Concluye la primera batalla interna en el Gobierno de coalición. La ley integral contra la Violencia Sexual fue aprobada este miércoles por el Consejo de Ministros, como pretendía el ministerio de Igualdad, en lugar de ser postergada hasta la presentación del proyecto de reforma del Código Penal, que prepara el ministerio de Justicia. Se cierra así una batalla política que ha dejado muy magullada la coordinación del Gobierno de coalición.
La ministra de Igualdad, Irene Montero, evitaba aludir al conflicto durante la rueda de prensa del Consejo de Ministros, y señalaba que “las conversaciones entre ministros y ministras se quedan ahí dentro”. Reiteraba la urgencia de la ley, compartida por el Gobierno en su acuerdo de coalición. “Esta ley es una prioridad defendida por el conjunto del Gobierno porque era urgente para las mujeres que reclaman protección”, señaló.
Atrás quedan semanas de patadas bajo la mesa, plantones y desaires entre los ministerios de Igualdad y Justicia, apoyados el primero por el vicepresidente de Derechos Sociales, Pablo Iglesias, y el segundo por la vicepresidenta primera, Carmen Calvo, en una pugna en la que esta última tiene la batuta, toda vez la comisión de subsecretarios, que decide el orden del día del Consejo de Ministros, depende directamente de Calvo.
Esa desavenencia es expresión de una guerra soterrada en la que la pelea era el plazo para presentar la norma o su eventual fraccionamiento para que fuera el ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, el que incorporase a su proyecto de Código Penal el principio del consentimiento expreso de las relaciones sexuales como baremo para los delitos sexuales.
“Es una ley de todo el Gobierno”, asegura la ministra de Igualdad
Desde el departamento de Justicia se han filtrado durante la semana objeciones jurídicas a la redacción de la ley, mientras desde la vicepresidencia primera se aludía a la necesidad de afinar la “fundamentación jurídica” y se atribuía falta de experiencia y competencia técnica a Igualdad.
Desde Igualdad se atribuye a un intento por boicotear la aprobación, hasta el punto de que apenas 16 horas antes de la reunión del Consejo de Ministros, fuentes de Justicia aún ponían en duda su aprobación en la reunión de este martes. Minutos antes del comienzo de la reunión del Consejo de Ministros, fuentes de los departamentos de Unidas Podemos ponían el grito en el cielo y atribuían a celos políticos las continuas filtraciones contra la norma.
La ministra de Igualdad, sin embargo, ha evitado comentar públicamente el conflicto y a reiteradas preguntas durante la rueda de prensa del Consejo de Ministros, Irene Montero ha defendido tanto el rigor jurídico de la redacción de la norma como la urgencia de su aprobación. “Es una ley ambiciosa, y es una ley de todo el Gobierno”.
A la misma hora, el portavoz parlamentario del grupo confederal de Unidas Podemos, Pablo Echenique, admitía que había habido “resistencias”, pero que “bien está lo que bien acaba”. La portavoz del PSOE, Adriana Lastra, hacía suya la ley y recordaba que tanto el PSOE como el presidente Pedro Sánchez, han hecho “bandera de esta ley”.
En todo caso, aunque Igualdad se ha salido con la suya, la tensión entre los vicepresidentes Carmen Calvo y Pablo Iglesias es patente. La peripecia de esta norma ha puesto de manifiesto graves dificultades de coordinación del Ejecutivo y la tensión entre las dos vicepresidencias principales, que ya intentaron cerrar esta polémica hace dos semanas. Obviamente, sin éxito.