El debate sobre los cambios legislativos del delito de malversación han irrumpido de lleno en la agenda valenciana. En una comparecencia para presentar una encuesta sobre la percepción de la corrupción, el director de la Agencia Valenciana Antifraude (AVAF), Joan Llinares, ha indicado que la reforma del delito para reducir las penas si no hay lucro supondría un "retroceso" en la lucha contra la corrupción. El presidente de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig, por su parte, ha señalado que la reforma "va por el buen camino".
Llinares ha apuntado que establecer un tipo reducido si hay ánimo de lucro o no podría "facilitar vías de escape" al corrupto. Para el director de la AVAF no hay duda de que el bien jurídico que se ha de proteger es el erario público, por lo que entiende que si existe "mala gestión", esta debe ser considerada delito.
Valoración
El director de la agencia avisa que el ánimo de lucro "es difícil de demostrar" y puede acabar con absoluciones
En esta línea, Llinares ha alertado de las dificultades que existen para probar, en un sistema garantista como el español, el ánimo de lucro. "Entras en una dinámica donde puede acabar en absolución porque es difícil demostrar ese ánimo de lucro en una pérdida de la gestión del patrimonio público". Llinares ha apuntado que muchas veces ese beneficio personal no se recibe hasta mucho tiempo después con mecanismos como las "puertas giratorias".
Positivo el delito de enriquecimiento ilícito
El director de la Agencia Antifraude ha señalado que sí que es positiva la incorporación del delito de enriquecimiento ilícito, que en España no tenía ninguna reacción penal. Para Llinares no tenía demasiado sentido: "No es delito que a una persona la cojan con 4 millones de euros, no explica de dónde viene y no pasa nada".
El responsable de la agencia valenciana creada por el Botànic para combatir la corrupción ha puntualizado que se trata de una opinión que comparten otros directores de Agencias Antifraude y que espera que no prospere la modificación, porque sería "muy negativa".
Por su parte, el catedrático de Ciencia Política de la Universidad de Murcia que le ha acompañado en la presentación de la encuesta, Fernando Jiménez, ha rehusado dar su opinión sobre esta cuestión, si bien ha deslizado que si se le preguntara la ciudadanía, esta consideraría que la malversación sería corrupción, aunque no hubiera un beneficiado privado de la persona que ha tomado la decisión pública.
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También ha opinado el presidente de la Generalitat, Ximo Puig, que ha valorado que la reforma del delito de malversación es "el camino correcto" porque "parece que está garantizado" que "los corruptos no se pueden ver mejorados por esta situación".
En cuanto a la encuesta, realizada con más de 1.500 entrevistas y 400 de ellas en la Comunidad Valenciana, señala que los valencianos perciben a los políticos como los más corruptos (58,52%); seguidos de los empresarios (46,4%); de los funcionarios (37,8%) y de los ciudadanos (36,6%). Unas cifras que no distan de la percepción del resto de los ciudadanos españoles.
Percepción de quiénes son los más corruptos
A pesar de considerar que los políticos son los más corruptos y ante la pregunta de las razones por la que se votó a políticos corruptos, la mayoría ha respondido “porque los candidatos son del partido con el que simpatizas”. El resto de razones esgrimidas por orden de relevancia son “porque se han beneficiado de los favores del candidato y siente gratitud” y “porque consideran que todos los políticos son corruptos y por eso da igual a quién se vote”.
Por otro lado, también llama la atención que en el último año, a nivel nacional, para el 43,34% de la población la corrupción ni aumentó ni disminuyó. Sin embargo, el porcentaje de personas que creen que aumentó es del 43%, a diferencia del 13% que piensa que la corrupción disminuyó en mayor o menor medida.
¿Ha aumentado la corrupción en el último año?
Sobre la protección que reciben las personas denunciantes de corrupción en España la mayoría piensa que “proteger a las personas que denuncian la corrupción es una obligación para toda la sociedad” seguido por los “denunciantes de corrupción pueden ser objeto de múltiples represalias” y en tercer lugar y muy por debajo de las dos anteriores se encuentra que “los denunciantes de corrupción ya están suficientemente protegidos por la policía y los jueces”.