Sentencia del caso Banco de Valencia: el epílogo de un fracaso social y financiero valenciano
Análisis
Fue el único banco español, junto a varias cajas de ahorros, que acabó arrastrado por la exposición al sector del ladrillo tras el estallido de la crisis financiera de 2008
Exaccionistas de la entidad creen que el Gobierno dejó caer al banco por la debilidad de la sociedad civil valenciana cuando se intentó sanear el sistema financiero valenciano
Vista general de la sede de Caixabank en València que anteriormente fue la sede del Banco de València.
La sentencia del caso Banco de Valencia, que absuelve a todos los procesados, entre estos el que fuera su presidente, José Luis Olivas, y su consejero delegado, Domingo Parra, supone el epílogo del hundimiento de una entidad financiera que fue durante más de un siglo referencia del sistema financiero valenciano. También fue ejemplo paradigmático de los efectos de la extrema exposición al sector de la construcción (en los últimos años de su existencia fue del 65%) y de la nefasta gestión de unos directivos que, aunque absueltos, nadie niega que llevaron al banco a la extenuación; factores que la llevaron a ser intervenida en 2011 por el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) tras detectarse un agujero de 548 millones de euros.
La absolución de Olivas y Parra no debe desviar la atención de las responsabilidades en la desaparición del banco
La absolución de Olivas y Parra no debe desviar la atención de las responsabilidades en la desaparición de un banco que, a juicio de varios antiguos accionistas consultados, “se podía haber salvado”. De hecho, fue el único “banco” (al margen de las cajas de ahorros) que fue sacrificado, entre otras razones, porque su principal accionista era Bancaja, otra de las entidades crediticias que se desmoronaron tras el estallido de la burbuja inmobiliaria en el año 2008. Como ya se sabe, Bancaja acabó integrada en Bankia. Otra más: la Caja de Ahorros del Mediterráneo, CAM, también desapareció y fue absorbida por el Banc de Sabadell. En pocos años, todo el sistema financiero valenciano se hundió, un caso inaudito en el mapa autonómico español.
El motivo fundamental del hundimiento del banco fue la excesiva concentración del riesgo en el negocio inmobiliario, que llegó a alcanzar el 65,8%, cuando la media del sector era del 59%. Los datos de 2011 señalaban una tasa de mora del 16,4%, el doble que la media del sector; una ratio de solvencia del 1,7%, muy por debajo del límite exigido del 8%; un déficit de recursos propios de 997 millones. Pero a pesar de estos datos, antiguos accionistas y directivos subrayan a este diario que “se podía haber salvado”. Pero para explicarlo hay que hacer un poco de historia.
José Luis Olivas y Domingo Parra
Fundado en 1900, el Banco de Valencia nació como una iniciativa de la alta burguesía local, que buscaba crear una institución financiera que reflejara los intereses económicos de la región. Durante buena parte del siglo XX, la entidad desempeñó un papel clave en el desarrollo empresarial y urbanístico de la Comunidad Valenciana. Sus oficinas emblemáticas en la calle Pintor Sorolla de València se convirtieron en un símbolo de estabilidad y prestigio. El banco quedó con el tiempo integrado en el Banco Central y limitado al ámbito regional. Fue superado en tamaño por la Caja de Valencia (después Bancaja), que acabaría comprándolo en 1994. Aquel año entró en escena quien sería consejero delegado de la entidad hasta su intervención, Domingo Parra, protagonista principal junto a José Luis Olivas de la caída del banco.
Es importante recordar que las cajas de ahorros fueron, de facto, intervenidas por el poder político tras el cambio de la Ley de Cajas impulsada por Eduardo Zaplana en 1996. Se convirtieron en instrumentos al servicio de la administración del PP para financiar proyector ruinosos como Terra Mítica, y de los operadores privados que actuaban en el mercado inmobiliario, con inversiones de enorme riesgo que las acabaron dinamitando; los famosos Planes de Acción Integrada, PAI.
El Banco de Valencia, que tenía a Bancaja de principal accionista, comenzó a mostrar síntomas de debilitamiento tras el estallido de la burbuja inmobiliaria en 2008
El Banco de Valencia, que tenía a Bancaja de principal accionista, comenzó a mostrar síntomas de debilitamiento tras el estallido de la burbuja inmobiliaria en 2008. A diferencia de otras entidades más diversificadas, su modelo de negocio estaba excesivamente vinculado al sector de la construcción y al crédito promotor, que representaba una proporción desmesurada de su cartera de inversiones.
Imagen de arcivo del expresidente de Bankia, Rodrigo Rato
Durante los años del boom inmobiliario, el banco incrementó de manera exponencial su financiación a proyectos urbanísticos y promociones inmobiliarias, muchas de ellas de dudosa viabilidad. Bajo la dirección de Domingo Parra y José Luis Olivas, la entidad adoptó una política de crédito de alto riesgo que priorizaba el beneficio a corto plazo sobre la sostenibilidad financiera. Las autoridades regulatorias no detectaron a tiempo las irregularidades ni la gravedad de la situación, lo que permitió que el deterioro se agravara. La restricción del crédito y la caída de los precios inmobiliarios provocaron un incremento en la morosidad y la depreciación de los activos del banco.
En noviembre de 2011, el Banco de Valencia fue intervenido por el FROB, que inyectó más de 1.000 millones de euros para evitar su quiebra. Además, el Banco de España aprobó un esquema de protección de activos para cubrir posibles pérdidas futuras. En 2012, el Banco de Valencia fue vendido a Caixabank por un euro simbólico, en una operación que garantizaba la continuidad de sus operaciones, pero implicaba la pérdida de su identidad como entidad independiente. Este movimiento generó una profunda conmoción en la sociedad valenciana, que vio cómo desaparecía uno de sus pilares financieros. Para Caixabank, la adquisición representó una oportunidad de consolidar su posición en la Comunidad Valenciana, pero también implicó asumir una cartera de activos problemáticos que tardaría años en digerir.
En noviembre de 2011, el Banco de Valencia fue intervenido por el FROB, que inyectó más de 1.000 millones de euros para evitar su quiebra
Tras la intervención, sus directivos fueron denunciados, juzgados y absueltos. Pero uno de sus anteriores miembros del consejo de administración señala que “Bancaja no fue un socio leal, tampoco el BFA, además el papel de Rodrigo Rato nunca ha sido explicado, hubo interés político en matar el Banco de Valencia para salvar otras entidades en España”. En círculos empresariales valencianos se valora que el Estado “dejó tirado al banco”. Uno de estos empresarios razona que “había un problema de solvencia. Mientras el banco intentaba hacer una ampliación por 400 o 500 millones para salvar la situación y estabilizar el balance, Bankia entendía que tenía que ser de, al menos, 900 millones”.
Desde el anonimato añade que “aquí se intentaba hacer una ampliación más pequeña para no diluir tanto el capital histórico valenciano. Ante esa coyuntura, Bankia le quitó la carta de crédito que le daba soporte financiero al Banco de Valencia para poder acceder al mercado de capitales. Al Banco de Valencia lo dejaron tirado. Eso generó desconfianza y hubo una desbandada de depósitos”. El Banco de Valencia ahora ya es historia, y ninguno de los responsables que lo llevaron al hundimiento han asumido ninguna culpa.