Plantear la campaña de las elecciones europeas de mañana en clave nacional, como han hecho los dos grandes partidos españoles, y en particular el PP con su ofensiva contra Begoña Gómez, esposa de Pedro Sánchez, es un error político, además de una desconsideración flagrante de los decisivos desafíos a los que se enfrenta la Unión Europea. Pero plantearlo además de tal manera que haya acabado en un choque sin precedentes entre el Gobierno y parte de la judicatura española es una equivocación mayor, puesto que lesiona los equilibrios entre los distintos poderes del Estado y, de paso, incrementa el desdoro institucional.
El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) estuvo el jueves en un tris de irrumpir abiertamente en la campaña de las elecciones del 9-J. Los vocales que forman parte de dicho organismo a propuesta del PP, y que como el resto de sus colegas tienen el mandato caducado desde hace más de dos mil días, promovieron un comunicado que, finalmente, no fue emitido, aunque sí trascendió su propósito, centrado en dos puntos. En el primero, se expresaba el apoyo al magistrado Juan Carlos Peinado, titular del juzgado de instrucción número 41 de Madrid, que creyó conveniente anunciar a cinco días vista del 9-J que iba a citar dentro de un mes a Begoña Gómez como investigada, a resultas de la denuncia basada en informaciones de ciertos medios que ha impulsado un sindicato ultraderechista. Y en el segundo punto de dicho comunicado se criticaba la última carta del presidente del Gobierno a la ciudadanía, divulgada tras la citación de su esposa, en la que aludía a la “regla no escrita” que aconseja posponer resoluciones judiciales que puedan condicionar el desarrollo de una campaña electoral hasta que esta haya terminado y, acto seguido, se invitaba a los destinatarios de la misiva a “extraer conclusiones” sobre la decisión de Peinado.
El enfrentamiento entre el poder ejecutivo y el judicial lesiona el prestigio de ambos
La iniciativa de los vocales conservadores del PP, ofendidos por la puesta en duda de su independencia que, a su entender, implicaba la carta de Sánchez (y sin embargo dispuestos a intervenir en la escena política manifestándose en su contra a solo tres días de las elecciones europeas), fue a su vez censurada por varios ministros socialistas. El de la Presidencia dijo que no le extrañaba ese intento de comunicado de los vocales conservadores del CGPJ, puesto que “están a las órdenes de lo que establece en este caso el PP”. El titular de Transportes les afeó la pretendida injerencia, y les animó a presentarse a las elecciones para que “si les votan, gobiernen, pero no con las togas”. Y el ministro del Interior criticó al líder del PP por haber censurado el modo en que se dio a conocer el informe de la Guardia Civil que no halló indicios de delito en las actividades de Begoña Gómez, y que obraba ya en poder de Peinado cuando este anunció que iba a citarla.
Los ciudadanos españoles merecen otro tipo de campañas electorales. En los comicios de mañana los europeos nos jugamos el futuro de la UE y la continuidad de sus valores fundacionales, en un momento de ascenso de las formaciones ultraderechistas, que podrían lograr una cuota de poder determinante en el gobierno comunitario. Por tanto, reducir dicha campaña a una mera prolongación de las estomagantes rencillas parlamentarias españolas es un dislate y una falta de respeto a los ciudadanos. Desgraciadamente, hay más: aprovechar la campaña electoral para alimentar, de un modo u otro, los enfrentamientos entre parte de la judicatura y el Gobierno, o viceversa, con daño manifiesto para el prestigio de ambos, es algo de una gravedad incontestable, que sin embargo parece haber adquirido ya carta de naturaleza en nuestra escena política, pese a ser un error que, si no se corrige ya, puede llegar a propiciar otros mayores, de mucha más difícil reparación.