Pablo Iglesias se topa con el juez

El caso Villarejo intoxica todo lo que toca. La prueba viviente es el vicepresidente Pablo Iglesias. El líder de Podemos abanderó la lucha contra las “cloacas” del Estado que en gran parte afectaba a la corrupción policial. Ahora bien, el excomisario José Manuel Villarejo, encarcelado desde noviembre del 2017, era mucho más que eso. En la época de Jorge Fernández Díaz como titular de Interior, Villarejo desplegó tanto sus negocios privados como sus trabajos parapoliciales. Se le relaciona con investigaciones no judicializadas a Podemos, a dirigentes catalanes como Pujol o incluso al extesorero del PP Luis Bárcenas, cuando este se había convertido en el enemigo público número uno de Rajoy.

Iglesias dio la orden de que Podemos actuara como acusación popular contra Villarejo. Pero además, él mismo, como particular, acabó personado como perjudicado, en la conocida pieza Dina. Ahora la causa ha girado y de perjudicado ha pasado a ser, a ojos del juez, sospechoso.

El origen

El registro de Villarejo

La unidad de asuntos internos de la Policía halló durante el registro a los domicilios de Villarejo una copia de la tarjeta de memoria del teléfono móvil de una exasesora de Iglesias, Dina Bousselham, en su época como europarlamentario. Un año antes, en verano del 2016, parte de su contenido había sido publicado en varios medios de comunicación. Previamente, ella había denunciado el robo de su teléfono. Al aparecer su contenido en casa de Villarejo, el juez les ofreció personarse como perjudicados. Iglesias siempre pensó que la publicación de chats con comentarios suyos guardados en aquel teléfono tenía como objetivo dañarles a él y al partido para no llegar al gobierno.

Dina levanta la liebre

Pablo Iglesias tenía la tarjeta

El juez de la Audiencia Nacional Manuel García-Castellón, encargado del caso, sospecha que fue Villarejo quien pudo entregar la información a los periodistas para su publicación. El excomisario aseguró que a él le dieron la copia dos periodistas de la revista Interviú, adonde había llegado la tarjeta, aunque en aquel medio nunca se llegó a publicar. Después, Iglesias reconoció ante el juez que el presidente del grupo Zeta le entregó la tarjeta a principios del 2016. La guardó y no se la entregó a su dueña hasta que salieron las primeras informaciones con parte de su contenido publicadas. El giro del caso viene cuando el pasado 18 de mayo, el juez vuelve a citar a Bousselham, quien afirma que cuando Iglesias le entregó la tarjeta no funcionaba.

El viaje de la tarjeta

Estropeada o destruida

Desde ese momento, el magistrado sospecha que el líder de Podemos entregó a su exasesora la tarjeta destrozada. Esta sin embargo mantiene que únicamente estaba estropeada y no culpa a Iglesias. Bousselham envió su tarjeta a una empresa de recuperación de datos que no pudo hacer nada. El juez ha preguntado a la compañía, sita en Reino Unido, por qué no pudo recuperar el contenido. Quiere saber si fue destruida. A estas sospechas se añade un informe de la policía científica que asegura que la tarjeta de Dina estaba quemada cuando esta la entregó al juzgado. Fuentes jurídicas explican que la razón puede ser que la empresa debe quemar la cubierta de la tarjeta para intentar recuperar los datos. García-Castellón aguarda la respuesta de la empresa, a través de la comisión rogatoria que ha remitido. Ahora bien, si las autoridades británicas tardan en responder, el instructor incluso estaría dispuesto a acudir hasta allí para ob­tener la información lo antes posible, según mantienen fuentes de la investigación.

Escenario judicial

Al Supremo por tres delitos

Si el juez corrobora de manera indiciaria que Iglesias destruyó la tarjeta de su exasesora antes de entregársela cuando además ya había una denuncia interpuesta, el actual vicepresidente podría enfrentarse a hasta tres delitos por daños informáticos, obstrucción a la justicia y apoderamiento de datos reservados. Lo primero que ha hecho el juez es, con el apoyo de la Fiscalía Anticorrupción, retirarle la condición de perjudicado en la causa.

Sospecha que Iglesias pudo perjudicar la investigación además de quedarse con un material que no era suyo. Si confirma estas sospechas, el magistrado deberá enviar la causa al Tribunal Supremo porque, como miembro del Gobierno, está aforado ante el Alto Tribunal, quien tendrá la última palabra. Iglesias tiene claro que lo que está ocurriendo es “una trama para sacar a Podemos del Gobierno”, un “nuevo intento de perjudicar” a su formación por parte de unas “cloacas” que todavía operan en España.

Diligencias pendientes

Bousselham de nuevo

La Fiscalía cree que si la exasesora no se siente víctima de Iglesias por haber guardado durante varios meses su tarjeta, no se le puede perseguir penalmente. Sin embargo, el magistrado considera que el perdón de Dina sólo le valdría para evitar el delito de revelación de secretos, pero no los otros. No obstante, el juez tiene pendiente decidir si escucha de nuevo a la testigo. Además, está esperando un informe ampliatorio de la policía científica para que aclare si fue dañada voluntariamente. Con esto y la respuesta de la empresa británica, el juez estará en disposición de decidir qué hacer con Iglesias y de paso si exonera a Villarejo por la filtración.