356 millones de euros para limitar la presión existente sobre el acuífero de Doñana, que se conseguiría cerrando pozos ilegales y sustituyendo el uso y consumo de las aguas subterráneas por aguas superficiales así como comprando fincas y derechos de agua (bajo la premisa de voluntariedad); para recuperar el equilibrio ambiental del Parque así como para reconectar la marisma con el Río Guadiamar y otros ejes de conectividad ecológica; para recuperar terrenos ocupados ilegalmente mediante deslindes y apostando por la renaturalización y defensa del terreno; y para paliar los problemas derivados de la contaminación de origen agrario y la falta de depuración en las poblaciones, entre otras medidas.
Éste es, grosso modo, el plan del Gobierno central (Marco de Actuaciones en Doñana) para ‘salvar’ el pulmón verde de Europa en uno de sus momentos más críticos. Un ideario presentado en Almonte, Huelva, por la ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, donde no hubo ni rastro de la presencia de alcaldes socialistas de la zona, tal y como adelanta ABC.
Lee tambiénEl Gobierno de Sánchez presenta un plan para salvar Doñana sin contar con el Ejecutivo andaluz
Ahora, se abre un periodo de estudio y análisis por parte de todos los actores en el que se pueden presentar propuestas de mejora. Por su parte, la Junta de Andalucía, a pesar de criticar la determinación de Madrid de no contar con el Gobierno autonómico para la elaboración del plan, “celebra” todas las medidas “que sean positivas para Doñana”, según ha declarado el viceconsejero de Sostenibilidad, Sergio Arjona, y anuncia que estudiará el texto para presentar ideas que lo mejoren.
Los alcaldes desplantan; los agricultores contraatacan
No tan receptivos se han mostrado los agricultores del Condado de Huelva. Ha sido el portavoz de la Plataforma en Defensa de los Regadíos del Condado, Julio Díaz, quien se ha mostrado muy crítico con la actitud del Gobierno central, a quien le ha exigido que “cumpla la ley” y “sus responsabilidades”. “Si todas las demandas de infraestructuras hidráulicas, legisladas y prometidas, estuviesen implementadas en el sistema, no estaríamos en la situación de estrés hídrico que estamos sufriendo en este momento”, ha comentado. El Condado “necesita soluciones y no confrontación”.
La gestión del agua en esta zona predominantemente agrícola sigue siendo un tema bastante incómodo para muchos, incluidos los ayuntamientos. Ésta podría ser la explicación a la ausencia de los alcaldes socialistas al evento, a excepción de los ediles de Almonte. Los líderes del PSOE en los municipios onubenses afectados no han querido salir en la foto en señal de protesta ante un plan que no ha contado con los agricultores del Condado.
Medidas a corto y medio plazo
El ‘Marco de Actuaciones para la restauración ecológica de Doñana’ tiene como finalidad revertir la situación de degradación ambiental en el que se encuentra en la actualidad, un deterioro procedente de la intensificación humana (agricultura intensiva, turismo masificado en la zona…) y los efectos del cambio climático. Para ello se contemplan medidas a corto y medio plazo en la gestión de recursos hídricos, la conservación y restauración de la biodiversidad del entorno, la gestión costera del dominio público marítimo-terrestre, y la recuperación socioambiental del territorio.
Doñana atraviesa una de las peores crisis de su historia por la sobreexplotación de su acuífero y los efectos del cambio climático.
De la cuantía total designada, 356 millones de euros, Ribera ha avanzado que el 33% del montante total (118 millones de euros) podrían estar en ejecución a lo largo del 2023, y parte de la base de que “mantener Doñana requiere poner límites a la presión humana”. “El desarrollo económico de la comarca debe ser compatible con la existencia de este entorno único”, ha comentado, generando dudas sobre cómo se va a llevar a cabo el plan si no finalizan las obras hidráulicas para los trasvases de agua que favorezcan el consumo de aguas superficiales, como solicitan tanto el equipo de Gobierno autonómico como los agricultores.
Principales actuaciones 1Limitar la presión sobre el acuífero: 8,7 millones para cerrar pozos ilegales, controlar las concesiones de agua y el seguimiento de cultivos en regadío y la guardería fluvial; 156,2 millones para disminuir las extracciones de las aguas subterráneas; 100 millones de euros para recuperar fincas y derechos de agua bajo la premisa de voluntariedad.
2Recuperación del entorno: reconectar la marisma con el río Guadiamar recuperando la dinámica natural del entorno y otros puntos de conectividad ecológica (20,7 millones) y llevar a cabo actuaciones de conservación sobre especies amenazadas (12,9 millones).
3Evitar la contaminación de origen agrario o por falta de depuradoras: 142,1 millones de euros para ampliar alguna Estación Depuradora de Aguas Residuales (EDAR de Matalascañas), construir dos nuevas (en Isla Mayor y Gerena) y reformar la de Lucena de Puerto.
El Marco de Actuaciones estará expuesto a información pública hasta el 15 de enero, algo que “nos permitirá enriquecer el conjunto de medidas”, ha indicado Ribera, dando por hecho que la Junta de Andalucía hará aportaciones “en breve” para “colaborar entre todos en la protección y conservación de Doñana”.
Ribera, muy crítica con la propuesta de ampliación de regadíos
La vicepresidenta Ribera, pronuncia un discurso durante la presentación del Marco de Actuaciones para Doñana en el teatro municipal de Almonte (Huelva).
Es una “barbaridad” que la proposición no de ley sobre la ordenación de las zonas de regadío de la corona forestal de Doñana, y que “decayó” ante la convocatoria de elecciones autonómicas, se haya vuelto a presentar, ha comentado la vicepresidenta tercera del Gobierno.
Lo cierto es que ha sido Vox, que fue junto al PP y Cs, artífice de la misma, quien ha vuelto a traer a la actualidad este asunto presentando la iniciativa en el Parlamento. Recordemos que los populares, con Juanma Moreno al frente, se comprometieron a retomar todos los proyectos que quedaron en standby por disolución de la Cámara una vez quedase constituido el nuevo gobierno, sin embargo, hasta ahora, esta propuesta había sido esquivada por el equipo de Gobierno. De hecho, ayer el consejero de Sostenibilidad y portavoz del Ejecutivo Andaluz, Fernández-Pacheco, admitía que no iban a presentar durante esta legislatura un proyecto de ley referente a este asunto.