El conflicto entre los taxistas y los conductores de vehículos de alquiler con conductor, los denominados VTC, ha rebrotado este viernes en Barcelona, donde el taxi ha vuelto a la huelga en protesta por la normativa que ultima el Govern para regular el sector del transporte de viajeros.
Ni unos ni otros ven con buenos ojos el decreto ley que promueve la Generalitat y que establece, entre otras medidas, la obligación de contratar los servicios empresas como Uber o Cabify con una antelación mínima de quince minutos.
Mientras Unauto, la patronal de los VTC, ha amenazado con llevar la normativa a los tribunales, los taxistas han decidido ir a la huelga indefinida y han ocupado con sus coches el centro de Barcelona, como ya hicieron el pasado verano.
Estas son las claves del conflicto:
¿Por qué han vuelto a la huelga los taxistas de Barcelona?
La asociación más representativa del colectivo de taxistas en Barcelona, Élite Taxi, ha convocado una huelga indefinida en protesta por el decreto ley que ultima el gobierno catalán para regular el sector de los VTC y una concentración en la Gran Vía para colapsar el centro de la ciudad.
¿Cuándo convocaron la última huelga?
La última movilización se produjo a finales de julio, cuando los taxistas ocuparon un tramo de la Gran Vía de Barcelona desde el 25 de julio al 1 de agosto en protesta por la decisión del TSJC de mantener en suspenso un reglamento del Área Metropolitana de Barcelona (AMB) que restringía la actividad de las aplicaciones Uber y Cabify.
¿Qué propone ahora el gobierno catalán?
El Govern ha comunicado a los taxistas que en las próximas semanas aprobará un decreto cuyo punto más destacado es que deberán pasar al menos 15 minutos entre que se contrata un VTC y se presta dicho servicio.
El ejecutivo catalán hace esa propuesta de ‘precontratación’ porque entiende que puede tener encaje legal, y argumenta que ampliar ese intervalo mínimo a varias horas, como piden los taxistas, podría hacer que quedara invalidado.
¿Qué otras novedades aporta el decreto?
El texto que ha presentado el conseller de Territorio, Damià Calvet, plantea que cuando un usuario use un Uber o Cabify la geolocalización de la aplicación no estará de entrada activa, de forma que sólo podrá ver si el vehículo está en camino una vez lo haya contratado.
Además, una vez que los VTC hayan prestado su servicio deberán permanecer estacionados en algún aparcamiento o garaje, a excepción de que ya tuvieran precontratado otro servicio.
¿Qué reclaman los taxistas barceloneses?
Los taxistas exigen un tiempo de precontratación de al menos seis horas y que los VTC tengan la obligación de regresar a una base antes de hacerse cargo de un nuevo servicio.
¿Cuál es la postura de los VTC?
Unauto, la patronal del negocio de vehículos de transporte con conductor, ya ha anunciado que recurrirá ante la justicia la decisión del Govern y ha advertido que su aprobación “significaría el fin del sector”, que sólo en Catalunya da empleo a más de 3.000 personas.
¿Qué derivada judicial puede tener el conflicto?
Antes de conocer la propuesta de la Generalitat, el sector del taxi anunció una demanda civil y una querella criminal para frenar a Uber y Cabify, así como una demanda por daños patrimoniales contra la administración central por no frenar a los VTC que podría derivar, según este sector, en indemnizaciones millonarias para los taxistas.
Por su parte, Unauto, ha advertido a la Generalitat de que se puede enfrentar a indemnizaciones de más de 1.000 millones de euros si aprobara definitivamente esta medida.
¿Qué dice la Autoridad Catalana de la Competencia?
Aunque este ente no se ha pronunciado por el momento sobre la última propuesta de la Generalitat, ya advirtió de que imponer un período de precontratación de un VTC de seis horas sería discriminatorio y restrictivo de la competencia.
¿Cuál es la postura del Área Metropolitana de Barcelona?
Este ente, que agrupa a los ayuntamientos del área metropolitana de Barcelona y que preside la alcaldesa Ada Colau, ve insuficiente la propuesta del Govern y considera que el ejecutivo catalán trata de traspasarle la responsabilidad del conflicto.
Y es que el conseller Damià Calvet ha asegurado que el decreto da margen para que, en un reglamento posterior, el AMB pueda ampliar más allá de los 15 minutos el período mínimo para contratar un Uber o un Cabify.
¿Qué solución puede tener el conflicto?
A pesar de que el Gobierno de Pedro Sánchez consiguió una tregua con el sector del taxi al aprobar en septiembre un decreto que cedía las competencias sobre las licencias VTC a las comunidades, la ‘patata caliente’ está ahora en las comunidades, que tratan de estudiar cómo hacer compatible la convivencia entre taxis y VTC.
La vía de solución al conflicto es, por tanto, incierta, ya que ni VTC ni el sector del taxi avalan la propuesta del Govern.