Los Mossos d'Esquadra han detenido a tres personas, dos hombres de 76 y 42 años, y una mujer de 43 años, que supuestamente favorecían empadronamientos fraudulentos en Mollerussa.
La alerta la dio la Oficina de Atención a la Ciudadanía (OAC) de que detectó que en el último año se habían realizado contratos de alquiler de manera ilícita.
Las víctimas serían extranjeros vulnerables y con pocos recursos económicos a los que se habría estafado entre 300 y 400 euros por un contrato de alquiler ficticio y otros 400 euros para mantener el empadronamiento.
El intendente del ABP Pla d'Urgell-Garrigues, Roderic Moreno, ha explicado que los detenidos podrían estar realizando esta actividad desde 2015.
Tras recibir la alerta por parte de la OAC del Ayuntamiento de Mollerussa, agentes de la Unidad de Investigación de Mollerussa iniciaron una investigación que permitió constatar los hechos e identificar al supuesto autor, que contó con la colaboración de otras dos personas que hacían de intermediarias, perfectamente concordadas.
Su objetivo era facilitar el empadronamiento fraudulento de extranjeros vulnerables y con pocos recursos económicos que por necesidad se habrían visto abocados a esta red de estafas y falsificaciones.
Cantidades anormales de personas empadronadas en un domicilio
Según Moreno, desde la OAC empezaron a ver que se estaban empadronando cantidades “anormales” de personas en un mismo domicilio y lo asociaron a una práctica irregular.
Los detenidos pedían a las víctimas una cantidad de dinero que oscilaba entre los 300 y 400 euros, para hacer un contrato de alquiler ficticio y así facilitar el empadronamiento.
Además, también se les pedía 400 euros más año para mantener este empadronamiento.
Los Mossos calculan que en el último año habrían realizado unos 25 contratos fraudulentos con los que más de una cuarentena de personas habrían logrado regularizar su situación.
La investigación sigue abierta y no se descarta que los detenidos estén implicados en otros hechos similares.
Roderic Moreno ha remarcado la importancia de que los Ayuntamientos puedan detectar este tipo de estafas que afecte a personas vulnerables.
El hombre de 42 años y su esposa quedaron en libertad tras declarar ante los Mossos d'Esquadra, con la obligatoriedad de presentarse ante el juez cuando sean requeridos.
El otro detenido pasó el miércoles a disposición judicial ante el juzgado de instrucción en funciones de guardia de Lleida. están acusados de delitos de falsificación de documento público, contra los derechos de los trabajadores y contra los derechos de los ciudadanos extranjeros, estafa y usurpación del estado civil.