La juez decreta prisión incondicional para todo el Govern cesado menos para Vila

La juez de la Audiencia Nacional Carmen Lamela ha decretado prisión incondicional para el exvicepresidente de la Generalitat Oriol Junqueras y los exconsejeros Jordi Turull, Raúl Romeva, Josep Rull, Dolors Bassa, Meritxell Borrás, Joaquim Forn y Carles Mundó. En el caso del exconsejero Santi Vila, la magistrada acuerda prisión eludible bajo fianza de 50.000 €. Ingresa en prisión hasta que deposite dicha cantidad.

Según el auto de la juez, Lamela considera que existe alto riesgo de reiteración delictiva, alta probabilidad de destrucción de pruebas y considera que no se puede obviar el nivel adquisitivo de los investigados que pueden utilizar para salir del país. En este sentido, la juez recuerda, en el auto, que ya varios querellados se han ido a otros países eludiendo las responsabilidades penales en las que puedan incurrir. Así lo expuso el fiscal durante la celebración de la vista para medidas cautelares

La magistrada considera que existen indicios de la comisión de un delito de rebelión por parte de los miembros del Govern y dado que conlleva una pena de prisión de hasta 30 años, es evidente la existencia de riesgo de fuga.

La instructora ya envió a prisión incondicional a los presidentes de las asociaciones ANC y Òmnium Cultural, Jordi Sànchez y Jordi Cuixart por un delito de sedición por las concentraciones organizadas por ellos el pasado 20 de septiembre en la puerta de la Conselleria d’Economía mientras la Guardia Civil realizaba un registro bajo una orden judicial.

Tras esta decisión, ahora Lamela deberá decidir si cita para otro día al ex presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, y a los cuatros consellers citados y que no han acudido o si directamente emite una orden europea de detención, dado que se conoce que se encuentran en Bélgica.

Hechos graves

La juez considera que estos hechos son suficientemente graves por el hecho de haber proclamado la independencia de una parte del territorio fuera de las vías legales. El Govern se valió, según recoge la Fiscalía, de la Mesa del Parlament para aprobar leyes abiertamente ilegales e inconstitucionales; con unas asociaciones como ANC y Òmnium que actuaron como brazo civil de la Generalitat; y con unos Mossos d’Esquadra que habrían permitido las movilizaciones para apoyar el referéndum del 1 de octubre como antesala a esa declaración de independencia.

El delito de rebelión exige que exista un alzamiento violento para declararla independencia de una parte del territorio nacional. Sin embargo, la Fiscalía ya apuntaba que esa violencia no tiene porqué ser física sino que tenga capacidad para ello. La capacidad de movilización de los independentistas generó una intimidación a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, destinados en Catalunya para defender la ley y cumplir las órdenes judiciales.

Asimismo, la Fiscalía entendía que el 1 de octubre hubo un alzamiento “violento”, con insultos, menosprecio y sillazos a policías y guardias civiles. Para la Fiscalía, esos hechos claros de una existencia de violencia para conseguir sus fines.

Se niegan a declarar

La Fiscalía ha valorado que ninguno de los consellers ni Junqueras hayan querido contestar a las preguntas del fiscal ni del juez. Menos Santi Vila, que sí lo ha hecho, los demás sólo han respondido a las preguntas de sus abogados, con unas comparecencias de una media de cinco minutos cada uno.

Aunque un investigado tenga el derecho a no declarar, ese silencio puede ser valorado para interpretar los hechos. En este caso, tanto la juez como el fiscal han valorado que no quieren colaborar con la Justicia ni dar una explicación razonable para rebatir las acusaciones de la Fiscalía.

Hasta 48 años de prisión

En el auto, la juez recoge la tentación de huída que puede existir entre los investigados, dado que se enfrenta a penas que podrían ascender a los 48 años de cárcel. Además, la instructora abre la puerta a un nuevo delito, el de falseamiento de la contabilidad. “Cobra especial importancia el papel que todos los querellados protagonizaron desde sus cargos públicos, sin los cuales el proceso independentista no hubiera podido impulsarse”, sostiene el documento.

“La acción de los querellados fue meditada y perfectamente preparada y organizada, reiterando durante más de dos años el incumplimiento sistemático de las resoluciones del Tribunal Constitucional en pro de la independencia”, añade el auto. Así, subraya que igualmente los querellados jugaron un papel activo, “impulsando el proceso soberanista minuciosamente diseñado y franqueando toda clase de barreras que pudieran desviarles de su última finalidad”.

Participación organizada

La magistrada recoge una “participación organizada” de los investigados. “Con su actuación, los querellados han hecho posible la realización de pagos para llevar a cabo un acto no ya contrario a Derecho, sino constitutivo de delito vulnerador de la declaración de inconstitucionalidad acordada por el Tribunal Constitucional”.

Actitud pasiva de los Mossos

En la resolución judicial, Lamela insiste en el papel de los Mossos d’Esquadra. Relata cómo el 1 de octubre las asociaciones civiles soberanistas lograron concentrar un elevado número de personas “que, ofreciendo resistencia, trataban de impedir el acceso a la fuerza policial a los distintos centros en los que se estaban llevando a cabo olas votaciones”.

En la gran mayoría de los casos, según la juez, “la actitud mostrada por los Mossos d’Esquadra, fue pasiva manteniéndose al margen de cualquier actuación desarrollada por la Guardia Civil”. Evitaron intervenir incluso en los que los miembros de la Guardia Civil eran agredidos, “llegando incluso en algunos casos a increpar e incluso enfrentarse a alguno de los agentes de la Guardia Civil que en el ejercicio de sus funciones se encontraba en el lugar”.

Vila, sin riesgo

Todos los exmiembros del Govern han sufrido la misma suerte excepto Santi Vila. En su caso, la juez no aprecia riesgo de reiteración delictiva, “teniendo en cuenta que el mismo desistió voluntariamente de proseguir con el proceso soberanista el 26 de octubre, esto es, un día antes de que la DUI fuera votada en el Parlament”.

Al modo de entender de la magistrada, su comportamiento pone de manifiesto su voluntad contraria a consumar el intento secesionista. Aún así, le envía a prisión con una fianza de 50.000 euros. Y una vez pague la cantidad, y quede en libertad se le retirará el pasaporte y tendrá que acudir cada quince días al Juzgado más próximo a su domicilio.