El Govern de Francina Armengol ha solicitado el archivo de la causa abierta contra la directora general de Salut Pública de Baleares, Maria Antònia Font, por su decisión de ordenar el confinamiento forzoso de los jóvenes que se encontraban de viaje de estudios en Mallorca el pasado mes de junio. Los estudiantes provocaron un macrobrote de Covid que se extendió por varias comunidades autónomas y que afectó de forma directa a más de 2.000 personas.
Algunos padres de los más de 300 jóvenes afectados por el confinamiento forzoso denunciaron a la directora general, que debía acudir a principios de septiembre a los juzgados en calidad de investigada por un posible delito de prevaricación y detención ilegal. La declaración estaba fijada para principios de este mes, pero finalmente quedó aplazada sin fecha.
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La Abogacía de la comunidad autónoma ha presentado un escrito en el que solicita el archivo de la causa. Para ello se basa en la reciente sentencia del Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears (TSJIB) que determina que el confinamiento forzoso fue ajustado a derecho, proporcional y necesario por razones de salud pública. El TSJIB enmendó la plana a un juez que consideró que la medida restrictiva no era legal y, en consecuencia, permitió la salida de los jóvenes del hotel donde estaban confinados pese a que muchos de ellos siguieron dando positivo días después.
El Govern de Ftancina Armengol se vio obligado a contratar un barco para que los jóvenes confinados en Palma llegaran a Valencia, desde donde viajaron en distintos autobuses a sus comunidades de origen. Solo una minoría de los estudiantes decidió permanecer el hotel covid de Palma hasta completar la cuarentena, como recomendaban los servicios médicos y sanitarios.
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El macrobrote se originó en una serie de fiestas organizadas por los jóvenes durante sus vacaciones de viaje de estudios. Hubo conciertos, fiestas en barcos y botellones en la zona de la playa junto a los hoteles donde estaban alojados. El Govern balear abrió varios expedientes para determinar la responsabilidad de los propietarios de los alojamientos turísticos y llegó a proponer una sanción de 200.000 euros contra el organizador de un concierto de reggaeton en la plaza de toros de Palma, donde no se cumplió ninguna de las normas de seguridad fijadas en aquel momento pese a que había más de mil personas.