Los republicanos declaran la guerra total a Biden

Después de tres días de ambigüedades, el Partido Republicano ha roto su silencio y ha salido en bloque en apoyo de Donald Trump y sus acusaciones de fraude electoral contra el demócrata Joe Biden.

“No nos pongamos a sermonear” al presidente Trump sobre qué debe o no hacer en esta situación, dijo el líder republicano en el Senado, Mitch McConnell. “Nada de sermones sobre cómo el presidente debería aceptar de inmediato y con alegría los resultados electorales preliminares viniendo de los mismos personajes que se han pasado los últimos cuatro años negándose a aceptar la validez de las últimas elecciones”.

La reacción de McConnell va en sentido contrario que la felicitación a Biden expresada por el expresidente George Bush el domingo, seguida solo por varios senadores y gobernadores del ala moderada del partido. El líder republicano en el Senado se abstuvo de felicitar al demócrata pero también de comentar el resultado preliminar, que convirtió en ganador matemático de las elecciones a Biden el sábado al mediodía gracias a su victoria en Pensilvania y Nevada. “El presidente Trump está al 100% en su derecho de examinar las acusaciones de irregularidades y sopesar sus opciones legales”, defendió el senador durante una sesión de la Cámara Alta.

La campaña de Trump ha emprendido recursos legales en estos y otros estados con el objetivo de impugnar los resultados pero por el momento ninguno ha tenido recorrido y todos los expertos coinciden en que tienen pocos visos de prosperar. Trump ya había avisado antes de las elecciones de que no aceptaría una derrota, lo que tampoco contribuye a dar credibilidad a sus alegaciones. En uno de los casos las pruebas eran tan débiles como una nota escrita en un post-it por un supuesto observador electoral no identificado.

Los esfuerzos de los abogados del presidente, que está insistentemente pidiendo donaciones a sus simpatizantes para financiar la batalla legal, se han visto reforzados por una ofensiva conjunta anunciada ayer por los fiscales generales de estados republicanos, que han pedido al Tribunal Supremo que vuelva sobre la sentencia de septiembre que avaló la ley estatal de Pensilvania que permite computar votos recibidos hasta tres días después de las elecciones peor dejó abierta la posibilidad de reexaminar el caso. Las autoridades de este estado, donde Biden ha obtenido unos 45.000 votos más que Trump, afirman que el volumen de papeletas recibidas dentro de ese plazo fue muy limitado y no tiene capacidad para alterar el resultado.

En una muestra más de la instrumentalización del Departamento de Justicia que ha definido a la era Trump, el fiscal general William Barr instruyó ayer a sus fiscales para que investiguen cualquier sospecha de “irregularidades en el cómputo de votos” antes de que los estados certifiquen los resultados. La reacción del director de delitos electorales, Richard Pilger, fue presentar su dimisión. EE.UU. es un país federal y la práctica habitual del ministerio durante los últimos 40 años era hasta ahora no intervenir hasta que no se han certificado los resultados. “Tras familiarizarme con la nueva política y sus consecuencias y de acuerdo con la mejor tradición del premio John C. Keeney a la integridad y el profesionalismo, mi más preciado galardón, debo desgraciadamente dimitir de mi cargo”, anunció en un mensaje a sus colegas.

Barr no ha justificado su decisión porque haya ninguna prueba de fraude sistemático o a gran escala (los propios abogados de Trump solo han presentado rumores o evidencias anecdóticas fruto de errores humanos o administrativos). “No hay ninguna justificación para que haga esto”, ha declarado Matthew Miller, exportavoz del Departamento durante la Administración Obama. “En el mejor de los casos Barr ha hecho esto para calmar a Trump y dar credibilidad a sus acusaciones de fraude. En el peor de los casos, el Departamento de Justicia está dispuesto a intervenir de algún modo para inclinar las elecciones a favor del presidente. Ninguna de estas opciones es buena pero una es mucho peor que la otra”.

Por último, el equipo de campaña del presidente convocó anoche una rueda de prensa en la que volvió a acusar a los demócratas de robarle las elecciones sin presentar prueba alguna de sus alegaciones, lo que llevó a la cadena Fox News a interrumpir de repente la retransmisión alegando que no podían “en buena conciencia” permitirles seguir difundiendo bulos (sus comentaristas de la noche siguen sin embargo entregados a la causa). Al margen de los méritos jurídicos de las denuncias, los republicanos están construyendo una peligrosa narrativa de que minará la confianza de millones de estadounidenses en la legitimidad de las elecciones.

Para dar la vuelta al marcador, Trump debería conseguir que los jueces anularan los resultados no en un estado sino en dos, algo poco probable

La incapacidad de Trump de presentar pruebas concretas y sólidas del supuesto fraude irrita sin embargo a algunos republicanos. “Muestra las pruebas. Porque si no puedes mostrarlas no puedes hacer esto. No podemos respaldarlo ciegamente sin evidencias”, dijo anteanoche al presidente desde la NBC el exgobernador Chris Christie, que ha trabajado como asesor para el presidente. Algunas fuentes relacionan la reacción de McConnell con la repetición de las elecciones al Senado en Georgia el 5 de enero y su interés por mantener movilizadas a las bases republicanas.

El estado sureño se encuentra en el ojo del huracán por ser uno de los estados que ha contribuido a la victoria de Joe Biden, en este caso por un margen de 11.419 votos, pero su relevancia va más allá: Georgia se convertirá el 5 de enero en una suerte de ‘segunda vuelta’ de las elecciones presidenciales. Ninguno de los candidatos a sus dos escaños en el Senado federal ha alcanzado el umbral del 50% de los votos, por lo que las elecciones deberán repetirse.

Son dos escaños de oro: si los demócratas consiguen hacerse con los dos, igualarían a los republicanos. La Constitución prevé que en caso de un empate a 50-50 es el vicepresidente, la vicepresidenta Kamala Harris en este caso, quien tiene el voto decisivo. Tener una mayoría demócrata en esta cámara facilitaría enormemente la tarea de Joe Biden y dejaría a los republicanos fuera de juego. Los partidos no van a escatimar esfuerzos ni recursos por hacerse con estos escaños.

La combinación de todas estas situaciones ha provocado tensiones dentro del partido conservador: dos senadores republicanos han exigido la dimisión del secretario de Estado de Georgia y responsable de la organización de las elecciones, Brad Raffensperger, también republicano. “Eso no va a ocurrir. Los votantes de Georgia me eligieron y los votantes de Georgia me despedirán”, replicó indignado ante las acusaciones de los senadores Kelly Loeffler y David Perdue.

Los jueces rechazaron el jueves el recurso presentado por los letrados de Trump y las autoridades de Georgia sostienen que si bien están revisando todas las posibles papeletas emitidas de forma ilegal, no han visto “ningún indicio de fraude sistemático” y descarta que el recuento --que deben hacer por ley debido al igualado resultado-- mueva una cifra suficiente de papeletas como para revertir la victoria de Biden. Para dar la vuelta al marcador, Trump debería conseguir que los jueces anularan los resultados no en un estado sino en dos, algo poco probable. Biden observa con tranquilidad todas estas maniobras y tiene la mirada puesta en los preparativos para su toma de posesión y el lanzamiento de una estrategia nacional contra la Covid-19.