Josep Sánchez Llibre, presidente de Foment del Treball
No solo no gustó la propuesta de Junts de sancionar a las empresas catalanas que tengan su sede social fuera de la comunidad sino que tampoco se entendió la fórmula propuesta. En las grandes asociaciones de empresarios como Foment del Treball o la Cambra de Comerç de Barcelona señalaron que lo que debe hacer Catalunya es conseguir una normalidad institucional y crear un clima económico favorable para que las compañías que lo deseen se instalen en el territorio, según el comunicado de la patronal catalana. Desde Madrid, la CEOE calificó el plan como “comunismo” y defendió que la “receta mágica es que se dé estabilidad” y “predictibilidad”.
Una de las maneras sería con una rebaja de la presión fiscal en la línea de lo que han hecho otras comunidades, explican en privado los empresarios. También señalan que durante los años que las sedes sociales han estado fuera, en Catalunya se ha endurecido la tributación al colectivo en comparación con la que se da en otros territorios. Las principales diferencias están en el impuesto de sucesiones, que casi se ha eliminado en las comunidades del PP, y el de patrimonio, que es menor que el que se paga en Catalunya.
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La CEOE califica el plan de Junts de “comunismo” mientras la Cambra dice no entenderlo
En una rueda de prensa sobre los problemas de acceso a la vivienda en Catalunya, el presidente de la Cambra de Comerç de Barcelona, Josep Santacreu, reconoció que “me cuesta entender que haya una postura de poder penalizar”. El exdirectivo de la aseguradora DKV reconoció que no conocía en qué consistía la propuesta. “Tenemos que hacer todo lo que podamos, y cuanto más en positivo, mejor”, añadió al ser preguntado por la postura de Junts en la negociación con el Gobierno del decreto ómnibus.
En el 2017, coincidiendo con la crisis derivada del referéndum de independencia, miles de empresas catalanas optaron por trasladar su sede social fuera de Catalunya, aunque el grueso de la actividad lo mantenían en la comunidad. Los dos bancos, CaixaBank y Sabadell, fueron la punta de lanza de ese proceso al ser los primeros en llevarse la sede en octubre del 2017. Ayer ambas entidades declinaron hacer comentarios.
Cinco años después, ninguna de las grandes empresas ha optado por volver e incluso algunas han aprovechado la coyuntura para reforzar su presencia en Madrid en detrimento de Barcelona con más personal y servicios.
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Foment se muestra también contraria a las propuestas de Junts per Catalunya de dar “incentivos fiscales” a las empresas que volvieran. La patronal siempre ha defendido que la rebaja de impuestos debe ser para todos y no como un premio.
Garamendi, en un almuerzo informativo organizado por el Club Siglo XXI en Madrid, insistió en que “una empresa se instala donde quiere”. Además, sostuvo que “nadie se fue de Catalunya porque le parecía una idea genial”, sino que lo hicieron porque “les obligaron” ante la situación.
En cambio, hace semanas que la patronal Pimec propone que se incentive a las empresas que ubiquen su sede social donde desarrollan su actividad empresarial, con la voluntad de acabar con el dumping fiscal y favorecer el retorno a Catalunya.
Enfado de los grupos políticos y la patronal valenciana
La Generalitat Valenciana y las patronales de esta comunidad, así como el PSPV y Compromís, trasladaron ayer su malestar por la propuesta de Junts de condicionar su apoyo al Gobierno a cambio de que se sancionen a las empresas que no vuelvan a Catalunya. Desde 2017 y hasta el último trimestre de 2022, casi un millar de empresas catalanas han trasladado su sede social a la Comunidad Valenciana, entre estas Caixabank, en València, y Banc de Sabadell, en Alicante. El ejecutivo de Carlos Mazón lo advierte: “Vamos a defender los intereses de estas empresas porque no se puede sancionar a ninguna por una decisión económica”. Y las patronales CEV y Cámara Valencia acusan a Junts de intentar “dañar la libertad” de las empresas para tomar sus decisiones “estrictamente en el ámbito económico”.