El Gobierno admite la gravedad del espionaje a Torrent y apuesta por investigar

“Claro que es grave; en un Estado de derecho se protegen la comunicaciones” pero “confío en que “en que el Gobierno y en los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado hay respeto absoluto” a este derecho. El ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, admite que si se confirman las informaciones publicadas respecto al supuesto espionaje al presidente del Parlament, Roger Torrent, y otros políticos catalanes en 2019 “es preocupante”. Si ha habido algún “transgresor” de la ley en este caso se deberá investigar porque se trata de un hecho “grave”, pero el dirigente inste en que no tiene información que confirme lo publicado por lo que habrá que esperar a saber cómo avanzan les investigaciones y a si aparecen nuevas informaciones.

Este martes fue la ministra portavoz, María Jesús Montero, quien en rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros aseguró que el Ejecutivo central “no tiene constancia de que el presidente del Parlament haya sido víctima de un ‘hackeo’ o una sustracción de su móvil”. La ministra animó a Torrent a poner el caso en manos de la Justicia al señalar que “cuando se producen cuestiones de este tipo, el procedimiento es poner en conocimiento de la autoridad judicial la sustracción, ‘hackeo’ o intervención del aparato y que se pueda investigar si se ha producido y en qué circunstancias”. Pero la portavoz no hizo valoración alguna, ha sido el ministro de Justicia quien ha señalado este miércoles que “si esa vulneración se ha producido es preocupante”.

“Si esa vulneración se ha producido es preocupante”

Juan Carlos Campo
Ministro de Justicia

Juan Carlos Campo ha remarcado en varias ocasiones que “somos un Estado de derecho” y, en la línea con lo señalado por su compañera de gabinete, ha recordado que el Código Penal acoge los delitos y los castigos para quien viola el derecho a las comunicaciones.

En todo caso, el ministro no se ha aventurado a confirmar si en su opinión ha podido haber dentro del Estado terminales que actúen en estos parámetros, fuera de la ley. Campo se ha limitado a expresar su respeto absoluto ante “la falta de información”, que le hace ser “muy prudente”, pero sí se ha atrevido a enviar un mensaje de confianza en las actuaciones del Estado: “Tengo claro que las actuaciones del Estado son claras en cuanto al rigor y el cumplimiento de la ley”.

El titular de Justicia ha recordado que este tipo de seguimientos en las comunicaciones deben estar aprobadas por un juez, y que en el caso del CNI, este órgano está supervisado por el Tribunal Supremo. De esta forma, el ministro ha insistido en que el Estado de derecho garantiza la confidencialidad de las comunicaciones y confía en que en el Gobierno y en los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado hay un respeto absoluto al derecho de las comunicaciones.

“Tengo claro que las actuaciones del Estado son claras en cuanto al rigor y el cumplimiento de la ley”

También el presidente del Parlament, Roger Torrent, se ha vuelto a referir al caso en una entrevista en RAC1 donde ha replicado al Gobierno señalando que si están tan convencido de que no tienen nada que ver en este asunto, no tendrá inconveniente en que se abra una comisión de investigación en el Congreso.

“Si el Gobierno era consciente de lo que pasaba o cooperaba en la comisión de un delito, es gravísimo”. Y si no, “quiere decir que había aparatos del Estado que funcionan por su cuenta, y esto es tremendamente peligroso” ha apuntado. En todo caso, Torrent cree que el Ejecutivo central “debería ser el primer interesado en depurar las responsabilidades que toquen y garantizar el fin de la guerra sucia contra el independentismo”.

Torrent prepara una querella

“Si el Gobierno era consciente de lo que pasaba o cooperaba en la comisión de un delito, es gravísimo”

El presidente de la cámara catalana ha dicho que no descarta presentar una querella contra alguien o para descubrir quién está detrás de este espionaje. La querella puede ser contra alguien o para descubrir quién está detrás, ha explicado, “que, de hecho, es lo que debería hacer el Estado español”, ha vuelto a reclamar. Para Torrent, el problema es que “esto es sistémico y estructural, ha impregnado todas las estructuras del Estado”, y que pruebas como estas evidencian que, “con el actual régimen político es imposible”, como “también lo está demostrando la monarquía”, ha incluido.

Para Torrent, “los datos acumulados y los indicios de contexto llevan a los investigadores a decir que detrás hay un Estado y que las pruebas hacen concluir que es España”, en particular, el servicio de inteligencia español (CNI). Pero el presidente parlamentario promete batallar para depurar responsabilidades: “No nos vamos a quedar con los brazos cruzados, investigaremos, preguntaremos, reclamaremos explicaciones a la ministra de Defensa, lo llevaremos al Parlamento Europeo….”, ha detallado. Todo esto junto a una serie de medidas en el ámbito político, a la vez que en el ámbito judicial está mirando con sus abogados qué acciones emprender.