La sentencia del Tribunal Supremo abre un nuevo escenario político

Sea cual sea el veredicto que a lo largo del día de hoy dé a conocer el Tribunal Supremo, su decisión va a alterar el escenario político. Desde el 2017 las instituciones y los partidos han vivido pendientes de esas decisión judicial y han postergado la exploración de otras vías de solución del conflicto. Una vez conocidas las penas para los doce acusados ahora se comprobará si realmente hay voluntad para explorar esas otras vías. La respuesta que los jueces den a aspectos clave de los acontecimientos del 2017 será importante para determinar el futuro terreno de juego. Estos son algunos aspectos fundamentales que deberá aclarar la resolución que conoceremos hoy.

1. ¿Culpables o inocentes?

Lo primero que debe resolver el tribunal es si con los hechos probados se les puede considerar culpables de alguno de los delitos por los que han sido acusados, es decir, rebelión –a priori, descartada–, sedición o desobediencia y malversación. La previsión es que por lo menos a los nueve que se encuentran actualmente en prisión –Oriol Junqueras, Jordi Sànchez, Jordi Cuixart, Raül Romeva, Joaquim Forn, Jordi Turull, Josep Rull, Dolors Bassa y Carme Forcadell– van a ser condenados. La norma establece que si durante las deliberaciones el tribunal determina que un acusado en prisión preventiva va a quedar absuelto o la pena que se va a fijar va a ser inferior al tiempo que lleva encarcelado debe ser puesto en libertad. Como eso no ha ocurrido, no hay duda de que estos nueve acusados serán condenados a penas superiores a los dos años de cárcel. Respecto de los otros tres acusados que se encuentran en libertad, Carles Mundò, Meritxell Borràs y Santi Vila, este último es quien tiene más opciones de lograr una absolución.

2. ¿El 20-S fue una protesta o el inicio de un plan?

El tribunal debe despejar varias incógnitas sobre el relato de los hechos. La primera es si las masiva concentración ante la Conselleria d’Economía el 20 de septiembre del 2017, en la que llegaron a reunirse unas 40.000 personas, fue únicamente una protesta o un intento de evitar que la Guardia Civil procediera al registro del edificio que formaba parte de una estrategia premeditada. Para la Fiscalía, este acto fue el punto de partida de un delito de sedición, que acabó convirtiéndose en rebelión, para el ministerio público.

3. ¿Hubo violencia en el 1-O?

El siguiente punto que ha de desgranar el tribunal es si los acusados instaron a la violencia para lograr sus objetivos. El hecho de que haya quedado descartada la rebelión indica que esta respuesta, de ser afirmativa, tendrá muchos matices. El momento álgido fue el 1-O. Los acusados defienden que los actos violentos fueron culpa de los agentes de la policía, mientras que tanto la Fiscalía como los responsables policia-les mantienen que fueron a los centros para cumplir la orden del TSJC y se encontraron con la resistencia ciudadana. Para el ministerio público, la violencia comenzó el 20-S y siguió el 1-O.

4. ¿La DUI fue efectiva?

La sentencia tendrá que responder a la pregunta de si se declaró la independencia de Catalunya o no. Los acusados defendieron en el juicio que la declaración unilateral de independencia (DUI) fue un mero acto político, simbólico y sin efectos jurídicos. El abogado Xavier Melero, defensor de Joaquim Forn, lo explicó con precisión en su informe final: “No se arría la bandera, no se comunica nada al cuerpo diplomático, no se dictan decretos ni leyes de desarrollo, y todo el mundo se adapta a la aplicación del artículo 155”.

5. ¿Fue un golpe de Estado?

La Fiscalía defendió en el juicio que en Catalunya se produjo una “insurrección” entre septiembre y octubre del 2017 con una violencia pasiva y activa para un único objetivo: declarar la independencia. A su juicio, los acusados intentaron “liquidar” la Constitución en Catalunya. En su informe definitivo en el juicio del procés , el ministerio público subrayó que hubo un “golpe de Estado, que es la sustitución de un orden jurídico por otro a través de métodos ilegales”.

6. ¿El 155 prueba la gravedad de los hechos?

El desafío independentista de otoño del 2017 se dio por zanjado con el artículo 155. Este artículo de la Constitución, que permite la suspensión de la autonomía, nunca antes había sido aplicado en democracia. ¿Fue el 155 muestra suficiente de que el Gobierno catalán iba a seguir hasta el final si no se le frenaba? Las defensas sostienen que la prueba de que aquella declaración no era una amenaza real es que el Ejecutivo ni siquiera se planteó declarar el estado de alarma, sitio o excepción. La contraparte no piensa lo mismo. Defiende que el 155 muestra la excepcionalidad de la situación, pues nunca antes se había tenido que aplicar desde la entrada en vigor de la Constitución española.

7. ¿Fueron las leyes de desconexión el inicio?

El tribunal debe establecer cuál fue el origen del desafío independentista. Los magistrados han analizado el Libro Blanco de la Transición Nacional de Catalu-nya y se han fijado en las leyes de desconexión, que fueron aprobadas entre los días 6 y 7 de septiembre del 2017. Las acusaciones ven en la ley de Trasitoriedad Jurídica una norma en la que se promovía la ruptura con el sistema constitucional vigente.

8. Mossos, ¿cómplices o víctimas?

Obligatoriamente, el Tribunal Supremo tendrá que adentrarse en el papel de los Mossos d’Esquadra. Tanto la Fiscalía como el juez que instruyó la causa, Pablo Llarena, sostienen que el cuerpo policial autonómico actuó en favor del Govern. De hecho, durante estos dos últimos años, el Tribunal Supremo ha enfatizado la mayor implicación del exconseller de Interior Joaquim Forn por ser el máximo responsable de los Mossos. El mayor Josep Lluís Trapero siempre ha defendido que estuvieron al lado del Estado . ¿Se pusieron al lado del Estado o facilitaron la votación? La sentencia deberá dejarlo claro hoy.