Unas 570.000 familias de la Comunidad Valenciana están llamadas a votar desde ayer en una polémica consulta que pregunta a madres, padres y tutores legales de los menores qué lengua base eligen para la educación de sus hijos e hijas. El trámite se inició ayer, a las nueve horas, en la plataforma web de la Conselleria de Educación que evidenció algunos problemas informáticos en su inicio.
El procedimiento arrancó con colapsos por la “alta demanda” en la web, alegaron desde el gobierno valenciano, que se resolvieron en las primeras horas de la mañana. La aplicación daba error durante algunos minutos y los mensajes en los grupos de conversación de padres y madres comenzaron a correr como la pólvora. Dudas ante las cuestiones planteadas -si el domicilio del alumno es “área limítrofe” del centro educativo o “de influencia” confundía a algunos usuarios- se planteaban en la primera jornada de votación telemática.
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La consulta, disponible en línea durante una semana, es para el gobierno del presidente valenciano Carlos Mazón la manera de dar “libertad” a las familias, que votarán “más valenciano o más castellano sin cortapisas, según sus preferencias”, defendía ayer el conseller responsable, José Antonio Rovira (siempre usando el castellano en sus declaraciones públicas). Por su parte, Mazón hacía bandera del proyecto para reseñar que “ya no hay un despacho político de un partido político obligando a los ciudadanos a lo que se quiere desde la administración ni desde el gobierno, sino que son las familias las que tienen la última palabra en la lengua base”.
Sin embargo, los argumentos del Partido Popular, que impulsó la consulta con el apoyo parlamentario de Vox a la ley que la sustenta, no convencen a la oposición. El portavoz de Educación por Compromís en Les Corts, Gerard Fullana, asegura que “no existen las garantías democráticas suficientes, no se puede votar presencialmente y, especialmente, no hay una custodia de voto que garantice seguridad y un seguimiento democrático de esta consulta”. También pone el foco en la constitucionalidad de la consulta, aunque el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana rechazó suspender cautelarmente este lunes tras los recursos presentados por la recién creada plataforma de Famílies pel Valencià y por Acció Cultural del País Valencià.
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“No desfalleceremos”, dijo Fullana, cuya formación sigue pendiente del Tribunal Constitucional, donde Compromís interpuso recurso hace unos meses porque, a su entender, la ley de libertad educativa sobre la que se sostiene la votación “incumple 28 artículos de leyes de rango superior”.
También el PSPV reafirmó su oposición a la consulta y su defensa del sí al valenciano, con la advertencia de que el resultado no respetará la elección de todo el mundo y que los estudiantes que repitan no siempre podrán continuar estudiando en la lengua seleccionada el curso siguiente. Miguel Soler, anterior secretario autonómico de Educación con el Botànic, señalaba que la organización de los grupos, que le compete a los centros educativos, será “un caos” y se producirán “desequilibrios”, teniendo en cuenta que además en las aulas de un solo grupo por curso no habrá más que una opción.
UGT-PV denuncia “presiones políticas que Educación está ejerciendo contra los centros educativos a través de Inspección”
Crítico con la votación es también el Sindicat de Treballadors i Treballadores de l’Ensenyament del País Valencià (STEPV), el mayoritario en el sector, que recibía en la primera jornada de votación diversas consultas de familias que cambian de etapa educativa el curso 2025-26 preocupadas por cuestiones referentes al curso siguiente. Asimismo, el sindicato reseñaban que las votaciones desde el móvil presentan “problemas añadidos que pueden desvirtuar totalmente el resultado” y advertía el sindicato de que si los resultados no son los que las familias realmente han elegido “habrán numerosas reclamaciones”.
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Otras polémicas vinculadas son las quejas de UGT-PV, que denuncia “presiones políticas que Educación está ejerciendo contra los centros educativos a través de Inspección”. Aluden a “prácticas más propias de una policía política que de un servicio público” que sostienen, en algunos casos, “podrían llegar a rozar los delitos de coacciones y prevaricación”.
El proceso de votación finaliza el 4 de marzo a las 14 horas. A partir de entonces, Educación realizará una publicación de los resultados, con datos anonimizados, para que cada persona pueda comprobar que el resultado corresponde con aquello que ha votado, aseguran desde la Generalitat Valenciana.
Más castellano que valenciano
La norma sobre la consulta establece los porcentajes máximos de enseñanza en uno u otro idioma dependiendo del territorio. Y es que en las zonas de predominio lingüístico castellano el castellano vehiculara el 80% del tiempo en Infantil; mientras en las zonas de predominio valenciano, en caso de salir el valenciano como lengua base solo alcanzará al 65% del tiempo lectivo. Educación asegura que la consulta permitirá que se creen grupos en lengua base valenciano en las zonas castellanoparlantes si hay demanda de las familias para que sus hijos estudien en dicha lengua base, pero el Consell Jurídic Consultiu ya advirtió que la administración educativa solo dice que “adoptará” las medidas oportunas para satisfacer dicha demanda, sin concretar cómo lo hará.
