Durante las últimas fechas, representantes del Gobierno y de ERC han mantenido sucesivas reuniones para consensuar las propuestas de reformas legales encaminadas a modificar las penas asociadas al delito de malversación. Todo ello se produce, como es bien sabido, en el marco del proceso de pacificación del conflicto catalán, que alcanzó cimas tormentosas en la fugaz declaración de independencia del 2017 y en las condenas en otoño del 2019 tras el juicio del procés y, ya en clave desinflamatoria, prosiguió con los indultos concedidos a inicios del verano del 2021 a los condenados en dicho juicio y con la reforma del delito de sedición anunciada el pasado noviembre y su relevo por el de desórdenes públicos agravados.
El objetivo de las modificaciones relacionadas con el delito de malversación se enmarca en el afán de reparación de las relaciones entre el Estado y la Generalitat. De ahí el contenido de las enmiendas a la proposición de reforma del Código Penal impulsadas por ERC, que incorporan una importante reducción de penas, hasta la mitad de lo que todavía fija dicho código. La fórmula de los republicanos se basa en introducir el ánimo de lucro, la apropiación, como condición para que haya malversación en el caso de los funcionarios públicos y autoridades, de manera que pudiera no aplicarse con la misma intensidad a quienes no han desviado fondos públicos para su enriquecimiento personal. Aunque, de hecho, el redactado de ERC está pensado para que ninguno de estos supuestos sea de aplicación a las decenas de ex altos cargos de la Generalitat, los encausados del procés y los huidos a Bélgica. De hecho, ERC argumenta abiertamente que la reforma evitaría el uso arbitrario de la malversación para perseguir a independentistas.
ERC quiere reducir pena a independentistas, y el PSOE, evitar que los corruptos se beneficien
El PSOE, acaso escarmentado por las indeseadas bonificaciones penales y las excarcelaciones de delincuentes sexuales derivadas de la reciente aprobación de la ley del solo sí es sí, tiene sus propias prioridades en el asunto de la malversación. Una principal es evitar que los políticos corruptos obtengan, a causa de las enmiendas republicanas, favores que no merecen. Su pretensión tiene sentido en toda circunstancia, y más cuando algunos históricos socialistas están incursos en procesos por corrupción. De ahí que el PSOE tenga in mente matizar esa propuesta de ERC con un nuevo tipo de malversación que afectaría a quienes desviasen de manera irregular partidas presupuestarias para fines que no son los legalmente establecidos, comportamiento que sería penalizado con hasta cuatro años de cárcel, aunque el dinero no salga de la administración pública. Se trata así de que tampoco el caso de los dirigentes independentistas quede impune, si bien la pena máxima que se les podría imponer sería menor que los seis años que ahora mismo establece la ley, tal como la dejó el PP. Para acallar, además, a quienes acusan al Gobierno de favorecer a los corruptos, se propone incluso endurecer el Código Penal para casos de enriquecimiento ilícito que busca, a la vez, lanzar un torpedo dirigido contra el PP.
En líneas generales, los cambios legales con alguna motivación de orden político deben ser abordados con la mayor de las cautelas. Puede llegar a considerarse que obedecen a un fin político superior, como es la recuperación de cierta normalidad en las escenas políticas española y catalana, tan convulsionadas a raíz del intento independentista del 2017. Aun así, toda prudencia es poca para evitar efectos indeseados si ciertos políticos corruptos obtuvieran beneficios personales tras cometer fechorías que dañan a las instituciones y minan la confianza colectiva en ellas. Mediando prudencia, no nos parece censurable actuar con cierto arrojo si el objetivo va a reportar mejoras para la sociedad. Las reformas del Código Penal no son una novedad. Las hizo el PP en el 2015, por cierto en lo relativo a la malversación, cuando la corrupción afloraba en sus filas. Y las alienta ahora el PSOE para atender las demandas republicanas y, de este modo, tratar de sustanciar el diálogo y la convivencia.