El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) va a recuperar su normalidad en las próximas semanas, con una nueva composición, nuevo presidente o presidenta, y nuevas funciones, para echar a andar los próximos cinco años. El acuerdo del PSOE y PP, que poco dista del que había, ya pactado hace tiempo, busca acercarse a los estándares europeos para dar mayor imagen de independencia judicial. Sin embargo, la realidad es que ha vuelto a haber un “cambio de cromos”, como critican las asociaciones judiciales que se han visto perjudicadas, se han repartido a la mitad los veinte vocales y además han dejado todo el peso en el CGPJ para buscar una solución al cambio de sistema de elección de sus propios vocales.
¿Qué se ha acordado?
El acuerdo sellado este martes entre el ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, y el representante del PP Esteban González Pons, tienes tres vértices: la renovación del CGPJ con la lista de los veinte vocales que van a formar el nuevo órgano; una reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) y el nombramiento de un magistrado del Tribunal Constitucional cedido al PP.
¿Cómo se han repartido los 20 vocales?
A partes iguales. Desde que llegó Alberto Núñez Feijóo a la presidencia del PP, e incluso en la fase final de Pablo Casado, los 'populares' han insistido en la necesidad de que no sean los partidos quienes elijan a los vocales que conforman el CGPJ sino que deben ser los propios jueces, en busca de mayor independencia judicial. Sin embargo, en el pacto cerrado en Bruselas, los dos partidos se han repartido a partes iguales los vocales, cada uno ha dado peso a la asociación judicial que más le representa, dejando de lado, por ejemplo, a la segunda en número de asociados como es la Francisco de Vitoria. También ha dejado fuera la histórica cuota catalana (siempre se designaba un vocal elegido por CiU) y la vasca (elegido por el PNV) para que tuviesen su representación. Tampoco se ha designado a ningún catedrático ni abogado de reconocido prestigio.
¿Qué ha pasado con la reivindicación del PP sobre el sistema de elección?
Los populares finalmente han cedido a renovar el órgano cumpliendo con la actual ley pero buscando un compromiso del PSOE para revisar el sistema de elección de los vocales para que sean los jueces quienes los designen. Este compromiso ha quedado recogido en una disposición de la reforma de la LOPJ, que es más bien formal que real.
¿Cómo se va a articular el compromiso de revisar el sistema de elección del CGPJ?
El proceso comenzará dentro de seis meses y lleva aparejado unos pasos que no va a hacer que sea sencilla una reforma real. La disposición única de la reforma deja la pelota en el tejado del propio CGPJ, que será el que deba plantear una propuesta de reforma. Ahí arranca el problema porque el texto tendrá que aprobarse por una mayoría de tres quintos de los vocales. Los progresistas, que ocupan el 50% del Consejo, están en desacuerdo con cambiar el sistema de elección bajo la prensa que la mayoría de la carrera judicial es conservadora y por tanto si se deja elegir a los jueces, el CGPJ dejará de ser una representación de la sociedad para poder implantar distintas sensibilidades en el poder judicial.
¿Llegará de debatirse un cambio de elección en el Parlamento?
Solo si el CGPJ logra llegar a un acuerdo para elaborar una propuesta de reforma, el texto llegará al Congreso y Senado para su consideración y en su caso debate y tramitación. Esta nueva responsabilidad del órgano lo que hace es poner mayor foco en él, alejándolo precisamente de ese intento por ser despolitizado. Además, en caso de que se llegara a un consenso dentro del órgano, nada obliga a que ese texto sea aceptado por las formaciones políticas, que podrían votar en contra.
¿Qué otros cambios conlleva la reforma?
El cambio principal es que haya mayor control en las idas y venidas de los jueces en política. Si un miembro de la carrera judicial entra en política, no podrá volver a la judicatura hasta pasados dos años. Uno de los últimos ejemplos ha sido Juan Carlos Campo, que de ministro de Justicia volvió a la Audiencia Nacional y de ahí al Tribunal Constitucional. En el lado del PP también ha ocurrido, como el caso de Enrique López, exconsejero de Madrid con Isabel Díaz Ayuso.
El PP quiere evitar más 'casos Delgado'
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También se modifica el Estatuto Fiscal para que no puede ser elegido como fiscal general del Estado personas vinculadas con la política. En este caso, tendrá que transcurrir cinco años. El objetivo es que no vuelva a ocurrir lo que pasó con Dolores Delgado, que de ministra de Justicia con Pedro Sánchez pasó sin solución de continuidad a ocupar el máximo puesto en el ministerio público.
¿Cómo se va a regular el nombramiento de los magistrados del Supremo?
La clave de por qué los dos principales partidos no han querido nunca soltar su capacidad en el CGPJ es que este órgano designa a los presidentes de las audiencias provinciales, tribunales superiores de justicia y magistrados del Tribunal Supremo. El actual presidente en funciones del órgano, Vicente Guilarte, propuso a los partidos con capacidad de decisión -porque la renovación del CGPJ se tiene que aprobar por las Cortes por una mayoría de tres quintos que obliga a que PSOE y PP se pongan de acuerdo- restarle poder al órgano en el nombramiento de los magistrados del TS para que así dejase de ser un un objeto de deseo.
Pedro Sánchez compró esta idea a Guilarte y el PSOE ha incluido en la reforma crear una comisión de calificación en el CGPJ, integrada por cinco vocales, que informará sobre todos los nombramientos que sean competencia del pleno. Además, se han cambiado las mayorías para elegir a los presidentes de las audiencias provinciales -y solo del magistrado del Tribunal Supremo competente para conocer de las actividades del Centro Nacional de Inteligencia-, para que sean designados por tres quintos de los vocales, lo que obliga a que existan consensos en los nombramientos.
Un magistrado del TC para el PP
Dentro del acuerdo también se ha pactado el nombramiento de un magistrado del Tribunal Constitucional. El órgano de garantías estaba funcionando con once magistrados tras la renuncia de uno de ellos por enfermedad. Por el reparto históricamente establecido, le tocaba al PP elegir.
Al igual que ha pasado con los últimos cuatro nombramientos para este órgano, lejos de buscar un perfil técnico y académico, Núñez Feijóo ha optado por un perfil más político. José María Macías forma parte como vocal de actual CGPJ y en los últimos tiempos se ha convertido en el ala más dura de los conservadores. Por sus declaraciones, comunicados y escritos, lo más probable es que se tenga que abstener de muchos recursos que afectan al Gobierno de Pedro Sánchez, entre otros la amnistía.
