En espera de Sánchez
En su momento dijimos que la huelga del transporte iniciada ahora hace diez días era la punta del iceberg de un problema mucho más amplio. A la protesta, a la que el Gobierno todavía no ha dado solución, se han sumado progresivamente los pescadores, los agricultores y, desde ayer, también los taxistas. El importante incremento de los combustibles, especialmente el gasóleo, los arruina. Pero el abanico del malestar social es mucho mayor a causa, asimismo, del enorme incremento de la factura de electricidad, que afecta tanto a empresas como a familias, especialmente las más vulnerables.
Las principales patronales españolas, CEOE y Cepyme, se sumaron ayer a la protesta y criticaron abiertamente la inacción política del Gobierno y le exigieron la adopción inmediata de medidas detalladas, concretas y eficaces para frenar los costes energéticos y poner fin a la huelga de transportistas. Advirtieron sobre la gravedad del desabastecimiento que se produce, que afecta a todo tipo de suministros, que paraliza la actividad económica y que amenaza con una gran crisis económica y social.
Crecen las críticas por la estrategia dilatoria del Gobierno ante el shock energético
No se puede acusar al Gobierno de inacción, sino, en todo caso, de ineficacia en su acción. El presidente Sánchez, que hoy está en la cumbre de jefes de Estado y de Gobierno de la Unión Europea, ha llevado a cabo una intensa gira estos últimos días entre las capitales comunitarias para buscar una solución conjunta al shock energético que ha provocado la guerra de Putin. Entre hoy y mañana se verá si ha tenido éxito. De entrada un acuerdo común para desacoplar el precio del gas del cálculo del coste de la electricidad, que es su principal objetivo, no parece probable que salga adelante por la oposición de Alemania. Eso permitiría bajar radicalmente el recibo de la luz. Habrá que ver qué alternativas salen de Bruselas. La UE no puede fallar en la adopción de una solución rápida y eficiente.
El Gobierno, aunque muy tarde, ha iniciado negociaciones con los transportistas, pero lo ha hecho con los interlocutores equivocados. Y hoy volverá a insistir en el error al reunirse con los representantes de las grandes empresas del transporte, integradas en el Comité Nacional del Transporte por Carretera, en lugar de hacerlo con los convocantes de la huelga, que son el colectivo de autónomos agrupado en la Plataforma Nacional por la Defensa del Transporte. A la reunión asistirán la vicepresidenta económica del Gobierno, Nadia Calviño; la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, y la ministra de Transportes, Raquel Sánchez. Eso demuestra la importancia que el Gobierno concede, por fin, al problema del brutal aumento que han registrado los combustibles. El presidente Sánchez les ha dado la orden de no levantarse de la mesa hasta que haya un acuerdo. Pero es fundamental que se incorporen los convocantes de la huelga. Si no es así, el eventual acuerdo que se pueda conseguir quizás no tenga la efectividad que se pretende.
Mientras el Gobierno español había aplazado el anuncio de la adopción de soluciones hasta el Consejo de Ministros del día 29, para tener tiempo de consultarlas y consensuarlas con los partidos del arco parlamentario, el resto de los gobiernos europeos han sido más activos en la adopción de subvenciones y bonificaciones para los sectores más afectados por la subida de los combustibles y la electricidad. El presidente Sánchez debe asumir este hecho, disculparse ante la sociedad por no haber valorado la crisis en toda su dimensión y reaccionar de inmediato. Las patronales españolas piden al Gobierno, en este sentido, que establezca y concrete ayudas directas en céntimos por litro al combustible, en línea con otros países de la UE, para que el transporte, la pesca y la agricultura puedan operar con normalidad. Hay muchos más problemas estructurales en estossectores,pero lo más urgente es abaratar el coste energético que sufren y que afecta a toda la economía.