Juventud e Infancia a La Vanguardia. La modificación legislativa iniciará entonces un periplo parlamentario —que se avecina tortuoso— sin que el Gobierno de Pedro Sánchez haya logrado amarrar los votos que permitan sacarla adelante.
La situación límite que vive Canarias, que actualmente cuenta con casi 6.000 niños y adolescentes sin amparo familiar a su cargo, volverá a marcar la agenda política de la semana, después de que este motivo haya sido la excusa para que Vox rompa cinco gobiernos autonómicos con el Partido Popular, después de que estos aceptasen un reparto voluntario.
Después de meses de mesas de trabajo, la reforma llegará al Congreso de los Diputados este lunes en forma de proposición de ley. Finalmente, el Gobierno central ha ganado el pulso al ejecutivo canario, que pedía aprobar la modificación a través de un decreto ley para agilizar los plazos que permitan alivar la situación que se vive en el archipiélago canario.
El texto, al que ha tenido acceso La Vanguardia, lo que incluye es un nuevo mecanismo para poder trasladar menores extranjeros no acompañados desde Canarias, Ceuta y Melilla a la península por ley. Esta nueva fórmula se activaría en caso de que la comunidad o las ciudades autónomas llegasen al 150% de su capacidad para acoger a menores. Actualmente, Canarias pide trasladar a unos 3.000 menores que están bajo su tutela.
El Gobierno no cuenta con la mayoría simple que permita sacar adelante la reforma. De los socios parlamentarios habituales con los que cuenta Sánchez en el Hemiciclo, hay que descartar a Junts que exigió dejar fuera a Catalunya de ese reparto obligatorio. Una exigencia que, según fuentes próximas a Moncloa, el Gobierno no piensa asumir, ni de lejos.
Descartado Vox, que mostró su rechazo de plano a la ley, al Gobierno no le queda otra más que mirar a la bancada del Partido Popular, que no ha fijado aún ninguna posición. Los populares forman parte, junto a Coalición Canaria, del gobierno autonómico que ha participado en la elaboración del texto, pero esto no parece suficiente para lograr el apoyo del Grupo Popular.
Las comunidades autónomas del Partido Popular, que actuaron en bloque en la última Conferencia Sectorial, no se posicionaron ni a favor ni en contra de la reforma. Prometieron que estudiarían la propuesta, después de que Génova delagase en las regiones su postura sobre el asunto.
Ahora tendrá que ser la dirección del Partido Popular quien fije la postura de cara a la tramitación parlamentaria, una vez Vox ya ha salido de los cinco gobiernos autónomicos de los que formaban parte.
