Antenas en ERC, en Junts, en la CUP, en el PDECat, dos en la Assemblea Nacional Catalana (ANC) y Òmnium Cultural, unas cuantas cerca de Carles Puigdemont y otras tantas en quienes pudieran tener supuestamente relación con los Comitès de Defensa de la República (CDR) o con Tsunami Democràtic. Las 18 personas para cuyo espionaje pidió –y obtuvo– autorización judicial el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) perfilan un mapa completo del movimiento independentista en el periodo 2019-2020, según la lista completa de las personas intervenidas que la directora de la entidad, Paz Esteban, llevó la semana pasada a la comisión de Secretos Oficiales, a la que ha accedido La Vanguardia .
El Gobierno destituye a Paz Esteban como directora del CNI
Los 18 espiados son Pere Aragonès, entonces vicepresidente de la Generalitat y coordinador nacional de ERC; Jordi Sànchez, secretario general de Junts per Catalunya; Carles Riera, diputado de la CUP; Elisenda Paluzie, presidenta de la ANC; Marcel Mauri, vicepresidente de Òmnium; Jordi Bosch de Borja, miembro de la junta de Òmnium; Gonzalo Boye, abogado de Carles Puigdemont; Joan Matamala, amigo del expresident; Josep Lluís Alay, jefe de la Oficina de Waterloo; Xavier Vendrell, empresario y exconseller de ERC; Elsa Artadi, vicepresidenta y líder de Junts en Barcelona; Albert Batet, diputado de Junts; David Bonvehí, presidente del PDECat; Marc Solsona, secretario general adjunto del PDECat y alcalde de Mollerussa; Sergi Miquel Gutiérrez, director de la estructura técnica de la Casa de la República; y Jordi Baylina, Pau Escrich y Xavier Vives, empresarios de tecnología.
Estas 18 intervenciones son las únicas de las cuales se responsabiliza el CNI de la lista de 65 personas atacadas o infectadas con Pegasus o Candiru desvelada por Citizen Lab, un organismo adscrito a la Universidad de Toronto que el 18 de abril publicó un informe en el que denunciaba un espionaje masivo al independentismo catalán. De esta manera, hay 47 espionajes (o intentos) que no han sido atribuidos a ningún servicio policial o de inteligencia. Esteban descartó asimismo que el centro haya tenido nada que ver con los ataques con Pegasus a los móviles de Pedro Sánchez y tres ministros.
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La lista de 18 fue solicitada por el CNI al magistrado del Tribunal Supremo Pablo Lucas, que tutela sus actuaciones y que los aprobó. No está en ella Elies Campo, el ingeniero informático que ha trabajado con Citizen Lab en la investigación y que sí aparece, en cambio, en el grupo de 65.
En realidad, el CNI fue más allá, porque su directora, Paz Esteban, solo presentó ante la comisión de Secretos Oficiales las autorizaciones judiciales referentes a personas que salían en la lista de los 65. Es más, en los documentos aportados aparecían siete u ocho nombres tachados, correspondientes a otras tantas personas sobre las que el espionaje fue autorizado y que escaparon al análisis de Citizen Lab. El CNI impidió de esta manera que trascendieran nombres hasta ahora desconocidos.
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Cuatro o cinco de los nombres eliminados forman parte del entorno tecnológico que el CNI vincula a Tsunami Democràtic, un par más estaban en el auto sobre la ANC y otro en uno referente al entorno de Junts per Catalunya.
Esteban puntualizó que cuatro de las 18 intervenciones no tuvieron éxito, es decir, que el CNI no logró infectar a los objetivos.
Las 18 personas a las que les fueron intervenidas sus comunicaciones por orden del Tribunal Supremo
La lista del CNI incluye en realidad a unas 25 personas: había nombres tachados en los documentos
La hoy exdirectora del cuerpo sostuvo durante su comparecencia que, al igual que el yihadismo, el independentismo catalán supone una amenaza para la integridad del Estado. Esteban leyó la Directiva de Inteligencia, aprobada por el Gobierno de Sánchez en el 2019, en la cual se cita las “campañas del independentismo” como uno de los objetivos del CNI. También la protección de la imagen internacional de España.
El daño al prestigio nacional es uno de los argumentos que se repiten en las autorizaciones para las 18 intervenciones. Otra de las preocupaciones son movimientos como Tsunami Democràtic o los CDR, a los que el CNI describe como organizaciones estructuradas y jerárquicas y atribuye una importante capacidad de movilización. Uno de los autos judiciales cita una supuesta organización, denominada Eskamots (con k), posiblemente en referencia a los llamados “escamots de foc” mencionados en algunas webs como escisiones radicales de Tsunami.
El daño al prestigio nacional es uno de los argumentos para autorizar las intervenciones
El CNI trata en su investigación de tejer la red de relaciones de las diferentes sensibilidades del independentismo, de la CUP a Junts. Y sobre todo: interesa cualquiera que tenga contactos con Carles Puigdemont.
