Indignación en la Eurocámara por el rechazo de la directora del CNI a hablar del Catalangate
Espionaje político
Esperanza Casteleiro se limita a explicar a la comisión Pegasus el marco jurídico en el que operan los servicios secretos españoles
"¿Puede decirme si estoy siendo espiado?", preguntan Puigdemont, Solé y Riba a la jefa del Centro Nacional de Inteligencia
El presidente de la comisión Pegasus del Parlamento Europeo, el conservador holandés Jeroen Lenaers, junto a la eurodiputada de ERC, Diana Riba
De todos los países afectados por casos nacionales que han tenido el dudoso honor de ser analizados por la comisión del Parlamento Europeo sobre el espionaje con el programa de vigilancia Pegasus, "solo España" ha colaborado enviado al máximo responsable de sus servicios secretos, se felicitaba esta mañana el eurodiputado del PSOE y exministro de Justicia Juan Fernando López Aguilar.
La presencia, telemática, de Esperanza Casteleiro, la directora del Centro Nacional de Inteligencia, ha sido en efecto celebrada por todos los presentes en la audiencia, tanto expertos como políticos. Pero poco ha durado su gozo: Casteleiro se ha limitado a explicar al detalle el marco jurídico en que operan los servicios secretos españoles y no ha respondido a ninguna de las preguntas que le han lanzado los eurodiputados, al menos 28. Todo es, básicamente, secreto, ha dicho desde Madrid la jefa del espionaje español, como otros países han dejado claro antes con su ausencia.
"¿Me han espiado con Pegasus? ¿Estoy dentro de los 18 casos con autorización judicial?", ha preguntado Jordi Solé (ERC) a Casteleiro. "¿Nos puede confirmar si me han espiado siendo eurodiputada?", ha inquirido Diana Riba (ERC). "¿Tiene el CNI Pegasus? ¿Le consta que algún otro organismo español tenga Pegasus? ¿Los informes de las personas espiadas se han entregado al Ministerio del Interior y el presidente del Gobierno?", ha apuntado Carles Puigdemont. "Si miembros de un gobierno regional se reunieran con agentes de inteligencia, digamos rusos, para reclamar apoyos para un proceso de independencia ¿eso sería sujeto al mandato democrático que tienen ustedes? Si el presidente de una región, digamos Catalunya, se reuniera con un emisario, digamos ruso, el día antes de declarar la independencia ¿ustedes deberían estar atentos a esto?", ha planteado Jordi Cañas, de Ciudadanos. Ninguno ha obtenido satisfacción a sus preguntas.
"No es muy satisfactorio que no nos haya dado respuesta", se queja el presidente de la comisión Pegasus
"Como he detallado, el CNI es la única institución que tiene una comisión parlamentaria específica para dar cuenta de sus actividades y solo ante ella puede hacerlo", así que "por coherencia y por obligación legal" solo puedo responder insistiendo en que la ley 11/2002 reguladora de sus actividades "constituyen información clasificada con el grado de secreto". "Esta es la obligación legal que impide hablar de las cuestiones relativas al CNI en el Parlamento Europeo, puesto que no lo puede hacer en ningún otro lugar que no sea la comisión de secretos oficiales del Parlamento español, tal y como también prevé nuestra ley", ha dicho Casteleiro, quien ha iniciado su intervención recalcando que España es "un estado social, democrático y de derecho" del que se siente "orgullosa".
La directora de CNI, Esperanza Casteleiro, durante su intervención telemática ante el Parlamento Europeo
"En las preguntas en las que la ley no me exija el secreto, intentaré contestar por escrito", ha prometido la jefa del CNI antes de apagar la cámara y dejar a los diputados entre perplejos e indignados ante una pantalla gigante en la que ya solo se veía el logo del Parlamento Europeo. "No es muy satisfactorio que no se haya dado respuesta", ha acertado a decir, por encima del murmullo de protestas y risas en la sala, el presidente de la comisión Pegasus, el conservador holandés Jeroen Lenaers, que espera no obstante que Casteleiro aporte alguna explicación por escrito. En su intervención inicial, que ha durado 15 minutos en lugar de los 10 previstos, la jefa del espionaje español ha defendido que "todas las acciones" del CNI están regidas "por el principio de legalidad" y ha destacado que el sistema de autorización judicial con el que funcionan hace que su marco regulatorio sea "uno de los más garantistas y protectores".
