Ganaderos, sindicatos y representantes del Ayuntamiento de Alcarràs se han concentrado este martes para reclamar al gobierno español que prorrogue durante dos años las ayudas a la cogeneración de las plantas de tratamiento de purines que hayan vencido su período útil de 25 años.
Esta planta del Segrià es una de las que se verá abocada a cerrar si, finalmente, el 31 de diciembre pierde las primas que recibe por generar electricidad a partir del tratamiento de más de 100.000 metros cúbicos anuales de deyecciones porcinas de unos ochenta explotaciones .
Piden más tiempo para poder impulsar un proyecto que llevan dos años y medio tramitando y que prevé aprovechar el metano que emana de los purines para obtener biogás y culminar el paso hacia las energías renovables.
La concentración en las instalaciones de la planta Desimpacto de Purins de Alcarràs se ha producido antes de que el Congreso de los Diputados lleve a cabo el jueves la votación de una enmienda sobre la prórroga de la gestión de los purines, que de momento no cuenta con el apoyo del PSOE y Sumar, pero sí de ERC, Junts y el PP, según ha explicado el jefe de la sectorial del porcino de JARC, Jordi Siscart. La votación definitiva debería producirse el 19 de diciembre.
Unas 85 familias llevan a los purines a la planta de Alcarràs. Una instalación que, junto con otra planta de Les Masies de Voltregà, en Osona, llegan ahora a los 25 años de vida útil y tendrán que cerrar el 31 de diciembre si no hay cambios legislativos. Precisamente, Segrià y Osona son dos de las zonas con mayor concentración de porcino de Europa y el sector avisa de que, sin una prórroga, el coste de la gestión de los purines para los afectados se duplicaría.
La presidenta de la SAT gestora de purines de Alcarràs, Patrícia Ormo, ha insistido en reclamar “una prórroga para poder realizar la transición hacia el biogás” y ha recordado que ellos tienen “el trabajo realizado”, con proyectos presentados hace más de dos años y que no han prosperado todavía por cuestiones burocráticas. “Lo único que pedimos es que el gobierno nos acompañe para poder realizar esta transición y no tener que detener las plantas”, ha pedido.
Beneficio es cada vez más corto
Los responsables de la planta creen que antes de dos años podrían tener ya en marcha las instalaciones renovadas y podrían producir biogás. En caso de que no se les conceda una prórroga, Ormo avisa de consecuencias negativas para las familias ganaderas. “Lo podríamos resolver, pero a un precio bastante alto. Somos familias, sector primario, cada vez tenemos más exigencias y todo esto encarece nuestro trabajo. Nuestro beneficio es cada vez más corto”, ha lamentado.
En la misma línea, el jefe de la sectorial del porcino de JARC, Jordi Siscart, ha explicado que podrían “colocar” a los purines en la planta de biogás de Alcarràs Bioproductors SAT, que lleva unos años funcionando, pero también ha alertado de un incremento de costes. Asimismo, recordó que el sector ganadero sería uno de los que tendría “problemas” con la firma del acuerdo de libre comercio entre la UE y el Mercosur, si no se aplican las llamadas cláusulas espejo a las importaciones.
Desde la Unió de Pagesos, el miembro de la ejecutiva en Lleida Jordi Jové ha apelado a la necesidad de conservar unas instalaciones que “no generan molestia en el territorio” y que pueden convertir las deyecciones en electricidad, energía térmica o gas. Eso sí, Jové ha insistido en que la reclamación de una prórroga es para aquellas plantas que quieran reconvertirse.
Concentración de ganaderos y representantes de sindicatos y Ayuntamiento de Alcarràs.
Por su parte, Enrique Denamiel, representante de la Asociación para el Desimpacto Ambiental de Purins (ADAP), ha explicado que la renovación de las plantas permite “atacar a los dos factores más contaminantes que pueden tener los purines, la desnitrificación y la captura de carbono”. Este nuevo modelo económico y tecnológico, aseguró, permitiría ampliar la cabaña porcina “de forma sostenible en el tiempo”.
Presión del sector ganadero
El 22 de noviembre varias organizaciones agrarias se dirigieron por carta a los ministros Luis Planas y Sara Aagesen para denunciar que la extinción de las primas hará imposible la viabilidad económica de estas dos plantas de purines catalanas y que esto afectaría directamente a las granjas asociadas. Las organizaciones también han mantenido contactos con el conseller Òscar Ordeig y con el presidente Salvador Illa.
El sector recuerda que 24 plantas de cogeneración de purines de todo el Estado se verán abocadas al cierre en los próximos años, una vez superen los 25 años de vida útil.
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