Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo andan a pelea dialéctica diaria sobre la sequía, los supuestos estropicios que la Junta de Andalucía pretende acometer en Doñana y las derivadas medioambientales del cambio climático. El problema es que hace muchos meses que no llueve con generosidad y que las predicciones son pesimistas. El drama es que la sequía castiga muy severamente a los agricultores y ganaderos que luchan por sobrevivir y que, una vez más, vuelven a ser tentados de abandonar las tierras que han sido cultivadas durante siglos.
El mundo rural no es un paraíso terrenal como se pinta desde los despachos de los políticos y funcionarios. Sostengo que habrá una cierta repoblación del campo, pero no en las precarias condiciones y la inseguridad económica de hoy. El sector primario es tan imprescindible como el energético. Estábamos preocupados por el petróleo y el gas y han saltado las alarmas porque no hay agua.
Lo que no han hecho los gobiernos durante años lo plantean ahora como interesadas urgencias de una campaña electoral. Esto no es un juego dialéctico, señores, sino una cuestión de supervivencia de un sector vital para el buen funcionamiento del país.
Los gobiernos han regulado y burocratizado el campo sin impulsar nada serio
¿Qué han hecho los gobiernos en los últimos diez años para prevenir los efectos nefastos de las sequías cada vez más prolongadas? Poca cosa. Han regulado y han burocratizado el campo sin impulsar nada serio.
Salvador Illa decía el martes que el Govern no puede dar lecciones sobre la sequía si el año pasado “de cada tres euros que disponía para el agua, dos se han quedado en el cajón”. La Comisión Europea ha sacado tarjeta amarilla a la Generalitat por no hacer los deberes. Lo mismo cabe decir del Gobierno español, que gestiona las cuencas hidrográficas y que acaba de cerrar parcialmente el canal de Urgell, una estructura financiada por los Girona, oriundos de Tàrrega, que a partir de 1853 construyeron 144 kilómetros de canal, que regarían unas 75.000 hectáreas. De desierto a oasis.
Luego ha venido el Segarra-Garrigues, una de las mayores infraestructuras en Catalunya en los últimos tiempos que no está todavía a pleno rendimiento. Desde la desalinizadora del Llobregat, que se inauguró en el 2009, en tiempos del tripartito, se ha hecho poca cosa en prepararse para las sequías. El patriotismo consiste también en el buen gobierno.
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