El CNI "solo puede responder ante la comisión de secretos oficiales del Parlamento", recuerda su directora
Quien seguía conectado era el representante del Gobierno, Juan José Torres, secretario general del Ministerio de Economía, pero los parlamentarios se han mostrado poco interesados en sus explicaciones sobre la estrategia de digitalización de la administración pública española, más después de haber escuchado los testimonios en primera persona de dos autodeclaradas víctimas de espionaje con Pegasus, el periodista Ignacio Cembrero, que en su caso lo atribuye a las autoridades marroquíes, y el abogado Andreu Van den Eynde, representante de Oriol Junqueras, que lo achaca al Gobierno español, o las contestadas dudas técnicas expresadas por el experto propuesto por el PP, el profesor emérito Gregorio Martín, sobre el informe original sobre el Catalangate, el escándalo de espionaje a políticos catalanes. Así, aunque llevaba retraso acumulado, la breve intervención de Casteleiro ha llevado a que la sesión de trabajo se levantara antes de lo previsto.
Para la eurodiputada alemana Cornelia Ernst (Izquierda Unitaria europea), la respuesta de la jefa del CNI es "un insulto a todos los eurodiputados". "La jefa de los servicios secretos nos leen un poco de blablabla de un papel y luego simplemente se niega a contestar nuestras 28 preguntas y se va de la comisión", ha protestado en Twitter la diputada de Die Linke. "Increíble falta de respuesta de las autoridades españolas durante la audiencia", se ha quejado en Twitter la eurodiputada belga Saskia Bricmont (Verdes), que ha calificado de "falta de respeto" que España se escude en argumentos de seguridad nacional para no dar explicaciones. Cañas, de Ciudadanos, miembro del grupo liberal, ha defendido la intervención de Casteleiro. "Es normal que la directora del CNI no conteste porque no está en su mandato. Ha evidenciado el marco legal en el que actúa, que es siempre respetando la ley, y después que no puede contestar preguntas si no es la comisión de secretos oficiales", ha declarado al término de la sesión.
Cembrero acusa al Gobierno de revelar el espionaje de sus móviles para contrarrestar el impacto del Catalangate
En la primera sesión de la mañana, el abogado Van den Eynde ha denunciado que el Gobierno y la justicia española "no han movido un dedo" para ayudar a las presuntas víctimas. "Ninguna ley permite usar el ciberespionaje contra un abogado, no hay normas sobre cómo se usa un programa así contra ciudadanos" un software de este tipo, de alcance tan vasto e indiscriminado, ha denunciado. Gregorio Martin ha negado la mayor: "Realmente no estamos científicamente en condiciones de decir que el teléfono ha sido infectado por los nuevos sistemas de espionaje", ha dicho en una polémica comparecencia este profesor jubilado, que ha cuestionado el método de trabajo de CitizenLab, el centro de referencia mundial de este tipo de investigaciones, en el Catalangate.
Por su parte, el periodista Ignacio Cembrero ha denunciado la "inacción" de las autoridades españolas ante el acoso que sufre desde hace una década por parte de Marruecos, país que -sospecha- intervino su teléfono el año pasado, hecho que denunció ante la justicia, aunque no ha habido un seguimiento a fondo de su caso. Cembrero ha calificado de "no creíble" que el Gobierno español descubriera solo en abril de este año que tres teléfonos móviles (pertenecientes al presidente, la ministra de Defensa y el ministro del Interior) estaban siendo espiados.
La izquierda europea acusa al PP y al PSOE de impedir que se investigue a España
Hace ya un año, ha recordado, la entonces titular de Exteriores, Arancha González Laya, declaró que su terminal había sido infectada por hardware malicioso. Si solo lo denunció este año fue "probablemente para atenuar el impacto del Catalangate, para decir que había víctimas de ambos lados", ha concluido Cembrero, que opina que el Gobierno no ha denunciado a NSO ni ha pedido explicaciones a Israel, pues su Gobierno debe autorizar la venta del software a potencias extranjeras, para no perjudicar al buen entendimiento con Marruecos. "El Gobierno no va a permitir que nada enturbie esa relación", ha dicho por videoconferencia el reportero español, experto en el Magreb.
Los miembros de la comisión Pegasus han visitado en los últimos meses los principales países donde ha salido a la luz el uso del software espía (Hungría, Polonia y Grecia), además de Israel, el país de origen de la firma que lo fabrica, NSO. Los eurodiputados no han podido organizar sin embargo una misión a España, una situación que algunos diputados de los Verdes y de Izquierda Unitaria Europea atribuyen a la protección mutua que supuestamente se prestan el PSOE y el PP. "Los grandes grupos políticos han impedido activamente que se investigue más en España y Catalunya", declaró ayer al portal de Politico Europe la ecologista belga Saskia Bricmont. Hay "una falta de voluntad política" entre populares y socialistas para organizar tal misión, ha criticado hoy Ernst (IUE).