Fundada en el 2014 como contrapunto a la pujante Assemblea Nacional Catalana (ANC), que cada año organizaba una Diada más vistosa que la anterior para reclamar la independencia, Societat Civil Catalana (SCC) alcanzó su cenit al organizar la manifestación que el 8 de octubre del 2017 recorrió Barcelona para defender la unidad de España.
Seis años después de aquellos días convulsos, las circunstancias han cambiado y el independentismo se ha desmovilizado visiblemente. Pero la irrupción de una amnistía a todo el procés como condición para que ERC y Junts apoyen la investidura de Pedro Sánchez ha sido acogida por SCC como la oportunidad de recuperar el protagonismo en el ámbito constitucionalista, cuya unidad también se ha ido desdibujando con el tiempo.
Elda Mata defiende que es necesario explicar las “nefastas” consecuencias de olvidar lo ocurrido
Con todo, la entidad que hoy preside Elda Mata está muy lejos de poder repetir las cifras de aquella multitudinaria movilización, de ahí que la convocatoria de una manifestación bajo el lema “No en mi nombre” para el próximo domingo en Barcelona, nada menos que en el paseo de Gràcia, haya sido vista como una auténtica osadía.
Con un presupuesto de unos 350.000 euros anuales, Mata presume de la independencia de SCC, que, a diferencia de las asociaciones que están en la “lista de los buenos”, no solicita subvenciones y se financia con las aportaciones de sus donantes, entre los que la Fundación Joan Boscà es fundamental.
La presidenta de SCC subraya también la transversalidad de la entidad, que no depende de los partidos políticos, aunque tiene un diálogo fluido con ellos. Aun así, esta vez el PSC, comprometido en la reedición del Gobierno de Sánchez y en una posición mucho más hegemónica que en el 2017, cuando Ciudadanos estaba en pleno apogeo electoral, no se ha sumado a la protesta.
Así las cosas, las expectativas de la convocatoria no son extraordinarias y la misma Mata reconoce que la tensión que había en la calle un sexenio atrás, con la “preocupación” y el “miedo” de los catalanes que se sienten españoles a flor de piel, ha desaparecido. En cualquier caso, se trata, explica, de “hacer pedagogía” y llamar la atención sobre lo que representa una amnistía en el 2023, que considera “un peligro para un Estado democrático” y cuyas consecuencias pueden ser “nefastas”.
Sea como fuere, y al margen de las reticencias socialistas, no hay unanimidad sobre la conveniencia de alzar la voz en este momento: “SCC ya hizo el trabajo que tenía que hacer. La sociedad catalana ya ha madurado y toca dejar las manifestaciones y actuar por la vía política”, dice Josep Ramon Bosch, que presidió la asociación en circunstancias difíciles y más tarde abogó desde la Lliga Democràtica por los indultos a los presos del 1-O.
“Es un tema que está gastado: la gente ha pasado página, se ve claro al tomar perspectiva”, explica una fuente que estuvo en la sala de máquinas de SCC y ha abandonado el activismo.
En cambio, Fernando Sánchez Costa, que precedió a Mata en la presidencia, considera que “en el fondo, la manifestación es un grito de la ciudadanía constitucionalista catalana, que tanto ha sufrido estos años por su lealtad y reclama ser escuchada por su Gobierno”.
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