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La reciente actualización de las RUF (Reglas del Uso de la Fuerza) propuesta por el Gobierno chileno ha generado un importante debate en torno a su contenido y alcance.
Las 19 indicaciones presentadas al Congreso Nacional buscan adecuar estas reglas a las realidades operativas y contextuales de las Fuerzas Armadas y de Orden y Seguridad Pública, buscando fortalecer la institucionalidad y el respeto a los derechos humanos.
Una de las indicaciones del Gobierno señala que "en el resguardo del orden público y de la seguridad pública interior, la autoridad militar responsable del mando de las fuerzas implementará las siguientes Reglas de Uso de la Fuerza". Esto refleja la importancia de establecer protocolos claros y precisos que guíen la actuación de las autoridades en situaciones de crisis y conflicto, asegurando que el uso de la fuerza sea siempre proporcional y justificado.
Las indicaciones también buscan diferenciar entre el despliegue de las fuerzas militares y policiales, reconociendo las particularidades de cada institución y sus funciones específicas. Esto es fundamental para garantizar una respuesta adecuada y coordinada ante situaciones de emergencia y para prevenir abusos por parte de las autoridades.
Hacia una mayor institucionalidad
La actualización de las Reglas del Uso de la Fuerza representa un paso significativo hacia una mayor institucionalidad y respeto a los derechos humanos.
Sin embargo, es fundamental que este proceso se lleve a cabo con el debido cuidado y consideración de todos los actores involucrados, garantizando la protección de los derechos humanos y el cumplimiento irrestricto del ordenamiento jurídico en todas las actuaciones del Estado.
La coordinación entre las diferentes instituciones encargadas de velar por el orden y la seguridad pública es clave para asegurar una respuesta eficaz y justa ante situaciones de emergencia.
Análisis Normativo de las modificaciones
El eje normativo que regula el ejercicio de la coerción por parte del Estado, representado en las reglas del uso de la fuerza (RUF), ocupa una posición central. Estas normativas, con sus principios rectores y su ámbito de aplicación específico, son fundamentales para garantizar que las actuaciones de las Fuerzas Armadas y de Orden y Seguridad Pública se desarrollen dentro de un marco jurídico diáfano y respetuoso de los derechos fundamentales(DD.FF).
En Chile, las RUF han sido objeto de modificación a través del Decreto N°8 del Ministerio de Defensa Nacional, publicado en febrero de 2020, lo que ha generado un importante debate en torno a su contenido y alcance.
- Principios Rectores de las RUF
Los principios que rigen el uso de la fuerza por parte de los agentes del Estado son esenciales para asegurar que su actuación sea legítima y proporcional a la situación enfrentada. El principio de legalidad establece que cualquier acción debe estar enmarcada dentro de la Constitución, las leyes y los tratados internacionales ratificados por Chile. Esto garantiza que el ejercicio del poder estatal se realice conforme a un ordenamiento jurídico respetuoso con DD.FF.
La necesidad y la proporcionalidad de la fuerza son principios complementarios que aseguran que su uso sea estrictamente necesario y que el nivel de fuerza empleado sea acorde a la situación enfrentada.
Integrantes de los Carabineros hacen presencia en una manifestación de trabajadores de la siderúrgica chilena Huachipato, en la región sureña de Biobío.
Privilegiar medios no violentos y evitar causar daños excesivos son elementos clave para garantizar el respeto a la dignidad humana y prevenir abusos por parte de los agentes del estado—pongamos de ejemplo algo actual, el desmantelamiento de una Red de Delincuencia Organizada. Antes de lanzar el operativo, se evalúa la necesidad de emplear la fuerza y se determina que es indispensable para detener las actividades criminales.
La fuerza empleada se planifica de manera proporcional a la gravedad de los delitos y al nivel de resistencia esperado por parte de los delincuentes.—
La fuerza empleada se planifica de manera proporcional a la gravedad de los delitos y al nivel de resistencia esperado
La responsabilidad individual de los funcionarios por el uso inadecuado o abusivo de la fuerza es un principio fundamental en un Estado de Derecho. Esta responsabilidad implica que aquellos que violen los principios rectores de las RUF deben ser sujetos a procesos judiciales y administrativos que aseguren la rendición de cuentas y la reparación de los daños causados.
