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El independentismo afronta los 5 años del 1-O sin visos de rehacer la unidad

La cuestión catalana

El desencanto entre partidos y el votante soberanista enreda la gobernabilidad

Pere Aragonès y Laura Borràs, en un acto en julio en el Liceu de Barcelona 

Àlex Garcia / Archivo

Si la pretensión es que el quinto aniversario del 1-O aglutine y facilite una suficiente cohesión para que el independentismo forje una hoja de ruta compartida, antes tendrá que tachar toda la lista de desavenencias entre partidos independentistas, y entre estos, las entidades y la sociedad civil.

Jordi Turull, secretario general de JxCat, reclamó el miércoles “pasar a la acción” aprovechando el 1-O. “El primer reto es volver a hacer que la gente tenga ilusión y encuentre sentido a volver a movilizarse”. “Hay que superar la fase de duelo” para el quinto aniversario, afirmó en la Universitat Catalana d’Estiu Dolors Sabater, de la CUO. También Marta Vilalta, portavoz de ERC, instó a reconstruir el consenso estratégico. Demandan pasar a una nueva fase por lo que respecta al eje nacional, pero lo hacen poco convencidos.

Tendrán trabajo. Por ahora solo son palabras, porque aquella lista tiene elementos relevantes que todavía laten: una posible votación de la militancia de Junts para dejar el Govern; Laura Borràs suspendida de sus funciones como diputada, cosa que la inhabilita como presidenta del Parlament, con los votos de republicanos y cuperos, y Pere Aragonès reclamando que deje el cargo; una movilización para el Onze de Setembre que la ANC plantea afirmando que “se ha acabado esperar algo de los partidos”; una CUP que maneja un documento que compartirá en otoño en que apuesta por la “ ruptura absoluta” con el Govern y que reclama día sí y día también que el president se someta a una cuestión de confianza; Òmnium avisando desde hace meses de los riesgos que se “frivolice” la desobediencia civil.

ERC, Junts y la CUP reclaman reconstruir el consenso por la independencia, pero con poca convicción

No hay complicidades. No se prevé que se restablezcan en el debate de política general de septiembre y los nuevos presupuestos son una incógnita. Aragonès asegura que quiere aguantar hasta el final de legislatura, en el 2025.

Además, públicamente hay reproches cada vez más agrios entre representantes de los tres partidos. Los crecientes abucheos –aunque de grupos minoritarios– a electos tampoco invitan a los políticos a hacer acto de presencia en las movilizaciones. “Cuando menos, estar a gusto en ellas”, admiten desde filas republicanas. “No queremos nuevos homenajes a Borràs”, añaden recordando el señalamiento a miembros de la Mesa que votaron la suspensión de la presidenta o el acto de memoria por las víctimas de los atentados del 17 de agosto del 2017.

A la espera del acto que organice el Govern por su cuenta, cuando Antoni Castellà, del Consell per la República (CxRep), presentó la concentración que prepara el ente en torno al Arc de Triomf de Barcelona, lo hizo confiando en que sea “un acto masivo” donde “vuelvan a encajar las manos entidades, ciudadanía, los partidos y las instituciones”, “reivindicar que el referéndum fue legal” y que el “resultado sigue vigente”.

Será difícil que se rehaga la unidad, porque además de todos los desacuerdos, el independentismo tiene que afrontar la disgregación de estrategias para avanzar hacia la independencia, pero también porque tras cinco años, aquel 1-O ha pasado de ser vinculante para todo el espectro independentista a solo serlo para algunos.

Todos lo valoran como un “gran acto de desobediencia civil”. Pero a partir de aquí aparecen diferencias. No todos consideran vigente el resultado, como apunta el CxRep. A saber, Esquerra cree desde el 2019 que a aquel referéndum le faltó “legitimidad interna” y apuesta por un segundo momento refrendario que cristalice gracias a la mesa de diálogo. Un espacio que no piensa abandonar aunque la derecha gobierne en un futuro desde la Moncloa.

Aragonès pretende agotar la legislatura, pero el nuevo curso tiene de entrada el no cupero al presupuesto

Junto, como la ANC o el CxRep, defiende que “el mandato” del 1-O es “vigente” y aboga por la aplicación de los resultados. Apuestan por ello siempre y cuando no se dé, quizá por presión internacional, otra votación, esta vez acordada, como la escocesa del 2014.

La CUP quiere sincronizar un referéndum –unilateral– en Catalunya con el que pueda hacer Escocia el 19 de octubre del 2023 –las opciones de una segunda consulta allí son escasas. Sobre el 1-O, los anticapitalistas ya dejaron escrito en su programa electoral del 2021 que “no obtuvo todas las garantías que la legislación y la comunidad internacional consideran necesarias para otorgarle validez jurídica y política, a causa de las amenazas y la represión ejercidas por el Estado español.”