Soplan vientos de cambio en los altos órganos de la judicatura española. Pero son vientos de distinta intensidad y no se dejan notar por igual en todos ellos. El Tribunal Constitucional (TC) parece estar a punto de completar su renovación. Por el contrario, el Partido Popular (PP) sigue obstaculizando la del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), demorada desde hace más de cuatro años.
Concretada ya la nueva mayoría progresista (con siete de los once magistrados), el TC se reúne hoy para elegir a su nuevo presidente. Y lo hace con un resultado incierto, porque el encuentro que ayer mantuvieron los jueces del sector progresista para consensuar un candidato no arrojó el fruto buscado. De manera que la elección de dicho presidente se dirimirá hoy entre Cándido Conde-Pumpido y María Luisa Balaguer. Ha fracasado por tanto el plan para acudir al pleno de hoy con un candidato consensuado. El primero contaba con el beneplácito del Ejecutivo y el respaldo de magistrados del sector progresista, pero no de su unanimidad. Y la segunda disponía del apoyo del sector gubernamental del feminismo clásico y, también, de algunos magistrados conservadores.
El TC puede recuperar hoy cierta normalidad pero el CGPJ sigue en fase de caducidad
Era una voluntad extendida entre los progresistas acudir a la reunión del TC de hoy con un candidato pactado por todos ellos. Pero no se consiguió. El resultado está, por tanto, abierto. Y, con él, la posibilidad de que el sector progresista recupere su predominio en el tribunal de garantías que es el TC, tras casi un decenio de dominio conservador, exhibiendo sus diferencias y, en consecuencia, apuntando sus debilidades.
Sea quien sea su nuevo presidente, el TC recuperará hoy una casi completa normalidad. No puede decirse lo mismo del CGPJ, órgano superior del poder judicial español, cuya renovación sigue impidiendo, de modo obstinado, el PP con su bloqueo. Anteayer, Alberto Núñez Feijóo, presidente de la formación conservadora, reiteró sus condiciones particulares para proceder a una renovación que está regulada por la Carta Magna y, como tal, no está sujeta a otras opiniones. Feijóo subordinó, la semana pasada, dicha renovación a la reforma del sistema de elección de nuevos jueces y magistrados, que a su entender debería depender de ellos mismos, al menos en el caso de doce de los veinte vocales de este órgano, en lugar de depender en su conjunto, como sucede ahora, de las Cortes.
A efectos prácticos, lo que pretende el PP es regresar al sistema legal vigente en 1980, cuando una docena de jueces y magistrados del CGPJ eran elegidos directamente por sus colegas. Este sistema tenía como consecuencia, en un colectivo profesional de mayoría conservadora, la sistemática formación de altos órganos con neto predominio conservador. Motivo por el cual los socialistas modificaron la ley en 1985, para confiar al Congreso y al Senado el nombramiento de los veinte vocales, cosa que fue positivamente sancionada por el TC.
El número de argumentos presentados por el PP para oponerse a la renovación del CGPJ es ya muy extenso y produce cierto sonrojo. Por mera acumulación, cada nuevo argumento se resta credibilidad a sí mismo y se la resta a los anteriores. Según se amontonan, se consolida la sensación de que el primer partido de la oposición está abundando injustificable e impunemente en una conducta abusiva.
Las consecuencias de este modo de proceder, como hemos apuntado en anteriores ocasiones, son muy lesivas para el prestigio de la democracia y para el de las altas instituciones judiciales, que deberían estar a salvo de estrategias políticas cortoplacistas. Sin embargo, el PP se ha enrocado en esta posición y no atiende a razones. Lo cual enfatiza su error y complica la regeneración y el futuro del CGPJ.