La relación de Carlos Mazón con Vox siempre fue fluida y bastante cómoda para el presidente valenciano. El mandatario popular fue el primero en cerrar su acuerdo con la derecha extrema tras las elecciones autonómicas de 2023 y desde entonces no ha tenido problemas en ceder espacio y protagonismo a los 13 diputados que le han dado estabilidad esta legislatura, primero dentro del gobierno y, desde julio de 2024, desde la oposición.
El problema para Mazón es que esta buena entente se ha convertido, a medida que ha avanzado su mandato, en una relación cada vez más exigente y dependiente. De hecho, los acuerdos exigidos por Vox para aprobar las cuentas de 2025 son mucho más duros que lo que en su día PP y Vox acordaron para formar gobierno en la Comunidad Valenciana.
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Aquel primer pacto que permitió la investidura de Mazón ya levantó suspicacias por su contenido a pocos meses de las generales. En aquellas 50 medidas se plasmaron negro sobre blanco conceptos del ideario de Vox como la violencia intrafamiliar –en detrimento de la violencia de género-; se apostaba, por ejemplo, por la creación de una oficina de asesoramiento a las víctimas de la ocupación ilegal; y se señalaba que la Generalitat Valenciana, dentro del ejercicio de sus competencias, pondría en conocimiento de las Fuerzas y Cuerpos de seguridad del Estado los posibles casos de inmigración ilegal con especial atención a las mafias organizadas.
El acuerdo que permitió la investidura de Mazón también llevaba aparejado dejar la gestión de una vicepresidencia y conselleria de Cultura, así como otros dos departamentos en manos de los ultranacionalistas.
Mazón fue el primer presidente autonómico en cerrar un acuerdo con Vox
Mazón encaraba una legislatura aparentemente sencilla. Hasta la ruptura del gobierno, forzado por Santiago Abascal, el mandatario popular apenas tuvo algunos sobresaltos, como cuando el vicepresidente segundo, el extorero Vicente Barrera, se mostró públicamente contrario a algunas campañas a favor del colectivo LGTBI del Consell. Barrera (que durante años estuvo afiliado al PP) y Mazón nunca ocultaron su buena sintonía.
Pocas dificultades tuvo el gobierno de coalición para aprobar sus primeros y únicos presupuestos (los de 2024), donde los populares dieron libertad a Vox para gestionar el dinero de sus departamentos. Barrera no dudó en dedicar 300.000 euros a la Fundación Toro de Lidia y en anunciar, a bombo y platillo, que su Conselleria de Cultura no dedicaría un euro a entidades que promocionaran a figuras literarias como Vicent Andrés Estellés, Carles Salvador o Joan Fuster.
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Antes de romper su coalición, PP y Vox sacaron adelante su “agenda reformista” con la polémica consulta sobre la lengua base en la educación (idea del PP alimentada por Vox) o la Ley de Concordia propugnada por los de Abascal, entre otras medidas.
Durante meses, en el Parlamento autonómico, el PP no dudó en apoyar medidas como el cambio de la pancarta contra la violencia de género que despliegan los diputados cada vez que hay un asesinato machista; en votar una iniciativa contra el pacto verde europeo o en respaldar que se someta a pruebas médicas a los migrantes para determinar si son o no mayores de edad y saber “qué legislación se les tiene que aplicar”.
Nuevo escenario
Da la sensación que Vox manda más ahora que cuando estaba en el gobierno valenciano
Medidas que han abonado el terreno para asumir como propio, por parte de un president necesitado de un respaldo sólido en las Corts Valencianes, postulados de Vox contra el cambio climático, la agenda verde europea o la inmigración. Y es que el nivel de exigencia de los ultras ha ido en aumento a medida que la debilidad de Mazón por la dana ha ido evidenciándose, hasta el punto que parece que ahora Vox mande más que cuando estaba en el Consell.
