El PP se ampara en Europa y se niega a cambiar el sistema de elección del CGPJ

La incapacidad de PSOE y PP para renovar el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), con el mandato caducado desde hace cinco años, tiene todos los visos de convertirse, de nuevo, en el principal caballo de batalla entre Gobierno y oposición, que se acusan mutuamente de un bloqueo que no ha podido deshacerse ni bajo los auspicios de la Unión Europea.

En su proyecto de “regeneración democrática” tras la reflexión de cinco días, Pedro Sánchez ha vuelto a poner sobre la mesa, sin mayor concreción, la posibilidad de una reforma que rebaje la mayoría cualificada de tres quintos que exige la ley orgánica del Poder Judicial, y que obliga a los dos grandes partidos a consensuar en el Congreso los nuevos nombramientos, a una mayoría simple, al alcance de las fuerzas de la investidura.

Yolanda Díaz acusa del bloqueo a Feijóo, al que ve “absolutamente secuestrado por la extrema derecha”

Esa es la fórmula, descartada en su momento por los reparos que puso la Unión Europea, en la que insiste la líder de Sumar, Yolanda Díaz, que acusó el martes al jefe de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, de querer controlar a los jueces y ayer, en el Primero de Mayo, dio otra vuelta de tuerca al señalar que el PP se ha situado “en los extramuros del preconstitucionalismo” y está “absolutamente secuestrado por la extrema derecha”.

Pero los populares creen que un cambio en el sistema de elección del órgano de gobierno de los jueces para dejarlo en manos de la mayoría simple de un poder legislativo muy fragmentado y dividido en dos bloques irreconciliables por el “muro” a favor o en contra del Gobierno supone un ataque al Estado de derecho que situaría a España al nivel de Polonia, donde el ejecutivo del iliberal PiS, anterior al actual, trató de someter al poder judicial y fue sancionado por las instituciones europeas.

En este contexto, la secretaria general del PP, Cuca Gamarra, incidió ayer desde Logroño en los términos expresados por Feijóo la víspera en el Congreso, cuando desplegó la contraofensiva popular contra la “deriva populista” del presidente del Gobierno, y aseguró que cualquier “amenaza” o pretensión de “controlar el poder judicial” encontrará “enfrente al PP, a la sociedad española y a Europa”. Aunque, en cualquier caso, no lo dio todo por perdido: “El PP está dentro de un marco de diálogo y negociación en el que participa la Comisión Europea, las instituciones europeas, que no hay que olvidar que son el máximo paraguas y la máxima protección y garantía del Estado de derecho en nuestro país”.

“Y ahí vamos a estar y ahí vamos a seguir, defendiendo la necesidad de la renovación, pero con garantías”, sentenció la dirigente del PP, que, además del amparo comunitario, apeló a la movilización en las calles: “Que no les quepa ninguna duda”.

Por su parte, la portavoz del PSOE, Esther Peña, salió al paso de este nuevo frente con el PP a cuenta de la parálisis disfuncional del CGPJ para recordar al principal partido de la oposición que cumplir con la Constitución “siempre es una buena idea” y que este órgano institucional ya suma 1.969 días sin renovar tras varios acercamientos infructuosos. Los últimos, entre Félix Bolaños, ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, y el vicesecretario de acción institucional del PP, Esteban González Pons, que se reunieron, con la mediación del ya excomisario de Justicia de la Unión Europea Didier Reynders, pero que resultaron igualmente fallidos.

Desde Lerma (Burgos), Peña rebajó el tono exaltado de la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y pidió “por favor” al PP que se avenga a renovar el CGPJ tal como dicta la Carta Magna, aunque, en última instancia, manifestó, es el Parlamento, en el que reside la soberanía popular, el que “tiene la palabra”, por lo que el Congreso “tiene mucho que decir en esa posible modificación en la renovación”. Aun así, la portavoz socialista se mostró conciliadora y se dijo partidaria de que antes del cambio legislativo la renovación se efectúe “como marca la norma hoy”, es decir, con la aquiescencia del PP.

En este sentido, Peña reiteró que es una “irresponsabilidad” achacable a la oposición que el órgano de poder de los jueces no se renueve desde la llegada de Sánchez a la Moncloa.