Al reunir los dispares apoyos que posibilitaron su investidura presidencial, en noviembre del 2023, Pedro Sánchez expresó una satisfacción comprensible. Pero dicha satisfacción se vio empañada por el augurio de tiempos difíciles, puesto que una mayoría tan fragmentada y sin programa común anunciaba quebraderos de cabeza para el Gobierno. No era un augurio desencaminado, ya que la aprobación de sus proyectos legislativos iba a depender, entre otros factores, de los intereses contrapuestos de los partidos que le auparon.
Todo eso se apreció de forma clara en la comisión de Hacienda del lunes, que tras frenéticas negociaciones arrojó sus últimos frutos ya empezado el martes. A ratos, pareció que la sesión podía terminar con un duro revés para el Ejecutivo, que cerca estuvo de ver completamente pulverizada su propuesta de reforma fiscal. Hasta que a ultimísima hora consiguió mantener algunos de sus aspectos, entre los que destaca el pacto para intentar prorrogar el impuesto a la banca.
No fue la del lunes la primera sesión de infarto para el Gobierno. Pero sí una de las más agitadas, dada la ya apuntada diversidad de criterios. Como muestra, un botón: el Gobierno pactó con ERC, Bildu y BNG prorrogar el impuesto a las grandes eléctricas, y con Junts, casi lo contrario. La necesidad política obra prodigios, pero semejantes concesiones a la carta no se sostienen fácilmente.
Los difíciles equilibrios del Gobierno se deben, básicamente, a dos razones. La ya mencionada fragmentación del bloque de la investidura, en el que conviven partidos de tan distinta naturaleza como el PNV y Bildu, y, por otra parte, la rivalidad entre Junts y ERC, que viene de antiguo y va a más. Esto es así, entre otros motivos, porque la perdida mayoría independentista en el Parlament, además de certificar el final del procés , aboca a Junts a una redefinición de su espacio político. Si tiempo atrás fue en algunas reivindicaciones de la mano de la CUP, ahora parece dispuesto a recuperar su papel como referencia conservadora catalana. En esta coyuntura, las tensiones políticas entre Junts y ERC se agravan y tienen efectos en la escena política autonómica, donde ambas formaciones están en fase de redefinición, y en el Congreso.
La Comisión de Hacienda del lunes evidenció los diversos intereses del bloque de la investidura
Mañana se verá en el pleno del Congreso en qué situación queda el Gobierno: si logra salvar los muebles de su reforma fiscal o si, por el contrario, obtiene un resultado muy parco y alejado de su objetivo. Y, por consiguiente, si la difícil negociación presupuestaria todavía en curso se ve iluminada con cierta esperanza o queda ensombrecida por el pesimismo.
Antes de que suceda una cosa u otra, es oportuno referirse a cuatro cuestiones. En primer lugar, constatar que en estas negociaciones multilaterales las diferencias ideológicas pueden obstaculizar, y mucho, los acuerdos. Y que, además, cuando a ellas se suman las rencillas entre algunos partidos, la situación, por endiablada que sea ya, aún puede complicarse más.
En segundo lugar, quisiéramos invitar a los partidos que impulsaron la investidura de Pedro Sánchez a que se hicieran esta pregunta: ¿no carece de sentido, pese a la ausencia de acuerdos programáticos, hacer posible un Ejecutivo para luego no comprometerse mínimamente con la gobernabilidad del país?
En tercer lugar, se le podría reprochar al Gobierno su tendencia a colocar en el mismo paquete legislativo propuestas de distinto orden, en la esperanza de que unas tiren de las otras y todas acaben aprobadas. En ocasiones eso puede funcionar. En otras, especialmente cuando la ambición supera con mucho los apoyos disponibles, no. Lo cual puede, además, abortar iniciativas pertinentes.
Sería muy inconveniente dejar escapar los más de 7.000 millones del quinto paquete de ayuda europea
En cuarto y último lugar, conviene subrayar que la ciudadanía difícilmente entendería que las diferencias entre los distintos partidos resultaran insuperables y que, a consecuencia de ello, acabara perdiéndose el quinto gran paquete de ayudas europeas, cifrado en más de 7.000 millones de euros. Sería incoherente reclamar de continuo, desde instituciones de distinta escala, más recursos económicos y luego asistir de brazos cruzados a la pérdida de tan importante cantidad o, peor aún, propiciar tal pérdida.
La política es transacción, con mayor motivo cuando son muchas las formaciones con escaños suficientes para hacer valer sus intereses. Pero la política debe evitar bloqueos, porque también es, de modo preferente, servicio a los ciudadanos. Y cuando se priman los perfiles partidistas sobre los intereses comunes, ese servicio puede dejar mucho que desear.