Autores: Joaquín Almunia, exsecretario general del PSOE, exministro, excomisario europeo; Enrique Barón Crespo, abogado y expresidente del Parlamento Europeo; Manuela Carmena, magistrada y exalcaldesa de Madrid; Rafael Escudero, abogado y expresidente de la Junta de Andalucía; Javier Ledesma Bartret, abogado y exdiputado autonómico; Javier Muñoz, abogado; J. Ignacio Navas Oloriz, abogado y notario honorario; Emilio Ginés, abogado; Pilar De Prada, notaria; Jordi Pedret, abogado y exdiputado; Manuel de la Rocha, abogado y exdiputado; Ana M.ª Ruiz-Tagle, abogada y exparlamentaria constituyente; Lucía Ruano, magistrada; Francisca Sauquillo Pérez del Arco, abogada y exparlamentaria europea; Elisa Veiga, magistrada.
Hace unos días, en un artículo publicado en un diario de ámbito nacional, parte de los aquí firmantes nos pronunciábamos a favor de la concesión de indultos a los condenados en el procés.
Justificábamos nuestra opción en argumentos de utilidad social y de necesidad de diálogo.
Situándonos en ese diálogo, añadíamos que las posibles soluciones no debían ser impuestas sino negociadas.
Nuestro deseo era publicar la versión catalana de ese mismo artículo, simultáneamente a la castellana, en La Vanguardia. Desgraciadamente, tuvimos que renunciar a esa simultaneidad que nos resultaba tan deseable.
El saludo entre Pedro Sánchez (i) y Pere Aragonès (d) el pasado lunes en Foment del Treball
Todos los firmantes tenemos magníficos amigos en Catalunya y deseábamos ofrecerles, en prueba de amistad y de afecto, el compromiso –que en estos tiempos percibimos como necesario– de nuestro posicionamiento a favor del diálogo dentro de la negociación política.
Las reacciones que nuestro artículo colectivo ha suscitado nos han llevado a preguntarnos si la forma en que procedimos a solicitar la medida de gracia era suficiente.
No cabe duda de que el diálogo es necesario, pero ¿solo lo es en el ámbito de la esfera política? ¿No lo es también en el ámbito de la sociedad civil, que es quien en definitiva elige a los representantes políticos?
Es habitual que los comentaristas, articulistas, tertulianos y expertos concluyan sus reflexiones dirigiéndose hacia los balcones del poder para reclamar pactos de Estado, acuerdos entre partidos y otras medidas que hoy imaginamos como muy improbables. Los partidos políticos no reciben la presión necesaria para abrir sus ventanas y conectar con el ambiente de la calle.
Pero es que la calle tampoco dialoga, tampoco ofrece versiones propias y pactadas de cuál ha de ser el sentido de la acción política.
Estos días hemos podido comprobar el sentido que habitualmente se da a la opinión publicada. Los afines están de acuerdo, los no afines en desacuerdo y algunos otros se asombran de la valentía que supone expresar nuestra opinión en la prensa.
Hay miedo, hay desconfianza y hay temor a decir lo que se piensa. También hay cansancio y hastío.
Nuestra sociedad civil está fracturada y desincentivada. Corre el riesgo de caer en la inanidad, es urgente revitalizarla, vigorizarla y vertebrarla.
Los líderes políticos tienen una grandísima responsabilidad en el origen de este diagnóstico.
Han de ser ejemplares en su comportamiento, no pueden falsificar los datos, no pueden crear una realidad paralela. Se puede hablar de todo sin que ello suponga falta o delito. Pero es necesario hacerlo con seriedad, respeto, atención y transparencia, sin dobles o triples lenguajes. Haciéndolo así, la sociedad civil sacará sus propias conclusiones.
El Gobierno está obligado a exponer con equilibrio y justificar con objetividad sus argumentos para conceder los indultos.
La oposición –entendida en un sentido amplio– no puede vulgarizar el debate con argumentos de oportunidad, que aparentemente ocultan una falta de proyecto político sobre Catalunya.
