Todos dentro. Todos los partidos representados en el Parlamento, desde Vox a EH Bildu, activos en la política de pactos. La ley de amnistía facilita ese todos dentro, que pocas veces ha durado tiempo en la historia contemporánea de España. Más largos han sido los periodos en los que ha habido alguien en el exilio, en la clandestinidad, en la ilegalidad, en la alegalidad, en la marginación, en la espera, en el ostracismo voluntario, o con un escaño en Bruselas y una orden de captura en España.
La ley de amnistía es también una oportunidad histórica para el Partido Popular, puesto que dentro de unos dos años, una vez estén amortizadas las actuales agitaciones, podría reemprender las conversaciones que mantuvo con Junts durante el verano, desveladas esta semana por Lola García en La Vanguardia. El pasado 29 de noviembre, en la gala anual de la revista Politico en Bruselas, Carles Puigdemont le contó a un sorprendido Manfred Weber, presidente del Partido Popular Europeo, que si el PSOE no cumple lo pactado, estaría dispuesto a favorecer una moción de censura para elegir a un presidente provisional, previamente acordado con el PP, para que convocase elecciones. Puigdemont, que tiene el reprise de un redactor jefe de información local, quizá fue demasiado rápido. Pero fue sincero. No hay compromiso histórico de Junts para que la izquierda gobierne España eternamente.
El PP se refugia en el lenguaje punitivo para evitar un retroceso en las elecciones gallegas
En vez de situarse en esa perspectiva, el PP responde a la ley de amnistía con la amenaza de ilegalizar a Junts, ERC, BNG, EH Bildu, y al propio Partido Nacionalista Vasco, que no podría permanecer quieto ante la disolución gubernamental de Bildu. Ayer hubo matizaciones, pero el mensaje ya está lanzado: el Partido Popular hace suya la música de Vox, siguiendo los pasos de Isabel Díaz Ayuso, que ya puso sobre la mesa la ilegalización de EH Bildu en las elecciones autonómicas del pasado 28 de mayo.
¿Movimiento táctico o línea de fondo? A Feijóo le empieza a apretar el zapato en Galicia. Los sondeos sobre las elecciones del 18 de febrero no acaban de ser óptimos para el Partido Popular. Alfonso Rueda, actual presidente de la Xunta, no es un candidato expansivo y puede tener dificultades para repetir los 42 escaños obtenidos en julio del 2020, en plena pandemia, en un momento de fuerte desmovilización. Perder la mayoría absoluta en Galicia sería un desastre para Núñez Feijóo. Sería su muerte política.
El presidente de Galicia, Alfonso Rueda, y el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo
Retroceder de 42 a 38 diputados (mayoría absoluta ajustada) sería leído como un serio retroceso. El problema es Vox, que puede crecer sin llegar en ninguna provincia al 5% exigido por la ley electoral autonómica. El otro problema es Democracia Ourensana, el grupo populista del alcalde de Ourense, Gonzalo Pérez Jacome, que le puede dar un pellizco en esa provincia. Solo el naufragio de Sumar, que también podría quedarse fuera por poco, equilibraría las tendencias.
Las elecciones gallegas se han vuelto peligrosas para Feijóo. Debe absorber votos de Vox y del populismo provincial, y por ello se está refugiando en el lenguaje de signos de la extrema derecha. No basta con combatir políticamente al adversario, hay que convertirlo en muñeco y golpearlo, hay que llamarle hijo de puta y hay que amenazarle con la ilegalización. La punición de los otros será la oferta del Partido Popular en Galicia.
Con Junts ya se hablará más adelante. Lo primero es salir vivos de la costa de la Muerte.
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