El Tribunal de Cuentas ha aceptado reclamar al Tribunal Supremo y al Juzgado de Instrucción número 13 de Barcelona las fianzas que ya se han depositado en los diversos procesos penales abiertos por la organización del 1 del referéndum del 1 de octubre de 2017 para hacer frente a los 4,1 millones de euros fijados por este tribunal como cantidad provisional.
La instructora del proceso contable abierto en el Tribunal de Cuentas reclamó una fianza provisional por la cantidad que considera se gastó la Generalitat para organizar el 1-O a pesar de que estaba prohibido y suspendido por el Tribunal Constitucional. Esta causa se dirige contra una treintena de ex altos cargos del Gobierno catalán, entre los que se encuentran todos los miembros del ex Govern de aquel entonces, empezando por el expresidente Carles Puigdemont, así como el resto de miembros, Oriol Junqueras, Toni Comín, Clara Ponsatí, Jordi Turull, Raül Romeva, Josep Rull, Joaquim Forn, Dolors Bassa, Meritxell Borràs, Carles Mundó, Neus Munté, Lluis Puig, Raül Romeva, Meritxell Serret y Santi Vila.
El Tribunal había dado de plazo hasta este lunes para hacer frente de manera solidaria a esta fianza o de lo contrario se enfrentaban al embargo de sus bienes. Sin embargo, las defensas solicitaron que se aceptara como fianza las ya pagadas tanto en el Tribunal Supremo como en el Juzgado de Instrucción número 13 de Barcelona, donde se investiga la organización del 1-O.
El TS ya lo ha enviado
Fuentes del tribunal confirman a La Vanguardia que la instructora ya se ha puesto en contacto con ambos tribunales para que remitan esas fianzas. El Tribunal Supremo ya ha enviado la suya y la delegada instructora ha ordenado que la cantidad de 2.135.948, 60 euros quede a disposición del Tribunal de Cuentas o bien sea transferida a la cuenta de depósitos y consignaciones judiciales del Departamento Segundo de la Sección de Enjuiciamiento, que es el órgano jurisdiccional contable al que le corresponde el conocimiento y resolución del procedimiento contable que en su día se incoe.
Por otra parte, el Tribunal de Cuentas está a la espera de que haga lo mismo el Juzgado de Instrucción de Barcelona 13 y en cuanto lo haga, se procederá de la misma forma. En consecuencia, en cuanto quede asegurada la cantidad a la que asciende la liquidación provisional, 4.146.274,97 euros no se tendría que embargar bienes.
El Tribunal de Cuentas concretó que los 4,1 millones de euros se invirtieron en un total de 13 partidas: en gastos del aplicativo ‘referendum.cat’ y ‘crida extra’ (171.357,59 euros); gastos de rehabilitación de la nave anexa al CTTI Call Center (1.454.039,94); creación y diseño del registro de residentes en el exterior (11.503,64); difusión en prensa escrita del registro de residentes en el exterior (168.201,35); diseño y activación del registro de residentes en el exterior (2.868,08); campaña Civisme (357.068,26); gastos relativos a Unipost (1.259.882,07); cartelería del referéndum (65.730,97); campaña internacional de imagen de la Generalitat (63.735); invitación a grupos de parlamentarios europeos (88.643,56); equipo de expertos IEERT.Helena Catt (189.200,34); observadores internacionales Paul Sinning (177.464,80); y la web ‘cataloniavotes.eu’ (136.579,37).