El Tribunal Supremo ratificó ayer la sentencia que condena a dos expresidentes de la Junta de Andalucía y exministros, los socialistas Manuel Chaves y José Antonio Griñán, a nueve años de inhabilitación y seis de prisión, respectivamente, y certificó la enmienda a la totalidad a una era del socialismo andaluz. Han pasado trece años de instrucción, juicios y recursos por el caso de los ERE hasta la sentencia dictada ayer por tres de los cinco magistrados de la Sala del Alto Tribunal. Trece años que han culminado con una resolución que divide al tribunal en la discusión sobre si hubo o no malversación en la actuación de Griñán, lo que le habría evitado entrar en prisión. Pero también han sido trece años de castigo político
para el PSOE, que gobernó durante casi
37 años ininterrumpidos en Andalucía, hasta que el PP con Juan Manuel Moreno Bonilla le arrebató el poder en el 2019.
El vuelco político en la Junta no fue ajeno a la imagen que se impuso con el caso de los ERE de una trama corrupta que tenía resortes en incontables despachos de la administración andaluza. La Junta repartió sin control 680 millones de euros a empresas en crisis para garantizar la “paz social”. El dinero público era destinado no tanto a paliar el desempleo como a consolidar una fórmula de clientelismo muy contraproducente para quienes, en Andalucía o cualquier rincón de España, luchan a diario para ganarse la vida con su trabajo y esfuerzo individual.
El socialismo andaluz sigue pagando por la imagen de descontrol en la gestión
La sentencia certifica el fin de una etapa negra para Andalucía. Chaves y Griñán ocuparon la presidencia de la Junta durante 23 años, fueron ministros y presidentes del PSOE y junto a ellos son condenados cuatro exconsejeros, viceconsejeros, directores generales... Y hoy el socialismo sigue pagando por aquel descontrol en la gestión de fondos públicos en el que podría calificarse como el mayor caso de corrupción de la historia por el volumen de recursos desviados. La macrocausa minó la moral de los socialistas, no solo los andaluces, y hundió su prestigio político, aunque el exalcalde de Sevilla y quien fue candidato a la presidencia, Juan Espadas, siga defendiendo la “honorabilidad” de los históricos líderes del partido.
El castigo llega tarde y en las filas socialistas puede parecer desmesurado. Tanto que el Gobierno evita manifestarse sobre un posible indulto, aunque tampoco lo descarta. La justicia debe hacer su trabajo con más diligencia para evitar estos largos periplos judiciales, y los partidos y servidores públicos deben convertir en divisa la tolerancia cero con la corrupción. Porque los recursos públicos son el bien más preciado para apuntalar el Estado de bienestar del que tan orgullosos nos sentimos.