Se inicia este año con la expectativa de la celebración de elecciones de carácter municipal, autonómico y nacional, en el que los ciudadanos nos convertiremos en actores imprescindibles para la gobernabilidad del país que, de una manera u otra, marcarán la agenda política.
Es, pues, importante dejar sentado que la democracia es el sistema político que se asienta en la soberanía del pueblo, o dicho de una manera más precisa, aquel sistema en el que los ciudadanos deciden según sus preferencias, que afortunadamente son diversas y hasta antagónicas, a sus representantes políticos, que estarán al servicio de la nación encarnada en la diversidad de sus ciudadanos.
Los gravísimos y preocupantes hechos acontecidos últimamente en España, que han propiciado inaceptables broncas parlamentarias pronunciadas por boca de los más altos representantes de los partidos políticos, así como la manipulación partidista que se ha hecho de las instituciones han conducido al incumplimiento flagrante de la Constitución y de no pocas leyes orgánicas, que han afectado, sin duda, a su prestigio y credibilidad, algo que no debe volver a producirse. No es de recibo que los partidos con mayor número de representación ciudadana se acusen mutuamente de ello, pues ambos son responsables del enfrentamiento, tan alejado del respeto en la discrepancia que entre ellos legítimamente existe. Y, sobre todo, el respeto a los ciudadanos debiera ser una obligación que, en cualquier caso, resulta ineludible para quienes tienen una responsabilidad pública.
Los ciudadanos debemos exigir que la labor de los partidos contribuya a atemperar y a encauzar los conflictos con el fin de buscar consensos que faciliten la convivencia en una sociedad plural que transita en un mundo de grandes transformaciones y retos ante los que cada cual tiene su parcela de responsabilidad en la promoción y defensa de los derechos fundamentales, que son el presupuesto de la democracia y de la paz social.
Debe quedar claro y sentado que en el Estado de derecho el poder está compartido por tres poderes independientes entre ellos, como son el legislativo, el ejecutivo y el judicial, obligados a respetarse en la función que a cada uno de ellos corresponde en exclusiva. Las graves trifulcas y las inaceptables expresiones, que descalifican a quienes las pronuncian, producen sorpresa, cuando no la certeza de que lo que se pretende no es una alternancia en el poder sino las ansias de arrebatarlo a quien lo ostenta.
En no pocas ocasiones no tenemos más remedio que pensar que estas ansias son el único y verdadero interés de algunos partidos. El control de los tres poderes por una sola fuerza política o una determinada fuerza ideológica es precisamente lo contrario a lo pretendido por el sistema democrático, que tiene precisamente sus límites en los estados de derecho configurados por sus constituciones y su ordenamiento jurídico derivado, donde se marcan las reglas del proceder democrático.
Creemos que no se puede volver a incumplir, en ningún modo, el mandato constitucional respecto a la renovación del Consejo General del Poder Judicial, un órgano de máxima importancia para la administración de la justicia que en exclusiva ejercen los jueces y magistrados en el momento de juzgar y exclusivamente en ese momento; como tampoco respecto a la renovación del Tribunal Constitucional, que no forma parte del poder judicial como algunos con ignorancia maliciosa ignoran y que, lamentablemente, en estos momentos lo conforman nada menos que ocho jueces y magistrados, y únicamente tres miembros que no pertenecen al poder judicial, más un miembro vacante y pendiente de cubrir.
Como es natural, los ciudadanos que vamos a ser llamados a las urnas conformamos un pueblo diverso y plural que debe convivir y progresar en el respeto mutuo y en él debe ser gobernado. En consecuencia, el partido que gana las elecciones ha de ser reconocido como tal por el resto de los partidos y fuerzas políticas y debería tener el apoyo necesario para poder gobernar sin olvidar en ningún caso la conjunción de criterios y pareceres para atender al interés general, que no tiene por qué coincidir con el interés exclusivo del partido que gana las elecciones.
El partido que gana las elecciones debería tener el apoyo necesario para poder gobernar
La moderación en política y en democracia, sobre todo, no es una conveniencia sino una necesidad. Una necesidad para el respeto, una necesidad para el progreso y una necesidad porque cuando deje de gobernar ese partido o la coalición que forme, gobernará otro partido o coalición que tendrá que ceñirse a esa misma regla de moderación que distingue a las democracias.
La excesiva confrontación que hemos vivido ha sido agravada por la instrumentalización de las asociaciones de jueces y magistrados, que han dado la impresión de obedecer más a ideologías políticas que a intereses profesionales; riesgo en el que no pueden caer porque ello desvirtuaría su finalidad en perjuicio de todos.
En igual medida los medios de comunicación, que, también legítimamente, tienen sus preferencias políticas, deben vigilar que la opinión que pueda merecerles el comportamiento de los representantes de las distintas fuerzas políticas en ningún caso menoscabe el prestigio de las instituciones que todos, absolutamente todos, debemos respetar. Cuando no actúan así entran a participar en una lucha política que abunda en el desánimo de los ciudadanos y, también, en el descrédito de las instituciones democráticas del país. El conjunto de todo ello afecta, sin duda, a la credibilidad de la democracia.
TREVA I PAU, colectivo formado por Jordi Alberich, Eugeni Bregolat, Eugeni Gay, Jaume Lanaspa, Juan-José López Burniol, Carles Losada, Josep Lluís Oller, Alfredo Pastor, Xavier Pomés y Víctor Pou
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