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El Gobierno da por hecho que los líderes soberanistas serán inhabilitados en primavera

La cuestión catalana

El ministro de Justicia niega el pacto del Gobierno con Oriol Junqueras y afirma que los tiempos para una nueva investidura empezaron este miércoles

El ministro de Justicia, Rafael Catalá, durante un desayuno informativo en Madrid esta semana

Emilio Naranjo / EFE

Rafael Catalá ha dado por hecho que los líderes soberanistas que están siendo investigados por el Tribunal Supremo por el referéndum del 1-O serán inhabilitados antes de la condena firme en aplicación de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que estipula que cuando se dicta acto de procesamiento por delitos graves los procesados dejan de tener la capacidad de ejercer cargo público. El ministro de Justicia ha manifestado en Espejo Público que cuando sean procesados por “delitos graves” de malversación, rebelión y sedición, algo que sucederá probablemente en marzo, perderán sus cargos y el escaño. “Entiendo que cuando se dicte el auto las personas que estén dentro serán inhabilitadas”, ha apuntado.

El exministro José Manuel García-Margallo, por su parte, ha señalado que, “lo más probable” es que haya inhabilitaciones de políticos encausados teniendo en cuenta los antecedentes judiciales que hay en el procés, y ha defendido que los jueces son independientes y que su actuación no cuenta con intromisiones políticas.

La inhabilitación podría afectar en primera instancia a Carles Puigdemont, Oriol Junqueras, Jordi Sànchez y Toni Comín -dos en Bélgica y dos encarcelados-. En caso de repetición electoral, si los políticos ya han sido suspendidos no podrían concurrir en las listas. Esa inhabilitación a la que se refiere Catalá sería una suspensión temporal, matizan fuentes jurídicas del Parlamento, aunque reconocen que el efecto es el mismo.

Cree que ha habido un cambio de rumbo en la política catalana y que Torrent no seguirá el camino de Forcadell

Con la situación catalana en un limbo legal, el ministro de Justicia ha asegurado que están pendientes del informe de los letrados del Parlament, que fue solicitado por la Mesa esta semana y se conocerá la semana que viene. “No podemos estar en el limbo permanentemente”, ha apuntado, al tiempo que ha reconocido que si el informe no convence al Ejecutivo intentarán que se cumplan otros tiempos. “No podemos estar sin Govern sine die”, ha remarcado el ministro de Justicia, que considera que el reloj para una nueva investidura o elecciones en dos meses se activó este miércoles y comparte la línea del Gobierno: Puigdemont no puede ser president.

“Nada volverá a ser igual después del 155”, ha opinado Catalá, quien ha explicado que después del 155 y la intervención de la justicia las cosas cambiarán en Catalunya. De hecho, asegura que ve ya un cambio en el Parlament y que el nuevo presidente de la cámara -al que el PP amenazaba en los pasillos del Congreso recordándole que tiene hijos pequeños- no sigue los pasos de su antecesora, Carme Forcadell. “El comportamiento de Roger Torrent demuestra que quiere un camino distinto” a juicio del titular de Justicia.

En otro orden de las cosas, Catalá niega que haya un pacto entre Sáenz de Santamaría y Oriol Junqueras y ha asegurado que el Gobierno siempre ha mantenido la misma postura. “No hay pactos secretos al margen de la transparencia y la ley”, señala ante las especulaciones por el cambio de rumbo de la formación soberanista en las últimas semanas, cuyo líder lleva tres meses encarcelado en Estremera.

El Gobierno espera el informe de los letrados del Parlament pero si no le convence, forzarán otros plazos para que haya nuevo Govern

En referencia al informe negativo del Consejo de Estado sobre el recurso al Tribunal Constitucional de la semana pasada, Catalá ha remarcado que no era vinculante y que “es un requisito, pero no se tiene que hacer lo que diga el Consejo de Estado”. “El Gobierno tiene la responsabilidad de tomar decisiones después de escuchar al Conesejo”, apunta, al tiempo que señala que sólo había discrepancias en las formas y no en el fondo de la cuestión.

Sobre las informaciones que apuntan que el juez de Instrucción número 13 de Barcelona, que investiga el referéndum, cree que el 1-O se financió con dinero del FLA, ha comentado que si la financiación de Catalunya llega del Estado mediante el Fondo de Liquidez Autonómica, es probable que una parte se destinara a la consulta, aunque no hayan hallado por ahora indicios.