El trámite de la amnistía puede verse afectado según la decisión que tome Pedro Sánchez
Plazos y voluntades
La aprobación de la ley depende de la voluntad política del presidente
Las defensas registran los primeros escritos para pedir la aplicación de la Amnistía
Un cartel con un sí en el escaño de Patxi López el día que se aprobó la amnistía en el Congreso
La incertidumbre sobre el futuro de Pedro Sánchez como presidente del Gobierno abre la incógnita de qué pasará con la ley de Amnistía, que todavía se encuentra en plena tramitación parlamentaria. En función de lo que anuncie el líder socialista mañana, la aprobación de la norma para borrar todos los procesos penales, administrativos y civiles por el procés puede quedar afectada.
Los escenarios que se abren, que quedarán despejados mañana, son que Sánchez continúe al frente del Ejecutivo sin más, plantee una cuestión de confianza, dimita para que dejar paso a una nueva investidura de otro socialista o que anuncie unas nuevas elecciones, aunque sería en diferido porque las Cortes no podrían disolverse hasta el 29 de mayo.
En el caso de que anunciara su salida del Ejecutivo, el artículo 101 de la Constitución establece que con él cesa todo el Gobierno, aunque se mantendría en funciones hasta que llegara uno nuevo. En ese momento habría que plantear una nueva investidura, con un plazo máximo de dos meses, y si no saliera adelante, sería la presidenta del Congreso la que comunicaría la disolución de las Cortes para unas nuevas elecciones.
Sólo si se disolvieran las Cortes antes de la aprobación del olvido penal en el Congreso decaería la norma
En todo ese proceso, la pregunta es qué pasa con el trabajo legislativo. Fuentes parlamentarias explican que tanto el Congreso de los Diputados como el Senado seguirían en plenas facultades, y por tanto su tramitación parlamentaria continuaría sin obstáculo alguno. Además, en el caso de la ley de Amnistía, cabe recordar que se trata de una proposición de ley planteada por los grupos políticos y no un proyecto de ley que viene del Gobierno.
Si Sánchez decidiera disolver las Cortes para el 29 de mayo, los plazos cobrarían más relevancia. La norma se encuentra ahora en el Senado, y en estos días una comisión con expertos propuestos por los partidos debaten la legalidad y constitucionalidad de la norma. Fuentes de la Cámara Alta explican que ya está convocada para el próximo 6 de mayo la comisión para estudiar los vetos planteados por el PP de la ponencia de la ley. Y después ya tendría que ir al pleno.
La fecha límite que tiene el Senado para devolver el texto al Congreso es el 16 de mayo. En este punto, los plazos vuelven a ser esenciales. El Congreso tiene previsto un pleno para la semana del 21 de mayo. Sin embargo, fuentes de la Cámara Baja explican que el orden del día de la Mesa para fijar los puntos que van a ese pleno se celebra el día 14. Por tanto, no podría fijarse la amnistía porque previsiblemente el Senado no la habrá devuelto. La única opción para introducirla en el pleno de esa semana es que se aceptase por unanimidad, algo altamente improbable. Además, la ley se aprobaría en la sesión del jueves, por tanto sería para el 30 de mayo, un día después de que el presidente pudiera disolver las Cortes.
Otra opción para que se pudiera aprobar la amnistía antes del 29 sería convocar un pleno específico, y entonces sí podría celebrarse el jueves 23 de mayo.
Este juego de fechas y posibilidades lo que deja patente es que la aprobación definitiva de la ley de Amnistía, con su publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE) y su entrada en vigor, depende esencialmente de la voluntad política de Sánchez, del PSOE y de sus socios parlamentarios.