Las oenegés piden organizar los controles a las importaciones que causan deforestación
Consumo
Nace la Alianza Cero Deforestación para garantizar un verdadero cumplimiento del nuevo reglamento que obligará a detallar el origen de las materias primas
Llamas en un incendio en la selva amazónica
La Administración española deberá dotarse de un cuerpo especializado con personal encargado del control de las materias primas y productos asociados a la deforestación importada. Esta es la demanda que ha hecho las entidades ambientalistas y de consumidores, con el objeto de que resulte eficaz el reglamento comunitario que vetará las materias primas sospechosas de provocar la deforestación (soja, carne de vacuno, café, madera, cacao, palma, caucho y madera).
El reglamento europeo sobre deforestación importada podría aprobarse definitivamente el mes de mayo o junio (tras haber obtenido la luz verde de las instituciones europeas en los trílogos); y luego, en el plazo de seis meses, las autoridades nacionales deberán designar la autoridad competente encargada de hacer los controles.
Isabel Fernández, portavoz de la Alianza Cero Deforestación, considera especialmente urgente crear este cuerpo de funcionarios, con conocimientos especializados para poder hacer un correcto control de estas materias primas en frontera. Los empleados deberán estar adscritos al Ministerio para la Transición Ecológica. “De nada serviría este reglamento, si no tenemos un cuerpo de funcionarios capacitados para ello; necesitamos personal y recursos económicos”, declaró a este diario. Ahora, el personal dedicado al control de la madera importada es muy escaso.
La necesidad de disponer de estos nuevos recursos también es perentoria porque la posible ratificación del tratado de comercio entre la UE y Mercasur hace previsible que aumenten la producción e importación de las materias primas que podrían ser sospechosas de causar deforestación.
Tala en Brasil
Cumplimiento del reglamento
Las principales oenegés ecologistas y de consumidores han lanzado una alianza para asegurar la aplicación efectiva de este reglamento y para prevenir que el tratado de la UE y Mercosur pueda poner en riesgo y entre en contradicción con la nueva regulación.
La alianza la componen Amigos de la Tierra, Ecologistas en Acción, Federación de Consumidores y Usuarios (CECU), Greenpeace, Mightly Earth, SEO/BirdLife, WWF, la Coordinadora Estatal de Comercio Justo y Carro de Combate, que han presentado la Alianza Cero Deforestación.
La mayor preocupación en estos momentos para las oenegés es que se asegure un rápido cumplimiento del reglamento, y que no se demore en el tiempo “como ha ocurrido con otros reglamentos”, ha lamentado Miguel Ángel Soto, de Greepenace.
Los países del Mercosur son Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay y Venezuela, con Bolivia en proceso de adhesión.
Estas entidades han expresado su temor de que el Acuerdo UE-Mercosur conlleve un aumento de la deforestación y de los conflictos relacionados con las violaciones de los derechos humanos debidos al hiperproductivismo, la expansión de la frontera del agronegocio (soja transgénica, por ejemplo) y el mayor uso de pesticidas.
Productos y zonas afectadas
Con el reglamento europeo, la Unión Europa vetará la importación de productos asociados a la deforestación: soja, madera, carne de vacuno, café, cacao, palma, carbón vegetal y madera así como algunos derivados (cuero…). Sin embargo, en la lista de materias vetadas no estará el maíz, el biodiésel, la carne procesada y otras carnes (cerdo, aves de corral). No obstante, habrá una revisión de ese listado en dos años
La norma incide sobre las zonas forestales de Brasil, Argentina, Paraguay e Indonesia especialmente. Se toma como base la “estricta” definición de bosque de la FAO, por lo cual no se incluye la protección de “otras zonas boscosas” con una menor densidad de cobertura de copa, lo cual hace que quedan desprotegidas las regiones de Pantanal (Brasil, Bolivia y Paraguay) y El Cerrado (sabana brasileña), entre otras zonas (sabanas, turberas...) pese a que pues se estima que el 65% de las importaciones de soja y vacuno de la UE procede del Cerrado.