La oposición no puede vulgarizar el debate con argumentos de oportunidad sin un proyecto político
Hay ciudadanos que están de acuerdo con todo lo que hagan los líderes de su partido, incluso si defienden o toleran comportamientos corruptos. Pero también hay otros muchos que, sin abandonar su fidelidad a determinadas opciones partidistas, pueden considerar acertadas decisiones tomadas por un adversario e inspiradas en el interés general, en el bien colectivo, en el desarrollo de la convivencia dentro de una sociedad.
A ellos nos dirigimos al considerar necesaria la decisión de indultar. De nuevo lo decimos alto y claro: la sociedad civil ha de asumir su cuota de responsabilidad. No basta con reclamar medidas al poder político, ha de ofrecer también orientaciones y ha de apostar por el diálogo.
También nos han hablado del arrepentimiento, de su exigencia para la concesión de la gracia, lo cual no resulta extraño en una sociedad tan influida por el catolicismo como son, o eran, las sociedades española y catalana. En nuestro artículo de hace unos días aludíamos a la posible reversibilidad o condicionalidad en caso de reincidencia. Hemos de reconocer que en esta cuestión tampoco había unanimidad. Fue necesario un diálogo intragrupal para llegar a un compromiso. Había quien no exigía tal condición pero comprendió que el diálogo se construye como los edificios, de abajo arriba, y que una vez alcanzado un acuerdo se puede ir avanzando y profundizando.
Lo menos puede ser más, parodiando el lema de la Bauhaus y de su insigne representante Mies van der Rohe.
Sin diálogo hay desconocimiento, alejamiento y, posiblemente, incomprensión. Con diálogo hay conocimiento, cercanía y alteridad.
El diálogo no persigue la unanimidad sino la comprensión de las razones del otro. No es necesario asumirlas, sólo respetarlas y comprenderlas.
Es posible que no se alcancen acuerdos, pero al menos se habrán dado a conocer las posturas con sinceridad.
El diálogo en la sociedad civil ha de ser impulsado y alimentado por el poder político sin sectarismos ni mentiras. Con argumentos racionales, no con emociones.
La sociedad civil debe estar plenamente informada para que pueda iniciar ese diálogo que le permita formar su opinión.
El Gobierno, insistimos, ha de facilitar y justificar los argumentos que le llevan a la concesión de los indultos. Ha de explicar si son o no parciales, si suponen la libertad, pero continuando la inhabilitación, lo que eventualmente impediría la participación de los condenados en cualquier votación que persiga la independencia y despejaría la reversibilidad.
Sabemos que lo que no se les puede exigir a los condenados en el procés es que renuncien a sus ideales independentistas que, si se desarrollan dentro del marco constitucional, son tan legítimos como los de quienes mantenemos una postura muy distinta. Pero se necesitan datos, información honesta y cabal, de cuáles son las razones que llevan al Gobierno a la concesión de los indultos.
De esta forma, podríamos recuperar la manera de construir un país, la manera de madurar en democracia. Recuperaríamos el clima de diálogo que hizo posible la aprobación de la Constitución y del Estatut.
Los indultos podrían dar lugar al inicio de un diálogo en el que se rebajaría considerablemente la confrontación.
Es verdad que el inicio de un diálogo siempre puede sembrar la confusión, por ambas partes. Ambos bandos pueden tratar de justificarse monopolizando la razón. La criminalización es un recurso electoral y populista. No por gritar o negarse a dialogar se tiene la razón; dialogar no es oportunismo electoral, sino más bien lo contrario: dialogar puede tener un alto coste electoral.
Por ello, entre otras razones ya expuestas en nuestro anterior artículo, mantenemos que nuestra sociedad tiene todo el derecho a una oportunidad, y ésta pasa por un indulto, aunque sea instrumental.
Por último, queremos dejar bien claro que ni somos ingenuos ni ejercemos de ilusos. El diálogo puede acabar en desacuerdo, pero lo importante es que haya existido. Es importante el diálogo en sí mismo.
Nuestra sociedad tiene todo el derecho a una oportunidad, y ésta pasa por un indulto, aunque sea instrumental
Como dijo Habermas: “Lo que se necesita más bien es un juego de argumentación, en el cual razones motivantes reemplacen argumentos definitivos”.