La dejadez y el olvido condenan al mar Menor

“Me lo han matado”. Miguel Carrasco, desde su casa de planta baja en la zona de la Ribera, pedanía de San Javier, describe de esta manera su impresión sobre el mar Menor, en Murcia. Recuerda este hombre de 80 años que de pequeño era imposible caminar de La Ribera a La Llana, paraje de dunas naturales que conecta el Mar Menor con el Mediterráneo, sin “pisar cangrejos” tal era la cantidad que salían de las aguas. Recuerda también que hasta hace unos 25 años era fácil pescar doradas, mújoles o incluso recoger con las manos caballitos de mar en un fondo lleno de berberechos y con una flora sencilla pero visible hasta en los lugares más hondos, de no más de seis metros. Y recuerda finalmente que hace unos años disfrutaba sumergiéndose en sus aguas limpias y saludables, hasta que estas comenzaron a ser “una papilla verde y asquerosa”. “Nos han matado el mar Menor”, insiste.

El sencillo comentario de Miquel Carrasco es un acertado relato de lo sucedido en las últimas décadas en esta laguna de agua salada de 135 km2, las más importante del Mediterráneo. Un largo e imparable proceso de deterioro que ha convertido un espacio de gran valor ecológico, casi paradisíaco, en poco menos que un lago de aguas turbias, destino de las aguas residuales urbanas y agrícolas, con el fondo marino enfermo por la falta de luz y oxígeno.

El Gobierno regional se ha tapado los ojos ante la multiplicación de terrenos de regadío que antes eran de secano

Con la estrecha complicidad de un Ejecutivo regional, gobernado desde 1995 por el PP, que no sólo no ha activado ningún plan de protección de la laguna hasta hace pocos días, sino que ha frenado o paralizado todas las iniciativas planteadas por el Estado, por los especialistas e incluso por los técnicos de la propia administración murciana, para conservar y revitalizar el mar Menor durante décadas. Con un añadido: desde hace más de 40 años existen informes que alertaban de los riesgos que podía sufrir esta laguna.

Bien al contrario, durante estas décadas, el Gobierno regional ha alentado la urbanización descontrolada en esta geografía, inundando de cemento la costa de esta albufera para dar respuesta a la demanda de turismo residencial. Basta ver la acumulación de urbanizaciones entre San Javier y Los Alcázares, importantes localidades de la zona, para entender de qué manera el boom inmobiliario se cebó con la costa del mar Menor. Lo peor, no obstante, es que la Administración autonómica se ha tapado los ojos ante la multiplicación de terrenos para cultivo hasta alcanzar las 20.000 hectáreas de regadíos de agricultura intensiva, que precisa de grandes cantidades de agua para forzar, en algunos casos, hasta cuatro cosechas al año, en un área que antes era de secano.

Esto es importante, porque para los cultivos de secano los agricultores generaban pequeñas construcciones para que el agua, escasa y bien aprovechada, no circulara y se conservara, cuando para el regadío es todo lo contrario. Lo que ha provocado la multiplicación de desalobradoras ilegales con una extensa red de canalizaciones que llevan sus aguas salobres llenas de nitratos, a través de alcantarillados y las ramblas, al mar Menor y a los acuíferos. Es tal la maraña incontrolada de canalizaciones que cuesta creer que los ayuntamientos y la Administración autonómica no sepan lo que está sucediendo desde hace muchos años. Un dato, según el Ministerio de Medio Ambiente hay más de 300.000 toneladas de nitratos en el acuífero del Campo de Cartagena.

El presidente murciano, Fernando López Miras, ha intentado en los últimos días culpar a la última gota fría de la aparición de decenas de miles de peces muertos en las orilla. Su actitud responde al patrón que este Gobierno siempre ha seguido sobre el estado del mar Menor: negar los problemas de fondo y las causas latentes de una degradación que se acelera cuando existen episodios torrenciales como los de septiembre, que reducen el oxígeno en las aguas provocando una masacre en la fauna. La Fiscalía murciana ha abierto una investigación .

Siempre ha sido una actitud negacionista ante todas las alertas y alarmas que se han lanzado al Gobierno regional, competente en materia de gestión de la laguna. Basta ver como el pasado día 10 se aprobó un Plan de Gestión Integral de protección del mar Menor que estaba elaborado desde el 2012 por la Universidad de Cádiz. O como el Ejecutivo murciano ha retrasado con argucias legales el Proyecto de Vertido Cero, elaborado por el Ministe-rio para la Transición Ecológica y la consejería de Agua, Agricultura y Medio Ambiente de Murcia, que se quiso activar tras el primer episodio de “papilla verde” en la laguna. Este proyecto se redactó en el 2016, y durante más de un año el Ejecutivo murciano lo retrasó presentando numerosas alegaciones. Ahora, el Gobierno de López Miras dice no tener los medios para ejecutarlo e intenta trasladar la responsabilidad al Estado.

La Administración murciana optó por negar las evidencias del deterioro de una laguna que es su competencia

“Ha sido una constante esta actitud de negación de la evidencia”, defienden desde la Delegación de Gobierno en Murcia. En la comarca del Campo de Cartagena, la Guardia Civil no ha ocultado su sorpresa ante la proliferación de pozos y canalizaciones, y la manera de camuflarlas, sin ningún control de una Administración que sigue defendiendo a la agricultura como un sector a mimar. Siempre con el argumento de que la industria agrícola genera miles de puestos de trabajo; sin valorar los efectos negativos sobre una laguna que está incluso perdiendo atractivo para sus residentes. Así lo cuenta Ángel Monedero, activista en defensa del mar Menor, vecino de Mar de Cristal: “La degradación por el exceso de nitratos no sólo mata a la flora y la fauna, arruina nuestras vidas, porque nuestras viviendas no valen nada”. Monedero no tiene dudas: “La complicidad del lobby de la agricultura, y antes de los constructores, ha condicionado la actitud del Gobierno regional hacia este mar que se muere”.

Informes de universidades, de organizaciones ecologistas, de la oposición y la experiencia in situ de los vecinos, que ahora han comenzado a movilizarse como nunca antes, responsabilizan a una Administración a la que todos, excepto el PP, hacen cómplice de este desastre ecológico.