Los VTC contraatacan y mantienen viva la guerra del taxi
Ofensiva legal contra el decreto
Las empresas del sector llevarán las restricciones de su actividad a los tribunales
Vuelta a la normalidad. Después de seis días de ocupación por los taxis, el tráfico en Granvia-Paseo de Gràcia volvió a ser el habitual
Todo aquel que alguna vez haya facilitado su dirección de correo electrónico a Uber recibió ayer un mensaje de la compañía que le invita a sumarse a una recogida de firmas virtual a fin de que la Generalitat recule y evite la desaparición del sector de los VTC en Catalunya. “Si el Govern aprueba las restricciones anunciadas, el servicio UberX no será viable en Barcelona”, dice el correo de Uber. “¿Nuestra propuesta? –sigue–. Una ciudad en la que convivan todas las alternativas de movilidad y seas tú el que elija libremente”. A las pocas horas esta petición abierta en la plataforma change.org ya sumaba más de 60.000 firmas. Además, centenares de conductores continúan apostados en la Diagonal. Dicen que no quieren perder sus empleos y planean celebrar una gran protesta mañana.
Porque ni Uber ni Cabify ni las empresas de alquiler de coches con conductor que trabajan con sus aplicaciones están dispuestas a desaparecer de un plumazo. La suspensión de la huelga indefinida de los taxistas no supone el fin del conflicto. La guerra perdurará, y lo hará en los despachos y los tribunales. Eduardo Martín, presidente de Unauto, la patronal de estas empresas, anunció ayer que el sector emprenderá una intensa ofensiva legal contra la Generalitat. Unauto exige al Govern que detenga de inmediato la tramitación del decreto ley que prevé que estas compañías hayan de concertar sus servicios con al menos 15 minutos de antelación. También pide la dimisión del conseller de Territori, Damià Calvet.
Uber inicia una campaña de apoyo ciudadano para evitar su marcha de Catalunya
“Están destruyendo 4.000 empleos”, sentenció José María Goñi, responsable de la patronal de los VTC en Catalunya. Y luego Martín advirtió al president Torra y al conseller Calvet que la aprobación del decreto ley que restringirá su actividad puede comportar “responsabilidades personales, tanto administrativas como penales”. “Están legislando en contra de la legalidad vigente y de los intereses generales”, agregó. El sector exigirá a la Generalitat más de mil millones de euros en indemnizaciones. “Las medidas previstas constituyen una confiscación de bienes y una gravísima vulneración del Estado de derecho tipificado en el articulo 541 del Código Penal”.
Las sombras también se proyectan sobre el reglamento que ya tiene a punto el Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) con el objetivo de ampliar a una hora el periodo de precontratación de 15 minutos que a todas luces aprobará la Generalitat este martes y entrará en vigor el miércoles. Los taxistas pusieron fin a los seis días de huelga porque el AMB se comprometió a ello pero una de las razones por las que la votación con urnas que puso fin a su huelga resultó tremendamente ajustada es que muchos aún dudan de la robustez jurídica del futuro reglamento metropolitano. Los cambios conseguidos en el decreto ley tras la intensa negociación a tres bandas entre taxistas, Govern y AMB habilita a los entes locales y supramunicipales a ampliar el tiempo de precontratación pero como la propia Ada Colau reconoció el miércoles: “Todo es susceptible de acabar en los tribunales”.
Los conductores de las apps siguen aparcados en la Diagonal y planean una gran protesta
La verdad es que ninguna institución quiere ser la última responsable de esta regulación y recibir la multimillonaria reclamación con la que amenazan las empresas de alquiler de coches con conductor. Los responsables de Unauto recordaron ayer que la Autoritat Catalana de la Compètencia (ACCO), un organismo independiente de la Generalitat destinado a velar por la libre competencia, ya anunció su disposición a recurrir el decreto ley del Govern porque supone un perjuicio para los consumidores.
En este sentido, ayer mismo, su homólogo estatal, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), emitió un comunicado en el que advierte a comunidades autónomas y entes locales de que han de revisar sus regulaciones para que sean realmente beneficiosas para los ciudadanos. La CNMC no critica directamente las medidas que está elaborando el Govern, pero sí cuestiona en un reciente informe el real decreto que el Gobierno central aprobó en septiembre a fin de facultar a las comunidades autónomas para que elaboren medidas como las que ahora se están llevando a término en Catalunya.
Competencia cuestiona la robustez jurídica de las restricciones a los VTC
La institución subraya que las últimas reformas legales están reduciendo la competencia entre taxis y VTC, una circunstancia que no hará otra cosa que perjudicar al fin y al cabo a los consumidores. “Se recomienda adoptar un enfoque regulatorio global sobre la actividad de taxis y VTC y aplicar principios de buena regulación económica”, concluye el informe de la CNMC. La institución también recomienda a las administraciones flexibilizar la regulación del taxi, revisar las restricciones al número de licencias de taxis y de VTC y permitir a los VTC prestar sus servicios en varias comunidades autónomas.
Pérdidas del 50% en el comercio y la restauración
Comerciantes y restauradores de Barcelona aseguraron ayer que los seis días de protestas de los taxistas les comportaron pérdidas de entre un 30 y un 50 por ciento. Barcelona Oberta, entidad que agrupa los principales ejes comerciales de la ciudad, criticó con dureza la gestión del conflicto realizada por las administraciones. “Actuaron con retraso y poca previsión –detalló la entidad en un comunicado–, dejando que explotara un conflicto que perturbó en exceso la vida cotidiana de los barceloneses y permitiendo que fuera mucho más allá de lo razonable”. Buena parte del tejido productivo de la ciudad entiende que los huelguistas disfrutaron de un exceso de impunidad. “Es inadmisible usar el centro de Barcelona como instrumento de chantaje”. En muchas de sus protestas los taxistas camparon a sus anchas, cortaron las calles que quisieron y alteraron la vida cotidiana de miles de ciudadanos sin que apenas intervinieran ni los Mossos d’Esquadra ni la Guardia Urbana. Además, los comerciantes lamentan la degradación de la imagen de urbe. “Barcelona está emitiendo un mensaje contradictorio porque se supone que apuesta por ser ciudad puntera en tecnología pero luego cierra el paso a la innovación en movilidad”.