ERC deja de contar con el voto delegado de Comín tras decaer la euroorden
La crisis catalana
El levantamiento de las medidas cautelares contre el exconseller hace que quede injustificado el impedimento para votar
Toni Comín, el único exconseller de ERC empecinado en repetir en el nuevo Govern
Los exconsejeros catalanes huidos Lluís Puig (3º izq), Toni Comín (c) y Meritxell Serret (dcha) atienden a la prensa a su salida del tribunal tras comparecer ante el juez belga de primera instancia en Bruselas.
Toni Comín tendrá que renunciar al acta de diputado si ERC quiere contar con los 32 votos que le otorgan los escaños obtenidos en las elecciones del pasado 21-D. Hasta ahora, la mayoría independentista podía contar con el voto delegado del diputado independiente adscrito a los republicanos gracias a las medidas cautelares que sobre él, así como contra los exconsellers Serret y Puig i Gordi, decretó el juez belga. Tras decaer la orden de entrega a España de los tres, el impedimento legal que justifica ese derecho a voto en la cámara catalana también decae.
La delegación del voto está regulada en el Reglamento del Parlament en su artículo 84, en él se establece claramente su aplicación cuando los diputados no puedan cumplir el deber de asistir a los debates y votaciones “con motivo de una baja por maternidad o paternidad”. También en los supuestos de hospitalización, enfermedad grave o incapacidad prolongada “debidamente acreditadas”. En todo caso, la Mesa del Parlament admitió la solicitud presentada por Comín para delegar su voto en el portavoz del grupo parlamentario, Sergi Sabrià “durante el tiempo que dure” la imposibilidad de acudir al hemiciclo, puesto que no puede abandonar Bélgica.
En la decisión de la Mesa tuvo especial peso la decisión del Tribunal Constitucional cuando impuso unas medidas cautelares en respuesta al requerimiento del Gobierno central cuando recurrió la candidatura de Puigdemont para la investidura. El alto tribunal dictó en esas medidas las condiciones que hacían posible la delegación de voto al señalar que “los diputados sobre los que pese una orden judicial de busca y captura e ingreso en prisión no pueden delegar su voto en otros parlamentarios”. En tal caso, el TC advertía de que considerará “radicalmente nulo y sin valor y efecto alguno cualquier acto, resolución, acuerdo o vía de hecho que contravenga dichas medidas cautelares”.
Aunque los letrados del Parlament advirtieron previamente a la Mesa que la aceptación de los votos delegados de Comín y Puigdemont podían chocar con las medidas cautelares del TC, los cuatro representantes independentistas de la Mesa (dos de JxCat y otros dos de ERC, incluido el presidente del Parlament, Roger Torrent) hicieron valer su mayoría, frente a los dos representantes de Ciudadanos y al miembro del PSC, y decidieron aceptar por primera vez el voto delegado de Puigdemont.
Los independentistas consideraban que se daban las condiciones para que Puigdemont pudiera delegar su voto en algún miembro de su grupo parlamentario al encontrarse detenido en Alemania, una situación que se asimilaría, sostenían, a la de los diputados que se encuentran en prisión preventiva en España, a los que los tribunales sí les han permitido delegar su voto. La delegación del voto de Puigdemont no tuvo problemas, nadie presentó inicialmente recurso, y se hizo efectiva, pero además abrió la puerta para que Comín hiciera lo mismo.
Comín lo solicitó posteriormente una vez que estuvo sometido a las medidas cautelares del juez belga que debía decidir si lo extraditaba a España, como solicita el juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena. Comín pudo votar de forma delegada en la investidura de Torra una vez que se cerró la puerta a la investidura de Puigdemont con el recurso del Gobierno a la reforma de la ley de Presidència. Ahora que la justicia belga ha decidido no entregarle a España, las medidas cautelares han dejado de tener validez, pero también su delegación del voto.
Comín, Serret y Puig i Gordi pueden abandonar el país y desplazarse a cualquier otro de la UE, si bien el Supremo podría solicitar nuevamente su entrega al país de destino, pero Comín no podrá volver a España si no quiere ser arrestado. De momento se mantiene la orden de detención nacional decretada por la juez de la Audiencia Nacional, Carmen Lamela.