El magistrado del Tribunal Constitucional Cándido Conde-Pumpido ha presentado al presidente un escrito comunicando formalmente su abstención en todos los procesos de amparo en los que se impugnen resoluciones judiciales respecto de la causa del procés seguida ante la Sala Segunda del Tribunal Supremo.
La decisión ha sido notificada este mediodía al tribunal y se produce tras la recusación planteada por el expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont. De esta manera, el magistrado trata de proteger al tribunal frente a los recursos que llegarán de los condenados a la justicia europea, en particular al Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH).
Segundo magistrado
La salida de Conde-Pumpido se añade a la del magistrado Antonio Narváez, que también decidió apartarse voluntariamente de todas las resoluciones vinculadas al procés tras la recusación planteada por varios condenados por sedición por el 1-O.
Aunque ninguno de los dos considera que realmente exista causa de abstención, por sus palabras en diferentes conferencias sobre la situación en Catalunya en el 2017, han entendido que para evitar perjudicar al tribunal y de cara a una futura resolución del TEDH es mejor quedarse al margen de las resoluciones.
"Ilegitimidad constitucional"
Ahora, el tribunal que quedará con nueve magistrados para el estudio de las sentencias del procés, dado que tras la salida de Fernando Valdés quedan once miembros en el TC.
En su escrito de abstención enviada al presidente del tribunal, y al que h tenido acceso La Vanguardia, Conde-Pumpido explica que de su intervención pública sobre la situación catalana no pretendió “anticipar un juicio de culpabilidad penal sobre las decisiones parlamentarias en Catalunya, sino únicamente dar cuenta de su ilegitimidad constitucional”.
Sin motivo de recusación
De hecho, explica que aquellas decisiones ya habían sido declaradas “constitucionalmente ilegítimas”. No obstante, y aunque entiende que no hay ningún motivo de recusación, señala que es “consciente de que, en algunas de las ocasiones patológicas, las pretensiones de recusación sobrevenidas a la atribución a un juez de un caso concreto pueden ser parte de una estrategia procesal dirigida a retrasar la resolución, a minar la legítima confianza de los ciudadanos en el ejercicio de la jurisdicción o, en fin, a intentar apartar del conocimiento al juez predeterminado por ley”.
No obstante se aparta “con el propósito de reforzar la apariencia y confianza en la imparcialidad de Tribunal Constitucional en el ejercicio de las funciones que tiene atribuidas en defensa de los derechos fundamentales de todos los ciudadanos”.