Margarita Robles ha vuelto a rechazar que los datos sustraídos del móvil del presidente del Gobierno mediante el programa Pegasus incluyeran “información clasificada legalmente como secreta o reservada” por lo que ha negado que la exfiltración de documentos haya comprometido de ninguna manera la seguridad nacional.
Así lo ha hecho la ministra de Defensa en su comparecencia ante la comisión mixta de Seguridad Nacional que se está celebrando en el Congreso después de que la Audiencia Nacional haya reabierto la causa en la que investigaba la infección con el programa de espionaje, que también infectó los dispositivos móviles de los ministros del Interior y de Agricultura y Pesca, Fernando Grande-Marlaska y Luis Planas, respectivamente.
“No hay constancia alguna conocida de que los dispositivos contuvieran información clasificada y no existe ninguna información contrastada dato técnico relevante o hecho acreditado que vincule las infecciones referidas con una supuesta quiebra de la seguridad nacional”, ha reiterado hasta en tres ocasiones antes, incluso, de someterse a las preguntas de los diferentes grupos parlamentarios.
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Y pese a las insinuaciones que desde Vox se ha hecho acerca de que la posible autoría del espionaje pudiera provenir de Marruecos, Robles ha asegurado que el Gobierno es “el primer interesado en saber quién está detrás de la infección”. Y ha garantizado que “seguirá colaborando [con la Justicia] para llegar al conocimiento, debidamente probado” de la autoría. ”Porque en este caso no cabe la especulación”, ha amonestado al grupo ultra.
EH Bildu, por su parte, se ha dejado de conjeturas para centrarse en las evidencias comprobadas. Y es ahí donde su portavoz Jon Iñarritu ha reclamado que se arroje luz: “¿Pese a no ser información clasificada, sabe qué documentación se robó?; ¿A qué asuntos concretos atañe?; ¿en qué nivel sitúan las conversaciones entre el presidente Sánchez y sus ministros o entre el presidente Sánchez y sus homólogos?” acumuló en la lista de preguntas sin contestar por el Gobierno.
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Lo que sí se vio afectado, según la titular de Defensa, fue la intimidad y los datos personales de los dueños de los terminales 'hackeados'. Concretamente algo más de tras gigas de datos que, para el portavoz popular en la comisión, Rafael Hernando, es un tamaño demasiado grande como para corresponder únicamente a información privada. “El presidente del Gobierno tiene una vida íntima y personal de una gran capacidad”, señaló para tratar de ridiculizar el informe realizado por el CNI y expuesto por la ministra Robles.
Una argumentación rápidamente desmontada por el diputado socialista Javier Rodríguez Palacios quien, dirigiéndose a Hernando, señaló: “En mi móvil tengo 140 gigas y no tengo una vida íntima demasiado relevante, se lo aseguro. Mayoritariamente se tratan de fotos de mi hijo... Actualícese, no estamos en el año 83 cuando usted empezó en política”, señaló con sorna. “Si quiere nos tomamos mañana un café y nos enseñamos los móviles”, le planteó al diputado popular.
Por parte del PNV, y pese a que Robles ha insistido en que “no existe ningún dato que vincule la información extraída con una supuesta quiebra de la seguridad nacional”, su diputado Mikel Legarda ha exigido menos complacencia a la ministra al recordarle que “el hecho de que no haya habido afecciones de resultado no implica que no haya habido afecciones de riesgo”. Y en ese sentido ha recalcado que el hecho de que entre los ministros espiados estuvieran, precisamente, aquellos que llevan las carteras que atañen a la defensa, la seguridad y exteriores invita a recelar de las citadas afecciones de riesgo por las consecuencias que aún pudieran derivarse en el tiempo.
Una causa reabierta tras ser archivada
La causa sobre la infección con el programa Pegasus se archivó de forma provisional en julio de 2023 por la “absoluta” falta de cooperación jurídica de Israel como de la empresa israelí NSO, que no contestaron a la comisión rogatoria enviada por los tribunales españoles. Pero la Audiencia Nacional acordó la reapertura de la causa sobre el espionaje con Pegasus a finales de abril, tras recabar nueva información de las autoridades francesas.
Ahora, el magistrado José Luis Calama ha recibido una Orden Europea de Investigación (OEI) emitida por las autoridades judiciales de Francia que incorpora una investigación llevada a cabo en el país vecino en 2021 por múltiples infecciones de teléfonos de periodistas, abogados, personalidades públicas y asociaciones gubernamentales y no gubernamentales, así como miembros del Gobierno francés, ministros y diputados con ese mismo software.
ERC reclama un mayor control político y judicial del CNI
Por otra parte, ERC llevará a votación en la sesión de la Comisión de Defensa del martes una iniciativa en la que pide impulsar el control político y judicial del CNI. Precisamente el presidente en funciones de Catalunya, Pere Aragonès, y otros 17 líderes independentistas sufrieron espionaje con Pegasus, y el caso actualmente está en manos de la Justicia.
La formación independentista catalana ha criticado repetidamente el modo de proceder del Gobierno respecto al caso, reprochando al Ejecutivo que “no ha cumplido las expectativas” sobre la desclasificación de los documentos relativos al mismo.
El Congreso tiene aprobada desde diciembre una comisión de investigación sobre el uso del programa Pegasus para espiar a políticos, que fue exigida por ERC como condición para apoyar la elección de Francina Armengol como presidenta del Congreso y blindar así la mayoría progresista en la Mesa de la Cámara.
Pero meses después de que se constituyera en febrero, la comisión no ha acabado de arrancar por falta de acuerdo entre el PSOE y sus aliados sobre los comparecientes que deben ser llamados a declarar, ya que los independentistas apuntan al Gobierno de coalición y a responsables del CNI.