La gradualidad en el uso de la fuerza es otro principio clave que busca garantizar que su empleo sea progresivo y proporcional a la situación enfrentada. Esto implica que, en la medida de lo posible, se deben agotar todos los medios no violentos antes de recurrir al uso de la fuerza y armas de fuego, reservando estos últimos como último recurso en situaciones extremas donde otros medios resulten ineficaces.
Fuerzas Especiales de Carabineros detienen a manifestantes durante una protesta convocada por organizaciones estudiantiles a propósito del inicio del curso escolar 2021,
Para poder entender todas estas reglas pongamos un caso práctico en el que se pueda aplicar las RUF.
En momentos de Calamidad Pública (Estado de Excepción Constitucional) como terremotos o inundaciones, las FF.AA y de Orden y Seguridad desempeñan un papel crucial en la protección de vidas y propiedades, así como en la prestación de asistencia humanitaria. En estos escenarios, las Reglas del Uso de la Fuerza (RUF) se convierten en un marco para guiar las acciones de los agentes del estado y garantizar que la respuesta sea proporcional y respetuosa con los derechos fundamentales.
Imaginemos el caso de un terremoto que golpea la región región de Antofagasta. Las FF.AA y Carabineros, junto con equipos de rescate y servicios de emergencia, se movilizan rápidamente para brindar ayuda y mantener el orden en medio del caos. Aquí es donde entran en juego los principios rectores de las RUF.
El principio de necesidad y proporcionalidad dicta que las fuerzas deben utilizar la fuerza sólo en la medida en que sea estrictamente necesaria para proteger vidas o propiedades. En este caso, podría ser necesario emplear la fuerza para evacuar áreas peligrosas o mantener el orden en los centros de refugio temporal (albergues). Sin embargo, esta fuerza debe ser proporcionada y dirigida únicamente hacia aquellos que representen una amenaza real.
Carabineros a caballo.
Además, el deber de identificación adecuada de personas involucradas asegura que se priorice la seguridad de los afectados y eviten el uso indiscriminado de la fuerza. Esto implica que las fuerzas deben distinguir entre personas necesitadas de ayuda y aquellas que representan un riesgo para la seguridad pública.
La prestación de auxilio también es un aspecto fundamental en este escenario. Las fuerzas de seguridad deben estar preparadas para brindar asistencia médica, evacuación y apoyo logístico a los afectados. Este deber se alinea con el principio de responsabilidad individual, que establece que los funcionarios son responsables de sus acciones y deben rendir cuentas por cualquier uso inadecuado o abusivo de la fuerza.
- Ámbito de aplicación de las RUF
Las reglas del uso de la fuerza tienen un ámbito de aplicación específico que determina las situaciones en las cuales pueden ser invocadas por las autoridades competentes.
En nuestro caso, las RUF son aplicables a las Fuerzas Armadas cuando son convocadas a cumplir funciones de resguardo del orden público en situaciones como estados de excepción constitucional, protección de infraestructura crítica, resguardo de zonas fronterizas y actos electorales y plebiscitarios.
En estos casos, los reglamentos respectivos deben ser dictados por el Ministerio de Defensa Nacional en conjunto con el Ministerio del Interior, lo que asegura una coordinación eficaz entre las diferentes instituciones encargadas de velar por el orden y la seguridad pública en el país. Esta coordinación es fundamental para garantizar una respuesta rápida y efectiva ante situaciones de crisis y para prevenir abusos por parte de los agentes.
- Deberes y etapas en el uso de la fuerza
El ejercicio del poder estatal implica ciertos deberes por parte de los agentes del Estado al momento de emplear la fuerza. Estos deberes incluyen la identificación adecuada de las personas involucradas, la advertencia previa al uso de la fuerza, la aplicación gradual de la misma, la minimización de daños y lesiones, y la prestación de auxilio en caso de ser necesario.
Asimismo, se establecen etapas progresivas en el uso de la fuerza, que van desde la mera presencia disuasiva hasta el empleo de fuerza potencialmente letal como último recurso.
Estas etapas están diseñadas para garantizar que el uso de la fuerza sea proporcional a la situación enfrentada y que se privilegien siempre los medios no violentos antes de recurrir a medidas más drásticas.
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