El mismo día de su toma de posesión como presidente, el pasado 20 de enero, Donald Trump firmó un decreto por el cual ordenaba la congelación durante 90 días de toda la ayuda que canalizaba la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (Usaid), a la espera de evaluar qué destino daba a sus programas y personal. Esa medida ha supuesto una sacudida de los cimientos del sistema de cooperación global y amenaza con desestabilizar regiones vulnerables y frenar años de progreso en salud, desarrollo y derechos humanos en diversas partes del mundo.
Trump y su brazo ejecutor, Elon Musk, han decidido desmantelar la Usaid, basándose en que “está dirigida por un grupo de lunáticos radicales”, y ponerla bajo supervisión del Departamento de Estado, cuyo titular es Marco Rubio. Este afirmó el pasado día 10 que el Ejecutivo ha cancelado el 83% de los programas y está en consultas con el Congreso para que el resto, unos mil contratos, sean transferidos al departamento que dirige. Según Trump, gran parte de la ayuda exterior era un derroche y promovía una agenda liberal. Musk ha llegado a decir que es una “organización criminal”.
Si el cierre de la agencia acaba siendo definitivo, supondrá una disminución de unos 40.000 millones de dólares anuales en ayuda internacional, con graves consecuencias, por ejemplo, para las crisis humanitarias y de seguridad alimentaria, la salud pública y la prevención de enfermedades, y el desarrollo económico, climático y los derechos humanos en diversas partes del planeta. El año pasado, EE.UU. financió el 42% de toda la ayuda humanitaria controlada por la ONU. Los efectos del desmantelamiento de la agencia para el desarrollo abarcan desde Europa hasta Oriente Medio, pasando por África y América Latina.
La orden de Trump de cerrar la Usaid, rechazada por un juez, duro golpe a la cooperación internacional
Pero el martes de la semana pasada un juez federal dictaminó que el cierre de la Usaid “probablemente violó la Constitución”, lo que supone un revés a las intenciones de Trump y Musk de desmantelarla. El juez obliga a la Administración republicana a dar marcha atrás, a permitir que la Usaid vuelva a su sede y a cesar las maniobras para despedir a funcionarios y contratistas de la agencia. Habrá que ver si la Casa Blanca acata la decisión judicial; ya ha desobedecido fallos de otros magistrados federales, criticando la legitimidad del poder judicial para frenar sus medidas.
La Usaid fue creada por John Fitzgerald Kennedy el 3 de noviembre de 1961, en el marco de la guerra fría, como un organismo independiente, pero la Administración Trump argumenta que se ha convertido en un ente partidista. Ha sido durante décadas una herramienta intocable del poder blando estadounidense y de promoción de la democracia y el desarrollo en el mundo, en colaboración con muchas oenegés. Sus beneficios –operaba en unos 130 países– eran, en muchos casos, intangibles, pero ayudaban a mantener la estabilidad global y a un incremento de la influencia y el poder diplomático de Washington en el escenario geopolítico.
Durante su historia, la Usaid ha estado en el centro de múltiples controversias y se han denunciado numerosos casos de ineficiencia, corrupción y falta de transparencia que ponían en duda la efectividad de sus actuaciones. Pero esa discusión ya carece de sentido porque todas esas críticas están en el centro de la campaña de desprestigio de la nueva Administración Trump. La agencia tiene muchos detractores en el actual Gobierno, y los republicanos hace mucho tiempo que la tenían en su punto de mira. Esta guerra declarada contra la Usaid es uno de los elementos de la crisis constitucional que afronta Estados Unidos, ya que es el Congreso y no la Casa Blanca quien tiene la autoridad de controlar el gasto federal.
Históricamente, EE.UU. ha usado esta agencia como ‘soft power’ para aumentar su influencia
La pregunta es quién llenará el vacío dejado por Usaid. Con su desmantelamiento, China tiene la oportunidad de expandir aún más su soft power en países emergentes y de bajos ingresos, ofreciendo financiación y asistencia a naciones que antes dependían de EE.UU. Sin embargo, hasta ahora el gigante asiático ha sido reticente a formar parte de sistemas y mecanismos de coordinación multilateral. En cuanto a la Unión Europea, apostó en su momento por reconvertir la ayuda al desarrollo en alianzas globales y programas de financiación, por lo que numerosos países europeos ya han anunciado importantes recortes de su ayuda exterior.
Y el otro gran interrogante es si el mundo está preparado y concienciado para asumir de manera colectiva y solidaria el reto de la cooperación global en un escenario de aumento de los nacionalismos y debilitamiento del multilateralismo.
Lo cierto es que, en todo el planeta, miles de organizaciones sociales fundamentales han perdido la ayuda que recibían y, de momento, no tienen alternativa.