“Otras zonas boscosas no entran”, se lamenta Isabel Fernández, aunque el reglamento prevé evaluar los impactos ambientales para poder ampliar este radio.
Diligencia debida
La fórmula diseñada para efectuar los controles consiste en la implantación de un sistema de autodeclaración (proceso de diligencia debida) mediante el cual se obligará a las empresas que venden o comercializan estas materias primas en la UE a que rastreen su origen y demuestren que no están vinculadas a la destrucción o degradación de los bosques.
Para ello, antes de la llegada del producto, deberán dar cuenta a la Administración de información relevante como la indicación de la geolocalización de la parcela donde se ha producido la materia prima (para ser utilizada en su caso).
Ante las sospechas que generen algunos productos de proceder de territorios deforestados, el operador tendrá que identificar, prevenir y mitigar estos riesgos.
Todo el reglamento se aplica tomando como referencia el 31 de diciembre del 2020. La previsión es que se haga un control del 9% de los operadores y de las materias primas y productos, en el caso de los países que sean clasificados como de mayor riesgo de deforestación.
Temores en el Sur global
El tratado UE-Mercosur “será más negativo que positivo”, según advierte Sergio Rojas, portavoz del pueblo indígena Qom del Chaco argentino. Rojas relacionó la deforestación con la agroindustria, y denunció el desalojo de las comunidades indígenas que está provocando.
Rojas alertó de los fuertes planes de deforestación del agronegocio, con proyectos impulsados por China con las autoridades provinciales, y expresó su temor a que continúen la tala masiva de bosques y la expulsión de comunidades indígenas.
Reglamento desconocido en Sudamérica
Adriana Ramos, coordinadora del Programa de Política y Derecho del Instituto Socioambiental (ISA) de Brasil, se ha mostrado muy preocupada por la violación de derechos humanos vinculadas al agronegocio y la utilización de los pesticidas.
“La firma de este acuerdo (UE-Mercosur) va a empeorar la situación de las comunidades indígenas, que viven al lado de plantaciones de soja que se fumigan y que por tanto, se ven en la necesidad de migrar de estas comunidades”, ha añadido Sergio Rojas, miembro del pueblo indígena Qom del Chaco argentino. Rojas se ha referido a la crisis climática que está atravesando su país y ha puesto énfasis en que “no se está discutiendo la Ley de Humedales en Argentina porque el objetivo es producir más, deforestar más”.
Tanto Sergio Rojas como Adriana Ramos han celebrado la aprobación del reglamento europea pero han alertado de que que tanto en Argentina como en Brasil la ciudadanía no tiene casi información ni del reglamento ni de las negociaciones entre la UE y Mercosur para alcanzar un acuerdo de consumo. Se trata de un tema muy relevante ya que existe un riesgo que el nuevo reglamento aprobado sirva para justificar ambientalmente el acuerdo UE-Mercosur.
Semestre español
Esta alianza pide a España que, en su presidencia del Consejo de la UE -el segundo semestre de 2023- apoye, como ya hizo en los trílogos, la inclusión de "otras áreas boscosas" en el régimen de aplicación del reglamento.
Por otra parte, la Alianza trabajará espera que "se desarrolle debidamente" el régimen sancionador (que corresponde a los estados) para garantizar que los operadores en toda la cadena de suministro obedecen las normas europeas.
Los grupos ambientalistas creen que el reglamento europeo puede se positivo y “arrastrar a otras regiones a hacer cosas similares”, según ha valorado desde SEO/BirdLife Juan Carlos Atienza, informa Efe.
Desde la CECU, su portavoz Ana Echenique ha incidido asimismo en la necesidad de transformar la mentalidad en el ámbito del consumo, donde habrá que contar "con historias que lleguen a la gente" del impacto sobre la biodiversidad y sobre las personas que acarrean determinados productos comercializados en la UE para que los consumidores ejerzan su "poder económico" y apoyen este tipo de legislación.