El Tribunal Supremo procesa por rebelión a 13 líderes soberanistas en la causa del procés

El juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena ha procesado por rebelión a trece líderes soberanistas de los investigados en la causa del procés y la organización del referéndum del 1-O. El magistrado de la Sala Segunda del alto tribunal procesa al exgovern por un delito de rebelión por intentar llevar a Catalunya fuera de las vías legales.

El juez del Tribunal Supremo ha dividido en varios grupos de responsabilidad la causa por rebelión. Por un lado, ha fijado el grupo con más responsabilidad, a quienes procesa por un delito de rebelión y malversación de caudales públicos: estos son el expresidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, el exvicepresidente, Oriol Junqueras, y siete exconsellers: Joaquim Forn, Jordi Turull, Raül Romeva, Clara Ponsatí, Josep Rull, Antoni Comin y Dolors Bassa. Por el delito de rebelión también han sido procesados la expresidenta del Parlament, Carme Forcadell; la número 2 de ERC, Marta Rovira, y los expresidentes de las asociaciones ANC y Ómnium, Jordi Sànchez y Jordi Cuixart.

Se ha archivado la causa para la secretaria general del PDeCat, Marta Pascal, el expresidente de la Generalitat, Artur Mas, y la expresidenta de la asociación AMI, Neus Lloveras

En un segundo grupo de responsabilidad, por delitos de desobediencia y malversación de caudales públicos han sido procesados los exconsellers Meritxell Borràs, Lluis Puig, Carles Mundó, Santi Vila y Meritxell Serret. Al no ser procesados por rebelión ni sedición para posibles penas de prisión se reducen considerablemente en sus casos.

Y como tercer grupo y solo por desobediencia están los cinco ex miembros de la Mesa del Parlament, Llus Maria Corominas, Lluis Guinó, Anna Simó, Ramona Barrufet y Joan Josep Nuet, así como la expresidenta de la CUP, Mireia Boya y su ex jefa de filas en el Parlament, Anna Gabriel.

De los inicialmente investigados se ha archivado la causa para la secretaria general del PDeCat, Marta Pascal, el expresidente de la Generalitat, Artur Mas, y la expresidenta de la asociación AMI, Neus Lloveras.

Asimismo, para los 14 ex miembros del Govern procesados, el juez fija una fianza de responsabilidad civil de 2,1 millones de euros que deberán ser pagadas de manera solidaria por parte de todos ellos. La cuantía se ha establecido sumando a 1,6 millones de euros, que el magistrado señala que fue el montante que hubo de emplearse para sufragar el referéndum del 1-0, de acuerdo a las investigaciones practicadas, más el tercio de esa cuantía que debe añadirse de acuerdo a la ley.

“Permanente y obsesiva” actividad

En el auto de procesamiento, el juez destaca que los ex consellers procesados “pese a las reiteradas declaraciones de inconstitucionalidad y de nulidad de las distintas iniciativas parlamentarias y pese a la suspensión y nulidad de los decretos para la celebración del referéndum, los órganos ejecutivos de la Generalidat continuaron con la permanente y obsesiva actividad para crear las denominadas estructuras de estado ( que permitirían una efectiva independencia conforme a las previsiones del Libro Blanco)”.

Asimismo, divulgaron de manera continua su proyecto e impulsar el mayor apoyo que pudiera obtenerse de la comunidad internacional y de la ciudadanía, “tal y como ya habían hecho a lo largo de toda la legislatura, además de desplegar la actuación que consideraron precisa para llevar a término la votación de autodeterminación”.

En relación con la celebración del referéndum del 1 de octubre, el juez sostiene que los exconsellers de Sanidad, Educación y Trabajo y Asuntos Sociales adoptaron determinadas decisiones administrativas, asumiendo así “la responsabilidad propia de los directores de los locales dependientes de esas consellerias para asumir de manera directa la responsabilidad de las decisiones relativas a su ubicación y garantizar de esa manera su disponibilidad como centros de votación”.

El boicot de los Mossos

Para Llarena es clave la reunión del 28 de septiembre, tres días antes del 1-O, entre los Mossos d’Esquadra, Puigdemont, Junqueras y Forn, donde los máximos responsables policiales alertaron de la escalada de violencia y del riesgo que conllevaba la celebración del referéndum.

”Pese a ello, la decisión del Govern fue de que la votación había de celebrarse”. El magistrado sostiene que el objetivo del operativo de los Mossos fue “boicotear el cumplimiento de la orden judicial por inacción”, con un despliegue de 7000 agentes, cuando en jornadas electorales normales pasaban de 12.000.

Respecto de los entonces presidentes de ANC y Òmnium, el juez sostiene que asumieron “la responsabilidad de impulsar la mayor aceptación social de las iniciativas secesionistas, así como favorecer la creencia pública de que la proclamación de la república era perfectamente viable, buscando, por último, una intensa movilización ciudadana que favoreciera que el Estado terminara por aceptar la independencia de Catalunya, ante las vías de hecho que se desplegaron”. Según Llarena, han sido permanentes los actos y manifestaciones convocados por estas entidades en estos años.

Levantamiento violento

El auto fija los hechos del 20 de septiembre ante la Conselleria de Economia como un “violento levantamiento”, del que responsabiliza a Sànchez y Cuixart. “Conocían este violento levantamiento; asumieron que podría reiterarse en futuras movilizaciones; y sabían que este tipo de actuaciones resultaban ineludibles para llevar a término un referéndum prohibido por los tribunales y del que dependía la declaración de independencia”.

Sànchez Jordi Cuixart “aprovecharon su notoria capacidad de movilización colectiva y -con la finalidad de propiciar la independencia que ambicionaban- impulsaron a todos los catalanes a que el 1-O acudieran a los diferentes centros de votación e impidieran que las fuerzas policiales cumplieran su cometido”.

El auto también identifica y detalla parte de los múltiples actos de violencia que acaecieron durante el 1 de octubre, y de amenaza de un uso aún mayor de la violencia, contra las personas de los agentes de policía y los medios que utilizaban para intentar dar cumplimiento a la orden impartida por la juez de Instrucción del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya para impedir el 1-O declarado inconstitucional por el Tribunal Constitucional, identificando a los agentes heridos como consecuencia de esos actos violentos.

Turull ha comparecido este viernes ante el magistrado del Tribunal Supremo después de su investidura fallida de este jueves. Marta Rovira, por su parte, no se ha presentado y ha hecho pública su decisión en una carta. Ella y sus compañeras de bancada Dolors Bassa y Carme Forcadell renunciaron este jueves por la noche a su escaño después del pleno.