Tres relatores de la ONU piden a España que investigue e imponga sanciones por el Catalangate
Resolución internacional
Representantes del organismo internacional expresan su preocupación por una vulneración de derechos por el espionaje con Pegasus a líderes independentistas
Los políticos independentistas Oriol Junqueras (ERC), Carles Puigdemont (Junts), i Carles Riera (CUP), en rueda de prensa en Bruselas cuando se desveló el Catalangate.
Tres relatores especiales de las Naciones Unidas instan al Gobierno de España a que investigue el espionaje con Pegasus a los líderes independentistas catalanes y, si fuera el caso, imponga las “sanciones adecuadas”. Los representantes del organismo internacional, en una resolución, alertan de una vulneración de derechos humanos y hacen un llamamiento a adoptar las “medidas necesarias para proteger las libertades” de las personas espiadas.
El texto hace referencia a los afectados por el Catalangate, un caso destapado por el laboratorio Citizenlab en abril del año pasado y que relataba el espionaje a 65 personalidades, entre los cuales políticos (como el president Pere Aragonès) y activistas, entre 2017 y 2020.
El dictamen está firmado por el Relator Especial sobre cuestiones de las minorías, Fernand de Varennes; la Relatora Especial sobre la promoción y protección del derecho a la libertad de opinión y de expresión, Irene Khan; y del Relator Especial sobre los derechos a la libertad de reunión pacífica y de asociación, Clement Nyaletsossi Voule. La resolución llega, según ha explicado Esquerra en un comunicado, a raíz de las peticiones de la secretaria general republicana, Marta Rovira.
Los relatores expresan su preocupación por el espionaje a los dirigentes catalanes con un programa -Pegasus- que solo puede ser contratado por gobiernos, tal y como constatan en su escrito, y recuerdan que el CNI es uno de los clientes de NSO Group, la empresa que ofrece este servicio. Además, alertan de que los afectados forman parte de la “minoría nacional catalana” y que esta actuación “parece interferir” en las acciones que buscan “promover libremente su identidad, cultura y puntos de vista”.
Los representantes de Naciones Unidas también ponen el grito en el cielo porque uno de los espiados habría sido Andreu Van den Eynde, abogado de Oriol Junqueras y Raül Romeva, lo que supondría, de confirmarse, “un ataque a la independencia de los abogados y de los defensores de los derechos humanos”.
Naciones Unidas pide al Gobierno que tome medidas para evitar que se pueda repetir
La resolución enmarca el supuesto espionaje en una “vulneración de derechos”, con un “patrón consistente y bien planificado” que puede chocar con -asegura- el derecho de expresión, el de reunión, la privacidad y la igualdad ante la ley. Así pues, los tres relatores de cuestiones de las minorías, libertad de expresión y derecho de reunión solicitan al Ejecutivo español que tome medidas, que impliquen una investigación y las sanciones correspondientes, y emprenda acciones para evitar que esto se pueda repetir en el futuro.