Palafrugell no permitirá la construcción de piscinas de uso particular que superen el metro y medio de profundidad, los 100 metros cúbicos de agua y los 75 metros cuadrados de superficie máxima. Es una de las limitaciones que incluye la nueva ordenanza municipal de ahorro de agua, que el Ayuntamiento ha aprobado de forma inicial y que busca dotar de sistemas que permitan reducir los consumos hídricos del municipio. Una localidad, cuyos consumos medios (203 litros por habitante y día) están por debajo de la media de otras que se abastecen de la unidad de embalses del Ter, según datos de la Agència Catalana de l’Aigua (ACA).
Con una media de cinco piscinas por cada 100 habitantes (Begur tiene 42 por cada 100), de las cuales la mitad se ubican en los núcleos de Llafranc, Tamariu y Calella, el Ayuntamiento de Palafrugell pone el foco en las piscinas para minimizar consumos. A pesar de que desde la patronal del sector advierten que el gasto de agua de las piscinas es mínimo y supone en España el 0’5% del total de agua suministrada, el Ayuntamiento advierte que con la nueva ordenanza se quiere lograr un “uso más racional y esencial del agua” en un momento en qué el “cambio climático ha venido para quedarse”, según explica la alcaldesa de Palafrugell, Laura Millán (PSC).
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En las que superen los 100 m2, sus dueños tienen cinco años para rehacerlas y adaptarse a la normativa vigente
Los nuevos límites de profundidad, superficie y volumen afectarán a las albercas particulares de nueva construcción y a las reformas de los vasos de piscinas ya existentes. En las comunidades de vecinos se admitirá incrementar la capacidad en 10 m3por cada vivienda que supere las ocho, manteniendo eso sí la profundidad máxima de 1’50 metros. Fuentes consultadas del sector explican que la mayoría de piscinas existentes están dentro de ese límite. “Años atrás había la tendencia de hacerlas muy profundas, con trampolín, pero ahora se está reduciendo a unos valores de 1’5 o 1’6 metros, la gente quiere la piscina para bañarse y jugar y las zonas más profundas no se suelen aprovechar”, explica Cristina López, de Piscinas Vilabertran. En cuanto a la superficie máxima de 75 m2(10 x 7’5 m), explica que un “tamaño considerable”.
La nueva ordenanza, en periodo de exposición pública, obliga a aquellos que tengan piscinas de más de 100 m2a adaptarse a la norma en un plazo de cinco años desde la entrada en vigor. La previsión es que pueda aprobarse de forma definitiva durante este primer trimestre. En su aprobación inicial, la propuesta recibió el respaldo del equipo de gobierno (PSC y Som Gent del Poble) así como de ERC y En Comú Podem.
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La aprobación definitiva de esta ordenanza permitirá levantar la suspensión de licencias de obras para la construcción y reformas de piscinas que se aprobó el pasado mes de febrero, en pleno estado de emergencia por sequía, cuando los pantanos del sistema Ter-Llobregat estaban por debajo del 16% de capacidad. Si se toma como referencia la media de piscinas construidas a partir de 2020 se habrían dejado de construir unas 50 piscinas durante el año en que la moratoria ha sido vigente. Durante este periodo, el Consistorio abrió once expedientes sancionadores por incumplir la normativa que impedía rellenar los vasos.
La Associació Española de Profesionales del Sector Piscinas (Asofap) lamenta que no se haya consultado a la patronal sobre la norma. “Para hacer leyes correctas es imprescindible saber antes la situación y opciones de mercado que afecta, la experiencia dice que no hacerlo genera problemas de implementación”, dice Agustí Ferrer, director general de Asofap. Ve “razonable” la optimización de consumos, pero cree que la limitación del tamaño perjudicará la economía de aquellas familias que deban afrontar una remodelación.
Aireadores de grifos y menos presión del agua
La ordenanza incluye también mecanismos de reaprovechamiento de aguas grises y pluviales en espacios verdes y la depuración del agua de bañeras y duchas para rellenar la cisternas de los váteres en nuevas construcciones. También obliga a la instalación de reductores de presión en edificaciones nuevas, aireadores en grifos y duchas para reducir los consumos, temporizadores en grifos de uso público y a utilizar elementos permeables como grava, arena o materiales cerámicos porosos en todas las actuaciones de urbanización para favorecer la infiltración del agua. El incumplimiento de la ordenanza comportará multas entre 100 y 3.000 euros.