Algunos de los espiados están agrupados por su militancia, y cada petición ofrece argumentaciones diferentes. El juez autoriza la intervención, pero sin explicitar el uso de Pegasus o un software similar, mucho más intrusivo que un simple pinchazo telefónico. La Vanguardia ha podido reconstruir parcialmente algunos autos.
La autorización para Aragonès se basa en el supuesto papel que le otorga el CNI como “coordinador” de los CDR, que se movilizaron para protestar contra la sentencia del procés , del 14 de octubre del 2019. El 13 de noviembre, en una entrevista radiofónica, el entonces vicepresident llamó a la movilización popular: “No podemos aflojar”.
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Las autorizaciones tienen una vigencia de tres meses, y el análisis de Citizen Lab tiene pruebas de que el móvil de Aragonès fue atacado con Pegasus los días 4, 5 y 13 de enero; Pedro Sánchez fue investido presidente el 7 de enero, con el apoyo de ERC. Es decir, los pinchazos entraban dentro del plazo legal, aunque por aquel entonces en los titulares no salían tanto los CDR como el acuerdo entre ERC y PSOE.
También se vincula con los CDR a Carles Riera, diputado de la CUP en el Parlament, que además ha mantenido contactos en Waterloo con Puigdemont.
Porque muchas de las peticiones del servicio secreto se construyen alrededor del expresident, huido a Bélgica desde octubre del 2017. La de Elsa Artadi, por ejemplo. Se la describe como “enlace” con él. Artadi ha sido los últimos meses la potencial candidata de Junts a la alcaldía de Barcelona, pero el día 7 anunció que abandonaba la política por motivos personales.
La directora del CNI insinuó que Rusia puede estar detrás del espionaje al independentismo
También fue espiado por el CNI el abogado del expresident Gonzalo Boye. El CNI recuerda en su argumentario que el letrado chileno fue condenado en 1996 por colaboración con ETA en el secuestro del empresario Emiliano Revilla. Boye, único abogado de la lista del CNI (en la de Citizen Lab hay otros dos), es el espiado sobre el que más prórrogas solicita el CNI. El Supremo se las concede.
También los dos miembros del PDECat intervenidos por el CNI lo han sido por su cercanía a Waterloo, y en sentido literal: David Bonvehí, presidente del partido, le ha visitado con frecuencia, al igual que Marc Solsona, alcalde de Mollerussa y secretario general adjunto del PDECat, que fue uno de los responsables de la negociación para separar los caminos de este partido y de Junts.
En este mapa de relaciones destaca Jordi Bosch, miembro de Òmnium Cultural y con una rica red de contactos con formaciones de izquierdas, como ERC, la CUP o los comunes, y con la cercana ANC, y eso llama la atención de la inteligencia española.
El empresario y exconseller de ERC Xavier Vendrell tiene doble interés para el CNI. Por un lado juega un papel de nexo entre Bruselas y la formación republicana y por otro está imputado en un sumario en el que se investiga el apoyo financiero que tiene el exilio belga. En esta causa está imputado también Josep Lluís Alay, un incondicional de Puigdemont a quien se vincula al supuesto intento del secesionismo de lograr el apoyo político, financiero y hasta militar de la Rusia de Putin. Rusia es uno de los motivos del CNI para pinchar a Alay.
En esta línea, Paz Esteban sugirió varias veces en la comisión de Secretos Oficiales que Rusia, con su interés en la desestabilización que el procés podía causar en Europa, podía estar detrás de los 47 espionajes detectados por Citizen Lab y no asumidos por el CNI. También citó en varias ocasiones al reino de Marruecos.
Algunos de los investigados son expertos en tecnología. El CNI supone que son los responsables de Tsunami Democràtic, el movimiento que tras la sentencia del procés convocó diversas movilizaciones en Catalunya, varias de las cuales acabaron con graves incidentes. Algunos de los autos sugieren una violencia cercana al terrorismo en los actos de Tsunami.
También se sostiene que en este ámbito hay expertos en criptomonedas y sistemas de votación electrónica. El CNI concede a la llamada “república digital” una enorme trascendencia.
El espionaje a Aragonès se vincula a los CDR, pero se usa cuando negocia la investidura de Sánchez
“Sí, lo tenemos”. Esteban admitió ante la comisión que los pinchazos se realizaron con Pegasus, desarrollado por la empresa israelí NSO Group y que emplean también otros organismos del Estado, según sugirió también durante la sesión. Insistió, tratando de minar el crédito de Citizen Lab, en que los rastros de Pegasus pueden crearse artificialmente y cuestionó la participación en la investigación de Elies Campo, de quien recordó sus simpatías independentistas. El centro canadiense asegura que ni uno solo de sus análisis se ha visto desmentido en diez años.