Salomé Pradas, que era consellera de Justícia i Interior de la Generalitat Valenciana el 29 de octubre del año pasado, cuando se desató la dana que causó 227 víctimas mortales, así como su número dos, Emilio Argüeso, han sido citados a declarar como investigados por Nuria Ruiz Tobarra, titular del juzgado de instrucción número 3 de Catarroja (Valencia).
Pasados casi cuatro meses y medio desde que se produjeron las mortíferas riadas, periodo durante el cual el Gobierno valenciano, presidido por Carlos Mazón, ha tratado de eludir responsabilidades, a la vez que las atribuía a servicios técnicos estatales por haber informado, según su opinión, de modo inadecuado, la decisión de la jueza marca un antes y un después. Y lo hace con una contundencia manifiesta.
Dice en su escrito la instructora: “El problema residiría no en la ausencia de información, la había sobrada, y por innumerables medios, en tiempo real, al alcance de los responsables, ni en si la información venía de órganos dependientes de la administración central (Confederación Hidrográfica del Júcar o Agencia Española de Meteorología) o autonómica (el 112 de la Comunitat Valenciana), sino en el hecho de que ante dicha información, o bien se ignorara la misma, no se comprendiera su alcance (lo que resultaría igualmente grave), no se supiera por dónde discurría el barranco del Poyo, la situación del resto de poblaciones no relacionadas con dicho barranco, o no se tomaran las decisiones pertinentes por quien tenía el poder de decisión”.
La exconsejera de Interior y su número dos son investigados por la gestión de la emergencia
Aunque en su mayoría ya eran conocidos, los datos acopiados por la jueza son demoledores y rompen la línea defensiva del actual Gobierno valenciano. Recordemos algunos: el día 26 de octubre, la Agencia Española de Meteorología advirtió del extraordinario riesgo previsto para el 29; ese día, pese a las torrenciales lluvias ya registradas, la reunión del Cecopi (el centro de cooperación operativa integrado de la Generalitat Valenciana) se inició a las 17 h, lanzó la alerta a los móviles de los ciudadanos a las 20.11 h –de modo “tardío y erróneo”, según la jueza-, y el presidente Mazón no se incorporó a esta hasta las 20.28 h, pese a que a lo largo del día el teléfono de emergencias 112 iba a acumular 19.821 llamadas.
Salomé Pradas ya no es consellera valenciana de Justícia i Interior, cargo desde el que dirigió la respuesta a la emergencia: Mazón la destituyó a las cuatro semanas de la catástrofe. Tampoco ocupa ya Argüeso el cargo que tuvo como secretario autonómico de Emergencias. Ellos dos son, de momento, los únicos investigados –figura con la que antes se denominaba a los imputados–, pese a que la Asociación de Damnificados Dana Horta Sud pidió en su querella que se investigara también a otros cargos. Ayer la jueza Ruiz Tobarra recordó expresamente al presidente Mazón, quien conserva la condición de aforado, la posibilidad de que solicitara declarar si así lo estimara conveniente. El juzgado todavía no ha puesto fecha a las comparecencias de Pradas y Argüeso.
Hay que felicitarse por la diligencia de la justicia, particularmente apreciable si la comparamos con la operatividad de las comisiones de investigación impulsadas por el PP, el partido de Mazón, en el Senado y en las Corts Valencianes, dos instituciones en las que dicha formación es la que ocupa más escaños. Ambas fueron creadas en los últimos días del pasado enero. Pero hasta la fecha son poco resolutivas, al haber preferido establecer límites a su cometido antes que ampliarlo hasta donde sea necesario para esclarecer todas las responsabilidades que se desprendan del caso. Probablemente por ello, partidos de izquierda confían en crear otra comisión sobre la catástrofe, esta vez en el Congreso de los Diputados, que acaso logre luz verde esta semana.
La diligencia de la jueza contrasta con el fruto de las investigaciones en el Senado y las Corts
Convertir una desgracia colectiva como la dana que asoló Valencia el pasado octubre en un caballo de batalla político no es en absoluto una buena idea. Relegar lo urgente, que es saber qué falló y a quién son atribuibles los fallos, aún es una peor idea. Porque es probable que una gestión más acertada de la crisis y la rápida toma de las decisiones pertinentes por parte de quienes tenían el poder decisorio hubiera ahorrado víctimas mortales, además de reducir unos daños materiales que se cifran ya en más de 17.000 millones de euros. Y porque, desgraciadamente, dados los efectos de la crisis climática, y dados los recursos infraestructurales disponibles, nadie está en condiciones de afirmar que la destructiva dana de octubre del 2024 vaya a ser la última.