Viendo el final feliz para las diez familias de la casa Orsola, una se pregunta qué hará el Ayuntamiento de Barcelona ahora cuando otros inquilinos, en condiciones más o menos parecidas a las del mediatizado profesor Josep Torrent, llamen a la puerta del despacho del alcalde.
Solo en el Eixample, hay otras 45 casas Orsola. Inmuebles comprados legalmente desde el 2017 para transformar sus alquileres convencionales en pisos turísticos primero, y de alquiler de temporada después. Salir al rescate público de sus inquilinos a medida que sus contratos finalicen supondría invertir más de 400 millones. Eso, en un único distrito.
Ha escogido Collboni la vía que mejor le iba políticamente para cerrar el conflicto
La solución del alcalde de Barcelona solo se justifica en que la alternativa era peor. Flojea la coherencia política. Hace tres años, este mismo Ayuntamiento, dirigido por Ada Colau y con el PSC de socio, renunció a acudir a su derecho preferente en la casa Orsola por entender que no había despropósito. Ahora, la factura sube cerca de tres millones más y encima el propietario ha salido ganando.
Pagar 9,2 millones públicos para solo diez familias es una morterada, se mire como se mire, más si vamos a otra cifra: las casi 700 familias en lista de espera en la ciudad para un piso social... que no existe.
Ha escogido Collboni la vía que mejor le iba políticamente para cerrar el conflicto. Una vía que contemporiza con ese temor cada vez más extendido de que los expats y los ciudadanos de paso acabarán expulsando a la periferia a los vecinos de toda la vida. Este fenómeno lleva años ocurriendo y no cesará. El mercado ha campado libre ante una administración que no hacía los deberes de reserva de espacio ni de construcción para vivienda protegida.
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A partir de la operación Orsola, cualquier barcelonés amenazado con un desahucio podrá ir al Ayuntamiento y pedirle que compre la vivienda y le mantenga el alquiler. Collboni asegura que no, que esto ha sido “excepcional”. Cuidado, el agravio. Negar el precedente es tanto como reconocer que, según cual sea la presión o el barrio, está bien actuar con arbitrariedad. Pero ninguna administración puede discriminar, sino que debe tratar a todos los iguales por igual.
Otro problema que se presenta es la redefinición que se hace de vulnerable. Difícilmente se puede justificar una compra pública por tamaño importe para rescatar a personas que no responden a la vulnerabilidad residencial. Los beneficiados de la casa Orsola lo son por el hecho de vivir donde viven, además de por saber gestionar hábilmente su caso, no por la necesidad. Se abre así la caja de los truenos.
