El director general de Migracions, Refugi i Antiracisme, David Moya, considera necesaria la participación de la Generalitat en la gestión del programa estatal de acogida para los solicitantes de protección internacional. Moya indica que la implicación de Catalunya es básica para poder encarrilar una mejor integración del colectivo de personas refugiadas.
Moya, que asumió el cargo el pasado mes de septiembre, explica que ya ha mantenido los primeros contactos con el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, además de con la Delegación del Gobierno en Catalunya, para plantearles una mayor colaboración en este ámbito. “Este es un modelo centralizado en el que el Estado delega en entidades la responsabilidad de cada dispositivo de acogida; ahora nosotros somos convidados de piedra y deberíamos encontrar espacios de coordinación”, añade. Aunque las conversaciones están en una fase muy inicial, el responsable de Migracions defiende que la implicación de la Generalitat, y también de las administraciones locales, supondría una distribución territorial “más equilibrada” de centros para demandantes de asilo. “Ahora se concentran más en municipios del litoral que en el interior de Catalunya, por eso nos gustaría ser escuchados y que junto con las entidades sociales y los ayuntamientos pudiéramos acompañarlos y hacer un seguimiento una vez salen del programa estatal”, detalla.
David Moya: “Ahora somos convidados de piedra, deberíamos encontrar espacios de coordinación”
Durante el 2023, Catalunya contabilizó 14.775 solicitudes de protección internacional, casi un 30% más que las presentadas el año anterior. A nivel estatal, España se situó como el tercer país de la Unión Europea con más peticiones, un total de 163.220. Entre enero y el pasado 31 de julio, se registraron 140.652, un 2% más que en el mismo periodo del 2023, de las cuales 10.551 en la provincia de Barcelona, según datos facilitados por Acnur. Los principales países de origen son Venezuela, Colombia, Perú, Senegal y Mali.
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Una crónica asignatura pendiente es solucionar el colapso de las citas en la Policía Nacional para que los ciudadanos que optan al asilo puedan iniciar los trámites. Un reciente dato del Servei d’Atenció a Immigrants, Emigrants i Refugiats (Saier) de Barcelona indica que solo el 47% de las personas que atendieron entre enero y junio había obtenido cita en la policía frente al 72% del mismo periodo del 2023. No es hasta que se formaliza la demanda que quedan registrados como peticionarios de protección internacional y, si carecen de recursos, tienen derecho a acceder al programa de acogida. Moya señala que en Catalunya los centros que alojan a los solicitantes de asilo disponen de unas 4.300 plazas residenciales, según las últimas cifras del Ministerio de Inclusión.
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En referencia a la reciente aprobación por parte del Consejo de Ministros de la modificación del reglamento de Extranjería, que podría regularizar a unas 900.000 personas sin papeles en tres años a partir de su entrada en vigor, a mediados del 2025, Moya apunta que iniciarán un análisis para determinar el impacto de esta nueva norma en Catalunya. La Generalitat estima que actualmente habría entre 170.00 y 190.000 hombres y mujeres en situación administrativa irregular y que anualmente obtienen los papeles alrededor de 30.000.
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